Carrió al límite con el Gobierno
Rechaza cambios en la AFIP y apunta al entorno de Macri
El ente recaudador relevó al titular de la DGI y a otros dos funcionarios. Lilita levantó sospechas sobre una supuesta maniobra de protección a Calcaterra, primo del Presidente. Desmentida del organismo.
El desplazamiento de funcionarios de la AFIP que investigaban a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, es el nuevo foco de tensión entre Elisa Carrió y el Gobierno.
El titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, decidió descabezar varias áreas clave del organismo. Desplazó a seis jefes, entre ellos Horacio Castagnola y Jaime Mecikovsky. La salida del primero, jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), implicó la expulsión tácita de Carlos Bo, uno de sus principales asesores. Para Carrió, se cargaron a los funcionarios que garantizaban “el avance contra la impunidad”, dijeron muy cerca de la diputada a PERFIL.
El lunes, durante una tensa reunión en la sede de la AFIP, Carrió le pidió a Cuccioli y a la plana mayor del organismo: “Castagnola, Mecikovsky y Bo son hombres de mi confianza, cuídenlos”.
Castagnola tenía a su cargo a parte del equipo de técnicos enfocados en la investigación de dos causas: el caso del soterramiento del ferrocarril Sarmiento y la causa de los cuadernos de la corrupción en la obra pública. Hace una semana, ese equipo presentó pruebas contra Calcaterra ante la Justicia, confirmaron fuentes judiciales.
En la reunión del lunes, Cuccioli le explicó a Carrió que ha- bría cambios que implicaban un “recambio” generacional y una modernización tecnológica de la AFIP. Carrió se fue con la promesa de que los funcionarios por los que había pedido apoyo seguirían en sus cargos hasta enero de 2019.
Cuccioli ejecutó los cambios ayer viernes, después de almorzar con Macri, confirmaron muy cerca del cuadro técnico. “El Presidente está al tanto de los cambios y dio su aprobación”, aseguraron en la AFIP. Si de marcar la cancha se trata, Carrió no es la única que sabe jugar.
Fue una semana de tensión. Carrió adelantó que pedirá el juicio político del ministro de Justicia, Germán Garavano,
luego de que el funcionario dijera que “no es bueno para un país tener un ex presidente preso”. Garavano le presentó la renuncia a Macri y el presidente lo ratificó en el cargo. La diputada sostiene que hay un supuesto pacto de impunidad a favor de Cristina Kirchner que obedece a intenciones políticas y electorales. Los cambios en la AFIP, sostienen en su entorno, también se dan en el mismo contexto.
En un comunicado, Cuccioli le expresó su agradecimiento a Castagnola y lo invitó a integrar el consejo asesor de la AFIP. Pero el jefe de la DGI todavía no respondió qué hará. Ayer, Carrió le propuso resistir en el cargo. Le dijo a través de una de sus abogadas: “Que se quede ahí y si los echan voy a salir a apoyarlos, y voy a apuntar a Iecsa”, la ex constructora de Calcaterra.
Las pruebas. El viernes 29 de septiembre, un grupo de funcionarios que responden a Castagnola se presentó en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi, quien investiga las supuestas irregularidades y coimas por la obra del soterramiento. Entregaron un informe sobre movimientos sospechosos de una cuenta bancaria controlada por Iecsa.
El lunes último, los funcionarios presentaron un informe similar ante el juez Claudio Bonadio, quien también investiga a Iecsa por los cuadernos y ya procesó a Calcaterra por asociación ilícita y cohecho.
En el informe, detallaron fuentes judiciales a PERFIL, los funcionarios de la DGI detectaron que el consorcio de empresas del soterramiento transfirió US$ 4.495.000 a la cuenta de una empresa española investigada en distintos países como pantalla para blanquear coimas. Los fondos salieron de la cuenta corriente de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa en el Banco Río, pero controlada por Iecsa, según la presentación. El apoderado de la cuenta era Santiago Ramón Altieri, ejecutivo de Iecsa.
Entre septiembre de 2011 y diciembre de 2012, Iecsa autorizó pagos por US$ 4.495.000 en cuotas. El primero fue por unos US$ 100.000, otros llegaron a US$ 500.000.
Esas transferencias están “justificadas” con un contrato firmado por el consorcio del soterramiento con la firma Detección De Riesgos Técnicos Control De Calidad Y Supervisión De Obras De Edificacion S.A., con domicilio en Saturnino Calleja 16, Planta Baja, Madrid. Las autoridades de distintos países detectaron que a través de esta firma Odebrecht -socia de Iecsa en el soterramiento- simulaba contratos de servicios para transferir fondos que en realidad serían sobornos.
El contrato con la firma española fue analizado por los técnicos de la DGI: está firmado por el ejecutivo de Iecsa, Altieri, el mismo que manejaba la cuenta corriente. Para los investigadores, esos pagos serían parte de las coimas a ex funcionarios kirchneristas.
Los casi 5 millones de dólares fueron a una cuenta de esta firma española en la Banca Privada de Andorra (BPA), una entidad utilizada por varias constructoras, como Odebrecht y Camargo Correa, para gestionar y blanquear sus pagos de sobornos, según la investigación de la Justicia de Andorra.
“La reunión con Carrió del lunes fue para analizar la política de integridad institucional de la AFIP, que había sido acordada con (el funcionario lilito) Fernando Sánchez previamente. La AFIP es el organismo que más atención le presta a la cuestión de la integridad, al punto de tener una Dirección de Integridad Institucional”, contaron en el organismo a PERFIL.
En la AFIP respondieron ante la consulta de PERFIL que el hombre designado para sustituir a Castagola es Marcelo Costa, uno de los encargados del equipo que “investiga los cuadernos en forma directa” y desmintieron cualquier relación entre el informe contra Iecsa y los desplazamientos.
Los técnicos de Castagnola presentaron pruebas en dos juzgados