Campaña política en las redes: un debate necesario
La discusión pública en torno a la modificación de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos se ha centrado en la bancarización de los aportes y la habilitación a las empresas. Sin embargo, la nueva reglamentación que será sancionada por Diputados el próximo 8 de mayo innova también en un terreno cada vez más decisivo: la actividad política y electoral en los medios digitales. Por primera vez, los legisladores argentinos establecerán controles sobre lo actuado en las redes sociales. No es un hecho menor, luego del alcance que ha tomado en los últimos años su utilización para la manipulación de la opinión pública por medio de fake news y trolls, tanto a nivel internacional como local.
Igualmente más allá de las intenciones, no es un asunto fácil de abordar. La experiencia internacional da cuenta de ello. Sin ir más lejos, la última cam
paña electoral en Brasil fue noticia por el desmedido uso de las redes de mensajería –WhatsApp en especial– para la viralización de información falsa. Esta plataforma es virtualmente imposible de controlar por su carácter uno a uno, y sus representantes rechazan cualquier colaboración con las autoridades. WhatsApp, al igual que Instagram, es propiedad de Facebook pero mantiene una administración independiente. El caso de esta última es diferente dado que, a raíz de los escándalos internacionales que protagonizó por la filtración de datos privados para uso político, ha debido adoptar cambios hacia una mayor transparencia para recuperar la confianza de los usuarios, y se ha mostrado dispuesta a cooperar con los Estados.
La modificación de la ley 26.215, que ya cuenta con media sanción del Senado como parte del paquete de medidas que apunta a transparentar el proceso electoral, introduce la obligación de los partidos de registrar todas las cuentas y los “canales digitales” de las fuerzas políticas y sus respectivos candidatos. A su vez deberán rendir cuenta del gasto publicitario volcado en estos canales, indicando los contenidos que han sido promocionados. La ley no menciona los mecanismos por lo que se realizará este registro.
Algunas voces críticas son escépticas respecto del grado de real de control que esto pueda significar. En primer lugar, porque el inventario de las cuentas oficiales no impide la creación de cuentas fake para la difusión de fake news y el hostigamiento de los trolls. Twitter, de hecho, donde más proliferan estas prácticas, es la plataforma más reacia a colaborar.
Algunas experiencias internacionales demuestran el margen de maniobra de las formaciones electorales para sortear las regulaciones. En México, donde la ley es más estricta que la de inminente aprobación en Argentina, ONGs como Verificado.mx han señalado contenidos promocionados no consignados por el Instituto Nacional Electoral (INE), violando la normativa vigente. En Brasil sucedió algo similar. Ciertos sectores políticos habían reclamado introducir mecanismos similares en la legislación argentina, pero finalmente fueron descartados en esta modificación.
Más allá de críticas, este nuevo proyecto significa un avance en el incontrolado mundo de las redes sociales.