Dos gestiones, el mismo resultado

Daniel Míguez, antropólogo e investigador del Conicet, es especialista en política penitenciaria y sistema carcelario. “La transformación del sistema penitenciario requiere políticas de largo plazo”, dice.

—¿Cuál es la importancia de pensar el Servicio Penitenciario Federal desde la academia?

—En la última década y media, desde el ámbito académico se han desarrollado múltiples investigaciones sobre la cultura profesional del personal penitenciario y sus prácticas cotidianas en el ámbito carcelario. Estas pueden representar insumos relevantes para mejorar, tanto la formación como la práctica profesional del personal. Sin embargo, aunque existen conexiones contingentes o esporádicas entre el ámbito académico y de gestión, estos vínculos no son lo suficientemente orgánicos como para que exista un verdadero proceso de retroalimentación entre ellos.

—¿Qué cosas identificás como las principales falencias del Sistema Penitenciario?

—Un conjunto de falencias surge de restricciones en la disponibilidad de recursos materiales en las cárceles. Este estado de carencia induce a formas de vinculación en la que prima la disputa por recursos a través de estructuras piramidales de poder. En ellas, el uso de la violencia física aparece como un elemento regulador central. A este conjunto de limitaciones se suma la poca adecuación de la formación del personal penitenciario para modificar estas formas de regulación interna. Por eso, es habitual que éste participe de estas estructuras de poder reproduciéndolas.

—¿Cuáles son las diferencias entre la política penitenciaria del gobierno actual y del gobierno anterior?

—La transformación del Sistema Penitenciario requiere políticas de largo plazo que involucren varios mandatos sucesivos. En la medida en que esto no ocurra, la política penitenciaria tiene pocas probabilidades de inducir reformas estructurales y duraderas. De manera que desde el punto de vista de sus “efectos” se notan pocas diferencias entre distintos períodos presidenciales debido a que no han existido procesos lo suficientemente consistentes y extendidos. Sin embargo, y siendo muy simplistas, lo que puede observarse desde el punto de vista de la enunciación son dos estrategias de transformación diferentes en las últimas dos décadas. Entre 2003 y 2015 la política estuvo más orientada a modificar la formación del personal penitenciario y que se respetaran los derechos de los internos. Desde el año 2015 se observa una política que tiene el foco en desarticular las estructuras ilegales de poder interno en las cárceles.