Vuelven a reclamar a la Justicia que apure la resolución en la causa Correo
Tras el reto de la Corte Suprema a las juezas que intervienen en el caso Correo Argentino SA, la fiscal general Gabriela Boquin solicitó nuevamente a la Justicia que tome una decisión con respecto a la deuda que la empresa de la familia Macri mantiene con el Estado. “El paso del tiempo solo ha producido mayores pérdidas de activos perjudicando a los acreedores”, sostuvo la fiscal en el escrito publicado este viernes en la web del Poder Judicial.
“Es inaceptable que en un trámite en el que el Estado Nacional sea parte se desnaturalice el proceso concursal por la existencia de conflicto de intereses y tampoco se puede admitir que –por los mismos– se termine beneficiando, con elongación de plazos, el no pago de los créditos y sin sufrir las consecuencias propias de un concurso fracasado”, agregó la fiscal.
“Debería aplicársele la normativa legal con el mayor rigor a los fines de evitar sospechas en pos de la transparencia”, sostuvo Boquin.
La deuda original de Correo era por 300 millones pesos/ dólares (2001). El cálculo del Ministerio Público Fiscal estableció que, en 2017, ya superaba los $ 4 mil millones. El abogado de Correo, Jaime Kleidermacher, viene sosteniendo ante las consultas de este medio que la compañía quiere llegar a un acuerdo lo antes posible. Luego de la cuasi intervención de la compañía ordenada a mediados de septiembre, sostuvo en un escrito: “Nadie colabora en la recuperación de la empresa”.
El martes, la Corte envió un claro mensaje. El Ejecutivo había acudido al máximo tribunal para solicitar que se le permita obtener una tregua de 120 días para seguir analizando la propuesta de Correo para pagar sus deudas. La Corte no solo rechazó el pedido del Ejecutivo sino que además llamó la atención a las camaristas que intervienen en este proceso judicial por las dilaciones en la búsqueda de una solución.
Boquin manifestó nuevamente “la necesidad” de “evitar que el transcurso del tiempo fulmine las expectativas del Estado nacional y del resto de los acreedores de recuperar sus créditos. Solicitó que la Justicia tome una decisión: la quiebra o el salvataje de Correo (ver aparte).
La negociación por el pago de la deuda de Correo ya supera los 31 meses desde que Macri ordenó que volviera a foja cero para evitar “conflictos de intereses” y encomendó un decreto para regular este tipo de situaciones. “Pareciera que en base al decreto 201/17 por los conflictos de intereses existentes, se estaría beneficiando a la concursada, lo cual es justamente lo que el decreto buscaba evitar”, afirmó Boquin. La Sala B de la Cámara Comercial debe decidir sobre el futuro de la compañía y sus deudas con el Estado. Está integrada por dos juezas: Matilde Ballerini y María Lilia Díaz Cordero.
En los últimos días el expediente comercial fue enviado a la Justicia penal, donde el juez Ariel Lijo debe realizar un informe contable para confirmar si el acuerdo de 2016 entre el Ejecutivo y Correo fue “abusivo” para el Estado. Boquin solicitó que el original regrese en cinco días al juzgado comercial para evitar más “demoras”.
“Debería aplicársele la normativa con el mayor rigor a los fines de evitar sospechas”