Colombia: Uribe a la CIDH para frenar la investigación de la Corte
La Justicia de su país lo citó a indagatoria por los delitos de fraude procesal y soborno. Lo acusan de vínculos con los paramilitares.
Acusado de fraude procesal y soborno, el ex presidente colombiano Alvaro Uribe solicitó ayer medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que se le abriera una investigación penal por esos delitos, que se remontan a 2012. Ahora, será citado el 3 de septiembre en el alto tribunal para rendir indagatoria.
El recurso busca “que se obre en estricto cumplimiento del principio de legalidad e imperio de la ley, aplicando la norma. Esto es, que quienes desarrollen las actuaciones sean competentes, independientes e imparciales”, indicó la firma de abogados que representa al ex mandatario en un comunicado fechado en Washington. Además, “que se permita en condiciones de igualdad acceder a la doble instancia, interrogar testigos, conocer las pruebas oportunamente y se garantice el derecho a defenderse”.
El hecho. En 2012, Uribe presentó una denuncia contra el legislador opositor Iván Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot con testigos falsos para intentar involucrarlo en actividades criminales de los grupos de ultraderecha que combatieron por décadas a las guerrillas izquierdistas.
En un insospechado giro, la Justicia no solo se abstuvo de procesar a Cepeda, sino que abrió en marzo una investigación previa contra el ex mandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra el opositor, como sugieren interceptaciones telefónicas.
El ahora senador asegura que se trata de una persecución política y mediática en su contra. La ley sanciona con penas de hasta ocho años de prisión los delitos por los que será indagado el ex presidente, el político más influyente de este siglo en Colombia y quien, a través de Iván Duque, logró recuperar el poder para la derecha más crítica del proceso de paz con la disuelta guerrilla FARC.
Supuesta renuncia. Tras la apertura de la investigación, Uribe renunció a su puesto en el Senado, adonde llegó con la mayor votación de las legislativas de marzo, pero luego reculó. De haberse concretado su renuncia, la investigación habría sido eventualmente asumida por la Justicia ordinaria, donde –a juicio de los críticos– el ex mandatario tendría más opciones de presionar a favor de su defensa.
El documento de defensa de Uribe dice, además: “Pedimos se adopten las medidas necesarias para preservar el derecho a la defensa que asiste a los apoderados, adoptando las medidas necesarias para asegurar que los abogados puedan desarrollar sus actividades como defensores”.
En otra parte de la solicitud, los abogados de Uribe manifiestan que las labores investigativas se iniciaron el 23 de febrero sin que el ex mandatario hubiera sido notificado.
El próximo 3 de septiembre se cumplirá ante la Corte Suprema la indagatoria del ex presidente, en un caso de alto impacto en Colombia.