Correo: sin avances por la deuda luego de 29 meses de dilaciones
El Ejecutivo se tomó un año para analizar la propuesta de la empresa y esta semana le pidió “aclaraciones”. Los intereses se acumulan.
Casi 29 meses pasaron desde que el presidente Mauricio Macri ordenó que volviera a “foja cero” el acuerdo entre su gobierno y la empresa Correo Argentino SA, propiedad de su familia. Sin embargo, lo que sigue sin avanzar es la negociación para poner fin al pago de una deuda millonaria de la compañía de los Macri con el Estado.
El procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, es el funcionario que quedó a cargo de las tratativas con Correo. Esta semana, a un año de la última propuesta de la compañía, presentó un nuevo escrito ante la Justicia y solicitó a Correo que realice “aclaraciones” sobre la última oferta, según informaron fuentes judiciales y del caso a PERFIL.
El Ejecutivo se tomó doce meses para analizar la forma en que la empresa propone saldar su deuda. El jueves, la Cámara Comercial notificó a Correo para que responda.
Mientras tanto, los intereses se acumulan.
“Estamos expectantes, esperando contar con una posición favorable a la mejora de propuesta presentada”, dijo el abogado de Correo ante la consulta de PERFIL. Este medio preguntó a la Procuración del Tesoro detalles sobre qué tipo de “aclaraciones” se le solicitaron a Correo para poder avanzar en el análisis de la oferta pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.
La última propuesta de la compañía fue en julio de 2018 y fue similar a la que se había acordado en 2016. La compañía propuso al Estado pagar el total de la deuda original (casi $ 300 millones) en 15 cuotas y una tasa de interés del 7 %, más un pago adicional. Plantearon cancelar las dos primeras cuotas con un pago de casi $ 6 millones dentro de los treinta días de homologado el acuerdo y el resto en 13 cuotas anuales. La compañía puso ciertas condiciones: pagarán en la medida en que la empresa cobre los juicios que le inició al Estado por la estatización de 2003. Así consta en el escrito en poder de la Justicia.
En julio del año pasado, el organismo a cargo de Saravia Frías había pedido a la Cámara Comercial –que tiene que homologar el acuerdo al que lleguen el Ejecutivo y la compañía de los Macri– una prórroga “de 180 días” (sic) para evaluar la última oferta. Ese plazo se venció. Sin embargo, la Procuración y Correo entienden que la prórroga debe contarse en días hábiles, no corridos, por lo que el plazo entonces vencería recién en agosto.
Lo que se cayó.
El acuerdo entre el Ejecutivo y Correo Argentino SA se realizó en un extremado bajo perfil en junio de 2016. La empresa es una compañía residual, que solo cuenta con cuatro empleados y ninguna actividad comercial. Como está en concurso de acreedores desde hace 18 años, atraviesa un proceso en la Justicia comercial.
Correo debía al Estado nacional alrededor de 300 millones de pesos o dólares (sin intereses) y aún debe llegar a un acuerdo. Los funcionarios de Macri y la compañía de la familia presidencial acordaron una quita de la deuda del 98,87 %. En billetes, significaba $ 4.200 millones (a 2017).
La empresa, además, reclama al Estado más de US$ 2 mil por la estatización del servicio del correo en 2003.
El pacto fue calificado de “abusivo” y “perjudicial para la administración pública” por la fiscal general Gabriela Boquín, quien se opuso en diciembre de 2016 y frenó el acuerdo en febrero de 2017. La fiscal también investiga el presunto vaciamiento de Correo por parte de Sideco y Socma, las empresas emblema de los Macri. Los representantes de la compañía niegan estas acusaciones.
Además de este frente en la Justicia comercial, por la negociación entre Correo y el Estado, Macri y varios de sus funcionarios afrontan una causa penal. En marzo último, el juez federal Ariel Lijo indagó al ministro Oscar Aguad y a otros imputados por el caso.
El magistrado aún no decidió si procesará o no a los funcionarios y ejecutivos imputados por el acuerdo de 2016. Macri no fue citado pero esta es una de las pocas causa judiciales en las que está formalmente imputado y le costó la primera indagatoria a un ministro de Cambiemos en ejercicio.
La última oferta de la firma para pagar fue en julio de 2018 y fue similar a la que se hizo en 2016