Tres certezas y una quimera
En reiteradas oportunidades hemos referido a la disyuntiva que se le plantea al país, respecto al rumbo que necesitaba asumir, como única alternativa valedera para emerger de una peligrosa zona, casi inédita, de destrucción económica, fragilidad institucional, disolución social y emigración, efectiva o al menos deseada, de muchos argentinos, agotados por un clima de postración nacional, y fundamentalmente, de carencia de perspectivas.
La cuarentena eterna (y no sólo la pandemia) agravó problemas crónicos que aquejan al cuerpo social y económico: niveles inéditos de pobreza, impuestos agobiantes, desocupación, población enorme sometida a la economía informal, deterioro educativo, inseguridad creciente, justicia sospechada y deterioro del estado de derecho, entre tantos otros.
Se agrega una legislación laboral y previsional a contramano de las necesidades del país, y un esquema de procedimientos judiciales que generan impunidad, la persistencia del hostigamiento a la prensa independiente, y últimamente la virtual tolerancia oficial a las tomas ilegales de tierras, empeorado por la ambivalencia con que algunos funcionarios se refieren a las mismas, como por caso el gobernador bonaerense que comparó los countries de la provincia de Buenos Aires con las usurpaciones de tierras, y otorgando subsidios increíbles a los ocupantes, o la ministra Sabina Frederic argumentando que el tema de las usurpaciones tiene que ver con una necesidad de política social y habitacional, más que suponer un tema de orden penal, así como las declaraciones del jefe de gabinete nacional que constituyeron casi un incentivo a la usurpación impune de propiedades privadas: “… el derecho penal no arregla un problema social acuciante …”La respuesta no es sacarlos a palazos con un juez y un policía”.
En este contexto y en un marco de estampida cambiaria, la vicepresidente Cristina Fernández, emitió una larga carta abierta, que ha merecido innumerables interpretaciones. Caben destacar algunos de los temas abordados, en sus denominadas tres certezas. Afirma: “…..el problema de la economía bimonetaria …es… el más grave que tiene nuestro país, … de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales ..”
La Argentina, desde hace tiempo es un país con una sola moneda. La realidad indica que la economía en su conjunto, gira por fuera del rol formal de la moneda local, en base al dólar. No es el alegado bimonetarismo el problema, sino la falta de confianza en el peso.
Por otra parte, la convocatoria a un acuerdo amplio no resulta demasiado creíble. La prédica y las acciones llevadas a cabo por este Gobierno, del que la vicepresidente es parte fundamental, y su gestión en anteriores mandatos, ha sido exacerbar el “vamos por todo”, “ellos o nosotros”, “pueblo y antipueblo”, destrato y agresión a la prensa libre, ataques a sectores empresarios, leyes a contramano de la inversión privada, entre otras.
Con estos antecedentes, la iniciativa de concertación debería concretarse a partir de una serie de condiciones previas:
Debe definirse que la Argentina solo podrá emerger intentando restablecer la confianza perdida.
Asegurar que los ataques al sector privado y a las instituciones de la Constitución Nacional, como los que van dirigidos a la propiedad privada y a la división de poderes, habrán de cesar: ergo seguridad jurídica.
Emprender el camino para una administración de la cosa pública eficiente, a la inversa del accionar de la actual conducción nacional en sus distintos niveles.
Concordar en un programa económico que privilegie la inversión, permita proyectar horizontes de planeamiento creíbles, en el marco de una reducción sostenida del déficit fiscal y de la voracidad impositiva.
Teniendo en cuenta el accionar del oficialismo gobernante a lo largo de su historia, y dados estos imprescindibles prerrequisitos, no sería dable albergar exagerado optimismo sobre la concreción de la iniciativa vicepresidencial.