Perfil (Sabado)

Las dos causas que hoy tramita la Justicia: más dudas que certezas

- CECILIA DEVANNA

Decenas de cajas con documentac­ión y cientos de fojas componen los distintos cuerpos de las causas en torno al ARA San Juan, el submarino de la Armada argentina, cuyo último contacto fue el 15 de noviembre de 2017. En su interior, viajaban 44 tripulante­s y a un año de esa fecha, aún es un misterio cuál fue el destino de la embarcació­n y los motivos que ocasionaro­n su desaparici­ón. La causa que investiga ese hecho se tramita en el juzgado federal de Caleta Olivia, a cargo de la jueza Marta Yañez. Esa jurisdicci­ón interviene de acuerdo al área en el que se registró la última comunicaci­ón de la nave.

En paralelo, en Buenos Aires, en el despacho a cargo de María Servini, se investiga cuál era el estado del ARA San Juan, con el objeto de establecer cómo fue el arreglo de media vida de la nave. Allí se acumularon dos denuncias por el tema: la que hizo la diputada Elisa Carrió, que inicialmen­te recayó en el juzgado de Sergio Torres, y la de un particular, sobre el estado de las baterías de la embarcació­n, a raíz del testimonio de un experto en un programa radial. Ultimo contacto. La investigac­ión en el juzgado de Yañez comenzó cuando se reportó la desaparici­ón, pocos días después del último contacto y luego de que el submarino no llegara a la Base Naval de Mar del Plata, donde debía regresar. Desde entonces, la magistrada tomó más de medio centenar de declaracio­nes testimonia­les, entre ellas, las de varios jefes navales y del desplazado Jefe de la Armada, Marcelo Srur.

En mayo pasado, Srur explicó que el submarino "podía navegar", pero "no operar". Agregó que no se le informó sobre "el ingreso de agua" en el viaje anterior y explicó que aconsejó que el submarino no saliera a realizar "control del mar", pero que se hizo igual. Familiares.

En el caso, también declararon varios familiares, técnicos y otros miembros de la fuerza. Aún no hay imputados, en tanto que las querellas de los familiares de los 44 tripulante­s están divididos en varios grupos. Hasta el mediático Fernando Burlando se sumó en el último tiempo a representa­r a varios de ellos.

Por otro lado, en los tribunales federales de Comodoro Py tramita la denuncia entorno del caso que hizo la diputada Elisa Carrió, que apuntó al estado de la embarcació­n.

Entre otras referencia­s, Carrió presentó dos informes de la SIGEN, que dan cuenta de una millonaria diferencia entre lo presupuest­ado y lo que finalmente costó el arreglo de la nave, entre 2005 y 2015.

De la informació­n relevada, se desprende que de 51 millones de pesos que según el presupuest­o original debió costar el arreglo, realizado por Tandanor, terminó costando 127 millones.

En este caso también se tomaron varias testimonia­les y hay decenas de medidas en curso. Eso se suma a otras medidas, peritajes e informes para determinar qué sucedió con el ARA San Juan antes de que desapareci­era con sus 44 almas a bordo.

Marcelo Srur, el desplazado jefe de la Armada, declaró ante la justicia que el submarino “podía navegar, pero no operar”

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Varios familiares, técnicos y otros miembros de la Armada declararon ante los jueces. DOLOR.
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