El Gobierno pone bajo la lupa más de diez obras de los involucrados
El Ejecutivo analiza suspender a las
PATRICIA VALLI Las empresas implicadas en las supuestas coimas en base al testimonio de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, siguen siendo contratistas del Estado, algunas con obras adjudicadas en la gestión de Mauricio Macri.
El Gobierno puso la mira sobre más de diez de esos contratos aunque desde los Ministerios de Interior y Transporte aclaran que esperarán a la Justicia. La sanción les impediría participar de futuras licitaciones, aunque podrían terminar las obras en curso.
Desde el sector privado marcan que al estar investigadas, las empresas podrían tener problemas para cumplir con los acuerdos e incluso generarle un costo extra al Estado. “Los bancos miran los registros judiciales. Y con una causa encima se complica conseguir crédito”, explicó un empresario de la construcción.
Desde el Estado, las variantes para poder rescindir el contrato son tres. La primera es rescindir el contrato por culpa de la empresa. Es el ejemplo de la obra de Río Turbio, donde el Gobierno le quitó la concesión a Isolux Corsán, una de las firmas que aparecen en los cuadernos, por incumplimiento.
La segunda vía es la condena judicial. En ese caso se sanciona y suspende del registro. Es el caso de Odebrecht, suspendida por un año y que “seguro tendrá como mínimo un año más”, según indican en el Gobierno.
La alternativa más directa es que un funcionario público del Ejecutivo denuncie directamente a una contratista. “En estos casos, en donde hay procesamiento, tenemos que esperar la condena judicial para tomar cartas en el asunto”, marcaron desde el oficialismo. Las multinacionales asociadas también empezaron las investigaciones conocidas como “due diligence” que deberán presentar a los reguladores.
En la mira. Hay obras bajo la órbita de Energía, como las represas de Santa Cruz donde participa Electroingeniería. Son la s ex Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, hoy Cóndor Cliff y La Barrancosa, sobre las que trascendió que el Ejecutivo espera que sea la socia china, Gezhouba, la que ponga fin a la participación de la empresa de Gerardo Ferreyra.
En octubre de 2017 el Grupo Albanesi fue adjudicado con tres proyectos de cogeneración en Santa Fe, Córdoba y Ezeiza. A mediados de 2016 Cammesa le concedió los proyectos de Timbúes, una nueva termoeléctrica en Ezeiza y una ampliación en Tucumán. También tiene en curso Central Terminal Roca, en Rio Negro.
BTU SA es contratista de obras ferroviarias para el Belgrano Norte, entre otras. No tiene nuevos contratos desde 2015 aunque participó de las
participan de sectores sensibles: energía, vial
licitaciones por PPP.
Entre los prófugos están Francisco Valenti, ejecutivo del Grupo Pescarmona y Oscar Thomas, ex director del Ente Binacional Yacyretá. Los negocios entre los dos organismos continuaron después del kirchnerismo: en 2017 se adjudicó a Impsa la reparación de turbinas en Yacyretá. En el medio la empresa reestructuró su deuda, con Mauricio Macri como uno de los facilitadores. Impacto. En la construcción “hay muchos empresarios preocupados por como avance este tema”. Temen que el Gobierno use el escándalo para justificar recor tes de obras. Y prevén que habrá más implicados a medida que la Justicia avance en el análisis de la conformación de algunas UTE (las uniones transitorias de empresas).
“No es solo la empresa pr incipal adjudicatar ia de una obra pública sino quienes fueron la empresas subcontratistas en esos emprendimientos”, indicó una fuente.