Otra inseguridad
Incomodidad por vigiladores privados, que buscan controlar Barrionuevo y Nosiglia.
Cambiemos mantiene a la seguridad privada ajena al debate de cada iniciativa que impulsa para combatir el delito. Es lo que ocurre con la propuesta de bajar a 15 años la edad de imputabilidad de los menores. Lo que hace a este desdoblamiento interesante: permite disimular las contradicciones para controlar una actividad próspera en la provincia de Buenos Aires. Más de trescientas firmas habilitadas facturan unos 6 mil millones de pesos al año y emplean cerca de 70 mil trabajadores registrados.
Son cifras apetecibles con la escasez de empleo formal: el que provee aportes a los sindicatos. En este caso, alrededor de 15 millones mensuales. La expectativa por la participación de cada gremio en el congreso normalizador de la CGT es otro atractivo. Todavía sin fecha de convocatoria, los caciques sindicales negocian alcanzar la unidad y la elección de nuevas autoridades. El número de delegados que cada sector pueda reunir es decisivo para la representación que obtenga en la conducción.
La sexta intervención en dos años de la Unión del Personal de Segur idad ( Upsr a), refleja la ampulosidad del Gobierno para incidir en ese proceso. La que podría ser la última, en apariencias devuelve la situación a la primera. Y es una de las pocas coincidencias de Dante Sica y Jorge Triaca. Aunque en momentos muy distintos, los dos eligieron a Rodolfo “Coco” Alonso para esa misión. El ex ministro de Trabajo en 2016 y el de la Producción en los primeros días de este año.
Alonso expresa los intereses que Enrique “Coti” Nosiglia y Luis Barrionuevo comparten en el negocio de turismo ligado a las obras sociales sindicales. Otra forma de entender el relanzamiento de las 62 Organizaciones peronistas de Barrionuevo en septiem- bre tras el fallecimiento de su titular, Gerónimo “Momo” Venegas. El jefe del gremio de peones rurales (Uatre) y del partido FE enrolado en la alianza Cambiemos fue la protección que buscó Angel García cuando entró en conflicto con el dirigente del sindicato gastronómico.
Historias. Hasta 2016 García fue secretario general de Upsra, adherido a la CGT Azul y Blanca de Barrionuevo. Para esa fecha, afiliados al gremio denunciaron supuestas irregularidades en las prestaciones de la obra social de los vigiladores que siguen controlando García y Celeste Ferrara, su esposa. Respaldada por el gastronómico, la oposición le imputa a García la desafiliación de 30 mil trabajadores cuyas prestaciones son cubiertas por la Asociación de Viajantes (AVVA) y el sindicato del Turf (UTTA).
García es de Quilmes y mantiene una peculiar afinidad con Aníbal Fernández. Por su recomendación designó a Ricardo Casquero delegado de Upsra en Misiones. A Casquero se le atribuye pasado de capitalista del juego y de empresario bailantero. También haber sido aportante a las campañas del ex jefe del Gabinete. Lo mismo que a García. En enero de 2017, la CGT y la CTA denunciaron una aparente “ola de intervenciones sindicales” dispuestas por Triaca. El ministro de Trabajo sustituyó ese mes a Alonso por Karina Palacios. La sucedió Horacio Pitrau, nombrado a fines de agosto segundo de Triaca con la salida de Ezequiel Sabor. De estrecha relación con Barrionuevo, Sabor renunció por la marcha del 22 de la CGT con duros cuestionamientos a Mauricio Macri. Meses antes el Presidente se había comprometido a combatir las mafias sindicales.
La influencia de Triaca en la normalización de Upsra fue reemplazada por la de Cristian Ritondo a través de Patricio Lombilla. Triaca y Ritondo comparten respon- sabilidades para afianzar a Cambiemos en La Matanza. Lombilla fue subsecretario de Planificación del Ministerio de Seguridad bonaerense. Su gestión de interventor en Upsra coincidió con la detención en diciembre de Fernando Amarilla, concejal (PJ) de Ezeiza acusado de extorsionar a las agencias de seguridad cuando tramitaban su habilitación.
Amarilla fue director de Fiscalizacion de Agencias y Seguridad Privada de Alejandro Grana- dos entre 2013 y 2015. El apellido está ligado al peronismo y a Granados en Ezeiza. Edgardo fue el segundo del actual intendente en el Ministerio de Seguridad. Es el padre de Fernando y hermano de José Luis, presidente de Tristán Suárez y acusado de encubrir a Fernando “Nando” Chacón, jefe de la barra brava del club. Chacón lideró una banda de narcomenudeo en Ezeiza. Fue detenido en agosto del año pasado, oculto en el domi- cilio particular del titular de Tristán Suárez.
R itondo tra nsfor mó la dirección de Fiscalización en la Oficina Provincial de Seguridad Privada. No bastó para detener los rumores de supuestas irregularidades en el área. Lombilla fue amenazado una semana después de la detención de Fernando Amarilla. Hasta ese episodio, Granados fue uno de los intendentes del PJ más cercano a Cambiemos.
El interventor parecía a punto de lograr lo que no habían podido sus antecesores. Convocó a elecciones el 14 de enero, en las que iban a participar la lista Verde de Julio Gutiérrez y la Naranja de Leónidas Riquelme, el dirigente de Upsra que denunció a García y logró la accidentada saga de intervenciones. Riquelme responde a Barrionuevo.
Alonso dejó sin efecto el llamado. Las pocas mesas para que los afiliados voten fue una de las anomalías detectadas: ocho en todo el país. La única del Gran Buenos Aires estaba en Quilmes. Un despropósito. El Gobierno aspira a regularizar Upsra y que las nuevas autoridades elijan una conducción que desplace a García y Ferrara de la obra social.
Barrionuevo espera consolidar a Riquelme y equilibrar posiciones con Carlos Acuña en la Tercera Sección Electoral. Riquelme es de Almirante Brown y el titular de los trabajadores de estaciones de Servicio (Soesgype), de Presidente Perón. Acuña integra el trío que conduce la CGT. Blanca Cantero, su esposa, es diputada provincial del Frente Renovador.
Sergio Massa basó su campaña de 2015 en propuestas para combatir el delito. Barrionuevo es uno de los soportes del jefe del Frente Renovador en campaña. Aunque no estaría convencido de volver a serlo en las próximas presidenciales. En apariencia, duda de las posibilidades de Massa. Es otra forma de inseguridad.
Más de trescientas firmas facturan $ 6 mil millones al año y tienen registrados a 70 mil empleados