La empresa digital que trabajará en las elecciones niega irregularidades
En la compañía que proveerá el software de digitalización de actas dicen que “no tiene conexiones personales con ningun gobierno”.
¿Hay riesgo de manipulación del software que proveerán para las elecciones? La pregunta encabezó un cuestionario que la firma Smartmatic aceptó responder a PERFIL por e mail. A cargo de dotar al Correo Argentino del software para digitalizar y transmitir las actas electorales en las presidenciales tras ganar la licitación, Andrés Rombolá, gerente general del Cono Sur, descartó cualquier posible distorsión: “Cada imagen es firmada digitalmente por la aplicación para su posterior verificación en el servidor y almacenamiento en la base de datos (cifrado y firmado de datos). Además, el software cuenta con un registro de bitácoras que permite múltiples auditorías y todo el proceso es llevado adelante exclusivamente por personal del Correo.”
—¿Qué responden de las irregularidades que se atribuyen a Smartmatic?
—En los últimos 15 meses, Londres contrató a Smartmatic para el escrutinio electrónico para 2020. En octubre 2018 ofrecimos tecnología y servicios en Bélgica con una nueva máquina, y en dos municipios flamencos las equipamos con tecnología para los votantes con discapacidades visuales. En junio 2018 fuimos seleccionados por Los Ángeles para implementar un nuevo sistema de para 2020. Y en mayo 2018 la
Comisión Electoral de Filipinas adquirió las 97 mil máquinas desplegadas en 2016.
—En Filipinas, se habló de una investigación por la modificación de un script en el servidor durante la noche electoral, ¿qué explicación dieron?
— Filipinas trabaja con Smartmatic desde 2008. La noche de las elecciones, cuando los resultados llegaban al Servidor de Transparencia, el carácter “?” aparecía en lugar de la letra “ñ” en algunos nombres. Siguiendo las instrucciones de las autoridades, un empleado de Smartmatic realizó un cambio cosmético para corregirlo. No hay ninguna relación entre los resultados y el script que estaba fuera del Sistema Automatizado de Elecciones y era sólo para proporcionar una versión simplificada para un recuento no oficial.
—El año pasado, la empresa también reconoció un “error humano” en El Salvador...
—Smartmatic fue contratada para ayudar a transcribir los reportes de cierre de totalización, y a consolidar y publicar los resultados preliminares. Menos de 6 horas después de que comenzara el conteo, los resulta- dos publicados alcanzaron el 34%, y en 24 horas el 79%. En elecciones anteriores a El Salvador le llevó cuatro semanas anunciar resultados oficiales. Y el año pasado coincidieron 100% con los preliminares. La única manera en que nuestros competidores nos atacan es por la nacionalidad de algunos fundadores.
—¿Smartmatic es una empresa creada por capitales cercanos a Hugo Chávez?
—Absolutamente no. Desde su fundación, ha sido una empresa de capital netamente privado. Se fundó en Estados Unidos, en 2000, y actualmente tiene su casa matriz en el Reino Unido.
—¿Es la misma empresa a lo largo de todo el mundo, los mismos accionistas?
—Tiene subsidiarias y sucursales en los países donde opera y esto es una práctica común en multinacionales. No tenemos conexión personal con ningún gobierno, en absoluto. La relación con los gobiernos y comisiones electorales a las cuales provee tecnología y servicios es estrictamente comercial.
—Cuando se retiraron de Venezuela, denunciaron que hubo una manipulación de datos: ¿era la primera vez que registraban una situación irregular en 15 años allí? —La denuncia es muy clara: el sistema imprimió un reporte y la comisión electoral anunció otro número de participación. No hubo manipulación del sistema como tal. En todas las elecciones con tecnología Smartmatic, todos los partidos asignaban observadores. Esta elección cuestionada se organizó exclusivamente para partidos progubernamentales.
—¿Van a competir en Argentina en la licitación por el escrutinio de los votos este año? —Estamos evaluando el pliego, pero es altamente probable que licitemos. A mayor competencia, más son los beneficios para el Estado argentino.