Por quién doblan las campanas...
Alberto Fernández, al pronunciarse respecto al proyecto de ley de Reforma de la Justicia, el 29 de julio último, manifestó: “en términos generales, proponemos organizar mejor la Justicia federal, y en particular, superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la Justicia federal con competencia penal… lo que estamos proponiendo es consolidar una Justicia independiente, … que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia”.
Las protestas que parecen en estos días querer hacerse escuchar en contra de la reforma de la Justicia, difícilmente puedan responder a que los argentinos consideren que la Justicia no necesita ser reformada, porque la gran mayoría de los ciudadanos suele manifestar que la Justicia no funciona como un poder independiente del poder político, vale decir, no funciona.
La molestia parece responder mayormente a los deseos “oportunistas” de la clase dirigente gobernante, que impulsan a una reforma que contiene una serie de principios que suenan loables, al mismo tiempo que revelan los intereses particulares de numerosos dirigentes políticos procesados con causas abiertas y múltiples pruebas en su contra, que, con dicha reforma judicial, probablemente, conquistarían rápidamente la ansiada liberación de culpa y cargo.
Cabe destacar, que cada gobierno o coalición de gobierno oficialista aprovecha su “momento de gloria” para acomodar la estructura y dinámica del Poder Judicial a su conveniencia. En otras latitudes le dicen mafia, acá preferimos llamarlo oportunismo.
Si como pronunció el presidente de los argentinos pocos días atrás, necesitamos superar la crisis que afecta la credibilidad de la Justicia federal y necesitamos consolidar una Justicia independiente, suena fabuloso que lo pretenda llevar a cabo, como lo anunció; pero no con la celeridad que parece apremiar al gobierno para poder implementar este proceso de reforma, porque esta celeridad, este apuro en querer reformar uno de los tres poderes del Estado, es lo que no permite que lo que debe ser renovado, se haga con la debida responsabilidad, la debida transparencia, y el debido rendimiento de cuentas en cada etapa del proceso de cambio. Y esta celeridad en medio de una pandemia, no permite a los ciudadanos encerrados en sus casas, preocupados por un virus y por sus economías domésticas devastadas, ser parte de este magnánimo, imprescindible e inminente cambio.
Guillermo O’donnell acuñó hace décadas el término accountability, intentando de algún modo explicar la importancia de la presencia ciudadana, del control ciudadano, de una ciudadanía proactiva y no pasiva.
Nuestra responsabilidad es enorme, nuestro poder es enorme, aunque muchas veces pretendan convencernos de lo contrario. Así funciona una república, sin oportunismos ni reformas aceleradas; con programas responsables, consensuados y debates profundos; con una ciudadanía presente y no confinada en sus hogares cuidándose aterrada de un “enemigo silencioso”.
La molestia parece responder a los deseos "oportunistas" de la clase gobernante