Poder bifronte
Alberto F y Rosenkrantz deben explicar a todos que son ellos los presidentes.
La mayor analogía entre el Gobierno y la Corte se observa en el poder bifronte. O una aproximación a esa dualidad. Alberto Fernández no controla el amorfo cuerpo de su administración y debe explicar que es él quien manda, a cada rato, y frente a cualquier interlocutor.
Está superado por las certezas o el rumoreo de las intervenciones de Cristina, una autoridad paralela a la suya en el mejor de los casos. Rosencrantz, a su vez, parece disputar un liderazgo grupal con Lorenzetti, como si ambos fueran la dividida cabeza de un instituto. Por razones de ego, son más opuestos que Cristina y Alberto.
Pero no son parte de un doble comando: integran una formación líquida de cinco personajes en la que cada voto vale el mismo peso en oro y en la cual, cuando se cierra la puerta de Talcahuano, abren el misterio de la Caja de Pandora en el que prevalece la simple mayoría de tres.
Como en el último fallo de aceptar el per saltum para evitar un momentáneo traslado de jueces, medida que no esperaban Gobierno ni especialistas. Curioso: Rosenkrantz parecía el único promotor de esa decisión, pero tambien fue sorprendido porque sus colegas aparecieron en el Palacio (hasta ahora se comunicaban por mails o zoom) y, una hora antes que él, se pronunciaron con el voto. Y quien se postulaba macho alfa quedó como simple acompañante del cuarteto para completar un abultado 5 a 0
El fallo, sin considerar aun el enigma pendiente sobre la cuestión de fondo, revela la impostura de las representaciones, como la de la UIA de los industriales o Ciara de los productores agropecuarios. Por no hablar de los trabajadores y la CGT, que empezaron con la promesa de un 17 de octubre multitudinario para volver a lavarse las patas en Plaza de Mayo y terminaron con un tik tok de los niños con buen delivery.
Otra evidencia complementaria de la última salida judicial ha sido la labilidad de quienes ostentan el máximo poder: Cristina se asustó, indignada ordenó que hablara su favorito, Mena, el segundo de la ministra ex socia de Alberto, Losardo, a la que le endilgan ciertos vínculos familiares con el Grupo Clarín. No dio la talla el elegido: además de exponer su versación limitada del Derecho (no fue precisamente un gran alumno), se quejó de que la Corte se detuviera en menudencias y no atendiera la gravedad de los apremiantes jubilados. No debe saber que ese dictamen reclamado, seguramente favorable a la clase pasiva, sería una catástrofe económica para el gobierno de los Fernández (superior a lo que fue el fallo Sancor, al inicio de la gestión de
Macri, cuando se laudó por Santa Fe, Córdoba y otras provincias). Si Ella se paralizó, el Presidente siguió desbarrancando: basta ver las redes sociales para comprobar una impresionante mordacidad contra él, que parece extraída de El Mosquito,
satírica publicación de finales del siglo XVIII, o del escenario de la menos añeja y burlona revista porteña. Asombra que un fallo suspensivo, a ser modificado quizas en veinte días, haya provocado tanta conmoción. Tambien en los presuntos ganadores. Al margen de la espera, se advierte que la política –emulando a Pilatos– le ha reservado a la Corte funciones que su propia actividad no resuelve. Casi un pase mágico para quienes vivían o creían hacerlo en un monasterio medieval, lejos del ruido, dedicados al silencio y la meditación. Pero las presiones de gobierno y de los medios, partidos y quejosos sectores de la población, relevaron de la siesta al quinteto judicial. Y, ahora, hasta proceden con urgencia. En el último caso, cuando advirtieron que la Cámara Contenciosa Administrativa se iba a escapar del tema de los jueces con una verónica al reclamar la versión taquigráfica de lo que había dispuesto el Senado. Faltaba que pidieran el análisis de sangre de los legisladores. Una anécdota, claro, frente a una nómina de casos en los que la clase política le cede responsabilidades a la Corte. Ejemplos de layas diversas:
♦ El Senado debate si puede sesionar virtualmente. Se judicializa.
♦ Se discute si una sesión de diputados es válida. Se judicializa.
♦ Un supermercado chino en Arroyito quiere abrir los domingos. Se oponen religiosos, concejales e intendente. Se judicializa.
♦ Conflicto entre 6 provincias por libre tránsito por el Covid. Se judicializa.
♦ Quita de coparticipación a la Capital Federal.
Se judicializa.
Tambien el fondo sojero y los decretos por IVA.
♦ Quema de pastizales en el Litoral. No se ocupan los gobiernos provinciales, hace planteo una ONG. Se judicializa.
La lista es más extensa y supone mayores conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Tambien alianzas, tal vez, siempre habrá un Pepin de turno.
De pronto, con el poder fragmentado, un nuevo rol se vislumbra en la Corte a pesar de que sus miembros se tiran con los folios por la renovación de su presidencia en octubre del año próximo. Gran dilema para los Fernández, en particular para Cristina. Del otro poder, el Legislativo, ni vale consignarlo: sus legisladores son un ejemplo de la belleza en el foro, comparables a Cicerón. Sea Esteban Bullrich mintiendo con una falsa imagen o el besuqueiro Ameri regresando a la precocidad materno-infantil. Además, el Congreso se aumentó el presupuesto en estos tiempos en más de un 50%. Caro, pero el peor.
La clase política cede a la Justicia funciones que no resuelve