Clase política, ajuste y privilegios
Toda unidad funcional, llámese familia, empresa o Estado debe cuidar que sus egresos no superen sus ingresos. Esta posibilidad es aceptable como hecho coyuntural, para atender una emergencia o por endeudamientos para dar un salto adelante; pero no puede convertirse en una práctica habitual sin terminar en algo no deseado. Es lo que ha venido ocurriendo con el Estado argentino, manejado por diferentes miembros de la clase política y con el aval de gran parte de la ciudadanía. Equilibrio imprescindible para no desatar procesos inflacionarios y desaliento a las inversiones.
Aún cuando el aval ciudadano no exime de responsabilidad a la clase política, es cierto que la cultura argentina, anidada en el subconsciente de esas mayorías y potenciada por los medios de comunicación, ha consagrado el despectivo vocablo de “ajuste” para estigmatizar toda búsqueda del equilibrio fiscal. Esto no llama la atención en el comportamiento del argentino medio, dado su poco apego a las normas y la fuerte presencia de conductas anómicas en sus interacciones sociales (Carlos Nino. Un país al margen de la ley). Se entiende menos el comportamiento de analistas y periodistas que en lugar de alertar sobre la gravedad de un problema real y colaborar para encontrar soluciones conducentes y equitativas, se dejan llevar por el facilismo de alinearse con esas posiciones demagógicas.
Pero la responsabilidad central recae en una clase política que, lejos de asumir su deber en cuanto a resolver los problemas socioeconómicos de sus representados, se distrae en debates sobre la creación de nuevos derechos sin atender a la necesidad simultánea de obtener los recursos para sostenerlos; cuando no ocurre que llegan al gobierno sólo para resolver sus problemas de empleo; o más grave aún, para utilizar los mecanismos del Poder para el enriquecimiento ilícito. Así, al no implementar políticas de desarrollo económico que generen recursos genuinos, no pueden evitar los desequilibrios fiscales que los llevan al tema de los “ajustes”. Y cuando se deciden por la opción de buscar ingresos sólo atinan a incrementar la carga impositiva ya gravosa de los productores existentes, lo que desalienta aún más nuevas inversiones.
Esta mala praxis de la clase política se agrava cuando los déficits se hacen insostenibles y deben buscar nuevos ingresos. Entonces se echa mano a cualquier recurso pero siempre evitando tocar sus privilegios. Por ejemplo se afectan los haberes jubilatorios del ciudadano común pero nunca los de la clase política. Así un vicepresidente de la Nación, por sólo cuatro años de servicios, pasa a cobrar 420 mil pesos mensuales sin peligro de quitas; y un concejal municipal de apenas 39 años considera retirarse de la función pública después de pocos años de “servicio” con un haber jubilatorio mensual de 100 milpesos. Es cierto que nuestro sistema jubilatorio debe ser revisado integralmente, pero no improvisando con simples recortes para salir del paso (revisión que debiera establecer un ingreso mínimo que permita a todos estar por encima de la línea de pobreza, y ajustable según la evolución de la misma).
Otros privilegios intocables son los llamados “costos de la política”. Aún considerando sólo los “legales” (derivados de leyes que esa misma clase dicta) puede mencionarse el caso de los legisladores provinciales, quienes según datos año 2018 costaban 29.726.260.573 de pesos, sin contar los de Nación ni los “representantes” de cientos de municipios en todo el país. Todo lo cual no es más que la punta del iceberg de esta fiesta de auto asignaciones presupuestarias. A ello se suman los miles de millones de pesos anuales para el asistencialismo utilizados con fines proselitistas, los que podrían ahorrarse si la clase política quisiera, y supiera, enfrentar una política de desarrollo económico que absorbería la mayor parte de las necesidades de esos millones de argentinos (los que de paso recuperarían su dignidad e independencia con empleos formales).
Una clase política comprometida con el bienestar general, eficiente en sus funciones y con manejo ético de los recursos públicos, debe centrar su gestión en el aliento a las inversiones productivas que generen los recursos para atender los gastos sin necesidad de ajustes. Esto sin renunciar a una severa revisión del gasto público para corregir el mal uso de los recursos.