Ataque y muerte en Colombia. Tras el anuncio de la vuelta de las FARC, el gobierno mató a nueve disidentes.
El presidente de Colombia envía un “mensaje clarito” tras la aparición de una fracción rearmada. Aunque no peligra la paz, se cuestiona la justicia de transición.
“Ya empezaron a recibir el mensaje clarito”, se congratuló ayer el presidente colombiano, Iván Duque, después de que nueve miembros de un grupo disidente de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) murieran durante una operación de gran escala de las Fuerzas Armadas en San Vicente del Caguán, un antiguo bastión rural de la guerrilla en el sur del país, según informó el Ministerio de Defensa.
El gobierno conservador de Duque respondió con agresividad militar a la aparición pública el jueves de un grupo de ex integrantes de las FARC, liderados por el ex jefe guerrillero “Iván Márquez”, que anunciaron en un video su regreso a las armas y su abandono del acuerdo de paz alcanzado con el Estado.
La aparición de Márquez y su banda generó algunos temores a que se produzca un reagrupamiento de grupos residuales de las ex FARC en zonas del territorio nacional donde las condiciones podrían prestarse para cierta agitación armada (ver nota aparte). Duque, heredero forzado de un acuerdo que tiene rango constitucional, se está montando sobre esos miedos.
Al comentar los resultados letales del operativo de anteanoche, que incluyó asedio aéreo y bombardeo, el mandatario dijo que uno de los muertos es “Gildardo Cucho”, cabecilla del grupo, y aseguró que “este criminal dedicado al narcotráfico, el secuestro y la intimidación de líderes sociales pretendía ser parte de la estructura amenazante que ayer se presentaba al país como una nueva guerrilla”, en alusión a la fracción de “Iván Márquez”.
Se estima que unas 1.800 personas integran los 24 grupos disidentes de las ex FARC que rechazaron el proceso de paz. La mayoría se dedica al narcotráfico y la minería ilegal. El gobierno de Duque empezó ayer mismo a agitar el fantasma de una rearticulación entre esos grupos bajo el mando de Márquez.
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) de Bogotá, relativiza el riesgo. “Muchas de las disidencias de las ex FARC viven del crimen organizado, por lo que difícilmente les interese unirse a un grupo con perspectiva militar como el de Márquez que los convertiría en un blanco aún mayor para el Estado”, dice el especialista colombiano a PERFIL; y agregó que tampoco vislumbra un efecto dominó sobre los ex combatientes que hoy acatan el acuerdo de paz.
“La inmensa mayoría está comprometida con el proceso de reincorporación social −afirma Restrepo−. Hablamos de 10.500 ex combatientes que reciben asistencia alimentaria, renta básica y capacitación en educación y formación laboral. Si no reincidieron hasta ahora, no veo que haya un nuevo gran incentivo como para abandonar su reincorporación”.
El proceso de reincorporación es firme: hubo un “baby boom” entre ex combatientes
La esencia del proceso de paz son los miles de ex combatientes rasos. Y el propio gobierno de Duque lleva todo el año diciendo que están cumpliendo masivamente. Según un informe de La Pulla, un canal de opinión de diario colombiano El Espectador, más de 700 ex guerrilleros desmovilizados
se graduaron en carreras universitarias, decenas de ellos participan en misiones científicas y campeonatos deportivos, cientos trabajan en las zonas de reincorporación, donde realizan actividades productivas y montan empresas legales y algunos hasta fueron convocados a combatir la deforestación en el Amazonas gracias a sus conocimientos sobre la selva. La prensa colombiana incluso dio cuenta de un baby boom entre los ex combatientes, que salieron de la clandestinidad y empezaron a tener hijos.
La cúpula de las ex FARC también está mayoritariamente comprometida con el proceso de paz. Su líder “Timochenko” calificó de traidores a Márquez y los suyos. Para las próximas elecciones, el nuevo partido político que reúne a los ex jefes guerrilleros tiene listas en ocho departamentos y 60 concejos y candidatos propios para 13 alcaldías.
Impacto. Si la movida de Márquez no parece amenazar el acuerdo de paz, sí tiene un efecto sobre la percepción política y social acerca de uno de sus fundamentos: la justicia de transición. Al fin y al cabo, Márquez y sus laderos son reincidentes que están libres porque gozaron de los beneficios de la llamada Justicia Especial para la Paz (JEP), una estructura criticada por varios colectivos de víctimas.
“Existe un cuestionamiento grande de la sociedad colombiana hacia la justicia transicional −señala Restrepo−. La aparición de Márquez puede tener un impacto negativo sobre la JEP, que ha mostrado una gran lentitud para responder a las demandas de justicia en la transición hacia el posconflicto”.
En cuanto a Duque, dinamitar el acuerdo de paz tendría mucho más costo que beneficio para su gobierno. Por ahora, la mayor parte de su partido, el Centro Democrático, está a favor de no radicalizarse tanto. Con la excepción de siempre: el ex presidente Alvaro Uribe.
Iván Márquez y sus laderos gozaron de los beneficios de la Justicia Especial para la Paz