Vicentin vuelve a foja cero
Anularon el decreto de intervención y expropiación.
El presidente Alberto Fernández anunció ayer que dispuso la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de la empresa cerealera Vicentin S.A.I.C. por 60 días. El primer mandatario tomó esa decisión tras el fracaso del plan que impulsó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para crear un fideicomiso con participación estatal.
Fernández criticó al juez que lleva al concurso de la empresa por impedir que el Estado conozca el “pasivo real” de la compañía. En su cuenta de Twitter, el jefe de Estado aseguró que el juez Fabián Lorenzini “ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”.
“El Estado Nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”, afirmó el mandatario. Y agregó que la intención del Gobierno “siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo”.
“Nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído. La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”, remarcó.
Agregó Fernández que “en estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”.
“He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”, afirmó.
El 8 de junio, el Presidente anunció la intervención de Vicentin y el envío de un proyecto de ley al Congreso para la declaración de la utilidad pública y la expropiación de la cerealera, que en diciembre de 2019 había entrado en cesación de pagos. La medida tuvo fuertes rechazos de la oposición y de sectores del campo que se manifestaron en varios puntos del país para oponerse.