La información pública no muerde
Averiguar e indagar son sinónimos. Dos palabras diferentes con un significado semejante. Pero hay vocablos cuyos sinónimos son voces contrarias. Un ejemplo es “encuentro”, que puede ser acercamiento o confluencia, pero encuentro también es combate o enfrentamiento, lo contrario de lo anterior.
Algo así sucede con “entrar” y “acceder”. Son sinónimos, sin dudas, pero mientras “entrar” es simplemente “ingresar”, da la sensación de que “acceder” es “entrar y alcanzar”. En ese sentido, “entrar” a la universidad parece posible para muchos mientras que “acceder” a la universidad, en la realidad argentina, es para pocos.
El 28 de septiembre, hoy, se reconoce el Día mundial de Acceso a la Información Pública y no es lo mismo entrar a la información que acceder a ella.
Para hacerse de los datos de los diversos Estados (nacional, provincial y municipal), como de cada organismo público, no basta con la voluntad del ciudadano/a de intentar proveerse de documentos públicos, sino también de las facilidades u obstáculos que aporten los funcionarios de turno. Además, juegan la prontitud, la veracidad, la claridad y la contemporaneidad de lo publicado.
Existe una Ley Nacional (27.275) y veinte provincias tienen ley de acceso a la información. Un informe detallado, con algunas perlas, ha sido publicado en el portal elauditor.info. Este señala que Formosa no tiene ley, pero responde de manera ágil, mientras que, Entre Ríos, que sí tiene norma en la materia, obliga a hacer el pedido de información de modo presencial, es decir, hay que concurrir o, en su defecto, mandar carta, eludiendo las bondades del acceso digital y sus soportes.
El concepto de “público” también conduce a ambigüedades. Público puede ser el espectador que asiste a una representación, una noción algo pasiva. Pero “público”, en otra definición, es lo sabido por mucha gente, lo que se conoce y lo que se da a conocer.
Información pública deberían ser los datos sustanciales que se revelan de la gestión de gobierno, no la propaganda sino aquellos resultados que permitan a la ciudadanía ampliar la información común y contrastarla con la realidad.
El acceso a la información pública es una obligación para los Estados, pero además compromete nuestro comportamiento cívico. El saber, el poseer información, el conocer, sacude la indiferencia y alienta nuestra participación. Nos permite el control social.
Ahora bien, vivimos en un mundo de redes sociales en las que pululan las noticias falsas o parcialmente engañosas. Incluso la ciudadanía medianamente informada no pasa de conocer algunos índices. El de inflación, de desocupación, de pobreza o de deserción escolar.
Estos datos, a veces, forman parte de nuestra conversación cotidiana y los candidatos de un lado y del otro nos abruman con números alejados de nuestra posibilidad de comprobarlos.
A tanta información circulando le desconocemos su origen y sus consecuencias o, llanamente, no la comprendemos.
Esta maraña de datos nos va llevando a una simplificación improductiva y al desinterés de usarla en beneficio común. Es tanto lo que estamos en condiciones de saber que optamos, por temor, ignorancia o vergüenza, por no saber nada.
Pareciera que este mundo global necesita algo de rebeldía individual. Comprender que esta información universalizada no es el todo, ni la verdad. La información es un insumo al que aplicar nuestra capacidad de discernir.
La información pública, entonces, es el dato frío e inamovible; acceder a ella es darles a esos documentos el valor agregado de nuestro interés, entendimiento y competencia.
El 28 de septiembre, hoy, es el Día Mundial de Acceso a la Información Pública. También se lo conoce como el Día Internacional del Derecho a Saber. Ante este llamado los argentinos debemos sostener el mandato de nuestra historia y comprometernos a “saber de qué se trata”.