Juegos del hambre
Posibles vínculos entre bandas delictivas y los ataques contra el sistema educativo.
El robo a viviendas desocupadas en La Plata pudo ser la plataforma de expansión para una trama sofisticada de delitos más complejos con la complicidad de funcionarios policiales, judiciales y políticos. Los siniestros contra el sistema educativo bonaerense podrían replicar la conmoción provocada por la inquietante exposición a la luz pública de ese literal imperio del crimen.
Esa modalidad primaria del hurto en la que se sostuvo es clave para analizar dos fenómenos en apariencias inconexos. La tensión planteada por el sindicalismo estatal a las autoridades bonaerenses, con el eco espasmódico provisto a esa conflictividad por la oposición peronista. Y la extrapolación que la opinión pública hace de María Eugenia Vidal. La imagen de la gobernadora no solo se diferencia de la de Mauricio Macri. También se recorta por encima de la alianza Cambiemos.
Afirmar que esa emancipación deriva del respaldo a la tarea del Ministerio Público resulta temerario. Menos incierta es la influencia en el Poder Judicial de la acción en ese área con la gestión de Julio Conte Grand.
En septiembre la Suprema Corte bonaerense dispuso auditar los seis juzgados de Garantías de La Plata. Fue tras la detención del ex juez César Melazo y de la suspensión de Manuel Martín Ordoqui, del Tribunal de Casación Penal, que será sometido a juicio político por la causa que sigue analizando Bettina Lacky: la fiscal que desnudó la banda dedicada al robo de inmuebles vacíos.
En las escuchas ordenadas por Lacky son aludidos Eduardo De Lázzari y Luis Genoud, integrantes de la Suprema Corte provincial. Compar ten con Pettigiani haber sido ministros de Seguridad provincial del duhaldismo. A Genoud se lo vincula con Guillermo Atencio, titular del juzgado de Garantías N° 1 de La Plata.
Lucas Ventoso denunció a Atencio en 2017 ante la Procuración General. El concejal UCR lo acusó de congelar la causa por enriquecimiento ilícito a Blas Altieri, destituido como intendente de Pinamar en 2012 por esa razón. La causa prescribió por la muerte de Altieri el 31 de marzo. Dificultades.
Titular de la Corte, Pettigiani acordó con Conte Grand ampliar al 14 de diciembre el plazo que conste en su página web la declaración de bienes de los jueces. El alto Tribunal ya no cuestiona la seguridad del soporte informático para hacerlo. Es el que utiliza el Ministerio Público y donde el 97% de su personal cumplió el trámite el 31 de agosto: fecha original prevista para todo el Poder Judicial.
No es el único obstáculo que sor teó Cambiemos. El 13 de diciembre Fra ncisco “Paco” Durañona, Fernando Espinoza, Gabriel Katopodis y Fernando “Chino” Navarro reclamaron a Joaquín De la Torre una conversación previa a que el peronismo facilite su designación por el Senado. El ministro de Gobierno ignoró el planteo de los intendentes de San A ntonio de A reco, La Matanza, San Mar tín y el entonces diputado del Movimiento Evita.
Katopodis habría sido el más enfático. Mantiene una sociedad política con Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo y portavoz de Daniel Scioli en su gestión. Lorenzino solicitó a la Pro- curación la causa contra el ex intendente de Lincoln, Jorge Fernández, detenido luego de estar prófugo. Está acusado de administración fraudulenta y otros 38 delitos contra la administración pública. El pedido del Defensor del Pueblo no fue atendido. La Justicia analiza el rol de Scioli y A níbal Fernández en la triple fuga del penal de General Alvear por la que están condenados a siete años y medio de prisión los hermanos Mar tín y Cristian L a nat ta, además de Víctor Schillaci. La pesquisa se enfocará en el ex gobernador y el ex jefe del Gabinete, pero también en Ricardo Casal, César Albarracín y Florencia Piermarini: ministro de Justicia, subsecretario de Políticas Penitenciarias y responsable de ese servicio cuando ocurrió el escape. Elisa Carrió objetó y frustró a Julio Carral en el intento de nombrar relatora a Piermarini en la sala I del Tribunal de Casación Penal en enero del 2016. Desde 2017 y hasta septiembre, la ex funcionaria asesoró a Emiliano Baloira en el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora. Baloira es un ex funcionario del área de Seguridad con Scioli y ahora edil por Unidad Ciudadana. Carral es miembro de Justicia Legítima. Piermarini pasó a desempeñarse en el estudio jurídico de Casal y Albarracín, citado en las escuchas de Lacky. Igual que el de Fernando Burlando. Inquietud.
También otros dos miembros del Tribunal de Casación: Víctor Violini y Carlos Natiello. Con la firma de Carral y de Ramón Maidana, el 30 de diciembre del 2016 ese cuerpo sobreseyó a Scioli en una causa por enriquecimiento ilícito. Por el mismo delito, pero denunciado por Carrió al ex gobernador lo investigaba el fiscal Alvaro Garganta, sometido a juicio político por la actuación en la causa del cuádruple femicidio del 2011 en La Plata. Garganta también aparece en las escuchas de Lacky.
La Justicia tiene menos éxito en otra causa que obsesiona al gobierno bonaerense. El aparente secuestro de Corina De Bonis, la docente de Moreno a quien sus captores le habrían tatuado en el vientre la leyenda “no más ollas.” Esa agresión física es el único dato sólido de su relato. Contrariado en lo demás por testigos y cámaras de Seguridad.
Roberto Baradel resolvió la semana pasada levantar el acampe que mantenía en el Centro de Educación Complementaria 801 de Moreno donde trabaja De Bonis. El titular del Suteba anunció un paro de 48 horas para la semana que viene sin esperar el resultado de la mediación pedida a la comisión Pastoral Social.
A su titular y obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, le cuesta sostener ante sus pares el rechazo visceral a la riqueza generada por el universo empresario y que se asocia, a veces de manera temeraria, al gobierno de Cambiemos. Pero en el que no es tan fácil enrolar a Vidal.
Al gobierno bonaerense le preocupa que algún sector perjudicado por su acción haya resuelto abandonar la agitación para instalar un supuesto déficit en la distribución de ayuda alimentaria y se prepare para promover una crisis, también artificial, en el sistema educativo. Vital para encauzar ese tipo de asistencia y desbaratar el artificio de los juegos del hambre.
Baradel anunció un paro de 48 horas sin esperar la mediación pedida por Pastoral Social