Pidieron iniciar una causa por los fondos de campaña de 2015
El fiscal federal Ramiro González pidió que se abra una investigación penal para determinar si se cometieron delitos en el financiamiento de la campaña presidencial que en 2015 llevó a Mauricio Macri a la Casa Rosada. El requerimiento del fiscal fue presentado ante el juez Ariel Lijo, quien ahora deberá decidir si hace lugar al pedido y ordena además las medidas solicitadas por González. El origen de la causa fue la investigación preliminar que hizo el fiscal Jorge Di Lello, quien intervino de oficio tras la difusión del caso de los “aportantes truchos”, en julio del año pasado.
A partir de eso, Di Lello, que es fiscal con competencia electoral, tomó varias medidas y testimonios, tras lo cual presentó su informe a la jueza María Servini. La magistrada, también con competencia electoral, dictaminó que el caso debía ir a sorteo. De allí salió elegido el juzgado de Lijo, de turno con el fiscal González.
La intervención de Di Lello, realizada tras la aparición del informe del sitio El Destape, puso la lupa sobre maniobras que consistirían en el pago a diferentes proveedores de millonarias sumas dinerarias “en negro” durante la mencionada campaña electoral. Además del posible desvío de recursos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –desde el Ente de Turismo de esa ciudad, en ese entonces a cargo de Fernando De Andreis– con el objeto de afectarlos a gastos vinculados con las elecciones presi- denciales llevadas a cabo durante 2015, que terminó con el triunfo de Macri sobre Daniel Scioli en el ballottage.
En el marco de la actuación preliminar, Di Lello le tomó declaración testimonial al periodista Juan Amorín, quien indicó que durante la investigación “una fuente me mostró una fuente de acceso público a un foro de gmail del equipo de comunicación del PRO, al que se accedía a través de una página web, y cuyo acceso fue cerrado, que es la publicada en la nota de El Destape”.
En tanto que también explicó que habían podido detectar referencias a pagos en efectivo a proveedores de la campaña presidencial 2015 relacionados con distintos actos del propio Macri en diferentes puntos del país, los cuales –al compararlos con el informe de campaña presentado en la Justicia Electoral– se estableció que la mayoría de los gastos a los que se hacía referencia no estaban rendidos o lo estaban por un importe menor.
Además, aseguró que tuvo acceso a e-mails y planillas de Excel v inculadas a diferentes proveedores en donde se podían observar llamativas citas tales como “IVA si corresponde”, “pagos cash”, etc.
En base a todo lo recabado y junto al requerimiento de instrucción, González pidió diversas medidas de prueba, entre ellas que se soliciten a la Justicia Nacional Electoral los balances donde consten los estados contables relativos a los gastos de campaña electoral del año 2015 correspondientes a Cambiemos y ta mbién in for mes a otras áreas de gobierno.
El juez Lijo debe definir si se investigará el financiamiento de Cambiemos