Dos años y medio después de haber iniciado la investigación, el fiscal Alvaro Garganta pidió la elevación a juicio oral contra Daniel Scioli, investigado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias. El ex gobernador bonaerense vincula el avance de la causa a la posibilidad de volver a ser candidato presidencial en 2019.
“Qué casualidad que a partir de qué se instala mi potencial precandidatura pasan las cosas que pasan. Yo no creo en las causalidades ni en las casualidades. Vemos un modus operandi de desacreditación y de buscar callar las voces críticas”, respondió ayer el diputado de Unidad Ciudadana sobre la acusación judicial. Desde la defensa de Scioli adelantaron que “el pedido de elevación a juicio que efectuara el fiscal Garganta no es más que una de las instancias del proceso, y se encuentra sujeto a la revisión por las restantes partes, a resolución del juez interviniente, y sometido todo a posteriores y eventuales recursos y nulidades que podrían presentarse”.
En apelaciones a los pedidos del fiscal, la defensa de Scioli ya había logrado que la Cámara de Apelación y Garantías resolviera rechazar la inhibición de bienes al ex gobernador por 189 millones pesos y que se le prohíba salir del país.
Además, los abogados Alfredo Gascón y Miguel Angel Molina adelantaron que pedirán el sobreseimiento: “Con respecto a la solicitud del fiscal, afirmamos que resulta básicamente arbitraria y con manifiesta falta de objetividad, ya que no se ajusta a la prueba producida en la investigación. Pediremos el sobreseimiento, por entender que es muy grave que se lo pretenda enjuiciar por sospechas o suposiciones infundadas”.
En este sentido, Scioli explicó: “Todo empezó con que habíamos retirado 20 mil millones en efectivo, que tenía campos en Tandil, que el título era trucho. Yo siempre me defendí en el ámbito correspondiente, siem- pre confiando en que se iban a aclarar las cosas. Esto es una solicitud de una elevación a juicio, me ocuparé de hacer las apelaciones y aclaraciones en donde corresponde”.
Uno de los delitos que se le imputan al ex gobernador es el presunto hecho de corrupción en la construcción de nueve UPA. “Todas las contrataciones durante mi gestión se realizaron en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Honorable Tribunal de Cuentas, que confirmaron su regularidad. No es cierto que se haya alterado el procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPA para beneficiar a un proveedor determinado”, había detallado Scioli en un escrito presentado en mayo de este año.