En situación de calle. La Ciudad apura un censo para saber cuánta gente vive en la vía pública.
La Ciudad negocia con organizaciones sociales para hacer un trabajo conjunto. Reconocen que la cifra aumentó y que hay “mucha gente nueva”. La mira en el IFE.
El Gobierno de la Ciudad analiza por estas horas definir la segunda semana de diciembre como fecha para realizar un nuevo censo para saber cuánta gente hay en situación de calle, escenario que ya anticipan que empeoró en los últimos meses con el aumento de la pobreza. Por ello vienen negociando con organismos públicos, organizaciones civiles y movimientos sociales para hacerla en conjunto, darle fortaleza a la cifra y evitar que pase, como en años anteriores, que el número termina siendo discutido.
La imagen es visible en la calle, sobre todo por las noches, cuando la Ciudad se apaga y quedan a la vista cada vez más personas durmiendo en la vereda. “Claramente se está viendo que hay más pobreza y eso influye en gente en situación de calle”, reconoce una fuente del gobierno porteño.
Tanto desde la Ciudad como desde las organizaciones sociales coinciden en que el número aumentó y con un detalle que es el que más les preocupa: “Hay mucha gente nueva, como también gente que nunca fue a comedores y ahora va a buscar comida… es gente que no tiene la menor idea de qué es estar en la calle”, resume Horacio Ávila, de Proyecto 7.
Precisamente, esa organización elabora también todos los años un censo que termina dando cifras muy disímiles a las del gobierno. En 2019, por ejemplo, 7.251 personas vivían en la calle según sus datos. Pero según la administración porteña esa cifra bajaba a 1.146.
El censo de gente en situación debe hacerse todos los años, según lo que marca la ley 3.706 de protección de derechos de personas en situación de calle y en riesgo. En abril último, cuando se preveía hacer una nueva edición, se canceló por la pandemia. El eje de la discusión suele estar en si se cuentan a los que están residiendo en paradores u hogares. En la Ciudad los cuentan diferenciados, las organizaciones lo suman al total.
Por eso en la última semana se aceleraron las negociaciones para hacer un solo censo. Estaban incluidos el Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría del Pueblo porteña, el CELS y organizaciones sociales como Proyecto 7 o MTD La Dignidad. La discusión central gira en torno a quién tiene acceso a la base de datos y su carga. Hay acuerdo en hacer el rastrillaje en cuadrillas conjuntas, pero las organizaciones quieren tener acceso a la carga de los datos para después poder analizarlos de manera integral. Algo a lo que se oponen en la Ciudad. La propuesta, en todo caso, sería garantizar acceso a la información pero sin interceder en su carga, según sostienen, para mantener las garantías de confidencialidad de los datos.
Fuentes porteñas estiman que en los paradores llegaron a registrarse un 35% de “gente nueva”, que no estaba en los registros oficiales. “Ya te das cuenta que son nuevos cuando hablás con ellos”, describen.
Durante la pandemia, el Gobierno porteño debió aumentar la cantidad de camas disponibles para gente en situación de calle. Llegaron a abrir nueve dispositivos de emergencia (mil plazas). La gran mayoría ya se volvió a cerrar porque muchas personas prefieren evitar los requisitos que exige la pandemia, como no poder salir y volver a entrar o tener que hacer aislamiento durante 14 días en un centro especial.
En el medio también tuvieron que aumentar la cantidad de subsidios habitacionales que se otorgan: pasaron de 12.000 a 15.000 los beneficiarios desde que comenzó la pandemia. Son de 5.000 a 8.000 pesos que se reparten. “Encima no alcanza para nada”, señala una fuente de la Defensoría porteña. Una habitación en un hotel de Constitución, por ejemplo, cuentan que no sale menos de $ 9.000. Una pieza (con baño y cocina en el exterior) en la Villa 31, en tanto, supera los $ 15.000.
“Otra de las cosas que notamos es que aumentó la mendicidad, y eso también da más percepción de gente en situación de calle”, analiza una fuente porteña. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce María Migliore, están atentos a lo que pase con el IFE. Alrededor de unas 300 mil personas que viven en la Ciudad vienen recibiendo esa ayuda del Estado y si se corta saben que el problema se puede profundizar, por eso ya están evaluando respuestas ante ese escenario.
Ávila tampoco duda del crecimiento de los números. Administra tres paradores y conoce los movimientos en la calle. Cree que aumentó, como mínimo, un 30%, por lo que estima que la cifra de su censo esta vez superaría las 10 mil personas.
Según la Dirección de Estadísticas y Censos de CABA, la indigencia a mitad de año casi que se duplicó, de 6,1% a 11,7%. En el análisis por trimestres es más dramática la situación: era del 7,8% en el primer trimestre (240 mil personas) y subió en el segundo al 15,7% (482 mil). “Tenemos que tener un número real para trabajar en serio, y si no trabajamos juntos en estas cosas va a ser un desastre lo que se viene”, resume un funcionario porteño.