Un juez ordena al gobierno nacional que garantice el dictado de clases en Chubut
La Justicia intervino ayer en el conflicto que vive la provincia de Chubut con la orden del juez de Familia de Rawson, Martín Alesi, de hacer lugar a un recurso de amparo que exigía a las autoridades que garantizaran el servicio de educación. El magistrado decidió enviar el amparo al gobierno central, interpretando que es el Estado nacional el que lo debe garantizar, informó ayer la agencia Télam.
En paralelo, los sindicatos de docentes y estatales de Chubut se preparan para continuar con el conflicto abierto con la Gobernación por los problemas en el pago de sueldos. A partir del lunes, entrarán en su décima semana de protestas con paros en la educación, asambleas en los organismos públicos y retención de tareas en los hospitales de la provincia.
Esta semana, las acciones de protesta estuvieron marcadas por el luctuoso fallecimiento de dos trabajadoras de la educación, Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, por un accidente de tránsito en la Ruta 3 cuando volvían de una protesta por el conflicto salarial. El martes, se sumó el dolor por esta noticia a la información sobre un proyecto para aumentar el sueldo de la administración provincial, a cargo del gobernador Mariano Arcioni. La noche terminó con incidentes frente a la Legislatura provincial, que fue parcialmente quemada.
Los gremios nacionales sumaron su adhesión al conflicto provincial. La Ctera realizó el jueves el segundo paro en solidaridad con los educadores de la provincia. Mientras que la UDA hizo lo propio el viernes.
“Es un conflicto que comenzó en julio, cuando se anunció que no se pagaría el aguinaldo en tiempo y forma ni se cumpliría el acuerdo paritario firmado”, explicó a PERFIL el secretario general de ATE Chubut, Guillermo Quiroga. El dirigente apuntó que, además de los problemas por el retraso en el pago de salarios, había fuertes demoras en el pago a prestadores médicos de la obra social, lo que traía más problemas.
Esta semana, los trabajadores hospitalarios sumaron nuevos acampes frente a los centros de salud, mientras se sostenía una protesta permanente frente a la Legislatura. Diversos sectores reclamaban la salida del gobernador Arcioni a través de un juicio político. Durante toda la semana hubo acusaciones cruzadas con el gobierno nacional, al que desde la provincia acusan de retacear recursos, mientras las autoridades nacionales atribuyen toda la culpa al gobernador.