Un nuevo informe reaviva el drama de los “falsos positivos”
El tribunal surgido de los acuerdos de paz con las Farc triplicó la cifra de asesinados por militares que el Ejército hizo pasar por guerrilleros. Todo apunta a Alvaro Uribe.
El fantasma de los “falsos positivos”, los civiles asesinados en forma ilegal por las fuerzas militares y hechos pasar como guerrilleros, uno de los legados más terribles de la violencia política colombiana, volvió a cobrar fuerza en el país al conocerse un informe oficial que triplica la cifra que la Justicia manejaba hasta ahora de esos asesinatos y que sostiene que la mayoría de ellos se cometieron durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, entre 2002 y 2008, quien cuestionó el documento.
Al menos 6.400 civiles fueron ejecutados por militares, y presentados como caídos en combate entre 2002 y 2008, cuando gobernaba Uribe, reveló la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de paz que nació de los acuerdos de desmovilización entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC, y comenzó a funcionar en 2015
El número casi triplica la cifra de víctimas conocida hasta el momento y da una nueva dimensión a este “fenómeno macrocriminal”, como lo llamó la JEP en su explosivo informe.
Práctica sistemática. Conocida en el argot militar como “falsos positivos”, esta práctica escabrosa arrastró a los militares hacia su mayor escándalo en las casi seis décadas de lucha contra la guerrilla.
Aunque el alto mando militar siempre negó que se tratara de una práctica sistemática, oficiales y soldados que se sometieron a la jurisdicción de paz confesaron su participación en los crímenes.
Según las investigaciones de la JEP, los militares orquestaron una suerte de “body count”, un conteo premiado de cuerpos para mostrar resultados en la guerra contra las guerrillas y las bandas paramilitares del narcotráfico.
En junio de 2018, la JEP recibió el expediente de la Fiscalía, donde se contabilizaban 2.248 víctimas de falsos positivos entre 1988 y 2014. La investigación del tribunal de paz, que se extendió durante dos años, eleva esa cifra hasta los 6.402 y, precisa que, además, el 59% de las ejecuciones extrajudiciales habrían ocurrido en un período temporal más corto, entre 2002 y 2008, los primeros seis años de mandato de Uribe, que dejó el poder en 2010.
La JEP se ocupa de las violaciones más graves a los derechos humanos cometidas por guerrilleros, paramilitares y soldados durante su enfrentamiento. Quienes confiesen su responsabilidad y reparen a las víctimas podrán recibir una pena alternativa a la prisión, pero si no lo hacen se exponen a condenas de hasta 20 años de cárcel.
Uribe. Enemigo de los acuerdos de paz con las FARC, de los que nació la “justicia transaccional” de la JEP, Uribe quedó en el centro de la repercusión por la difusión del informe, pero pese a que indudablemente el caso de los “falsos positivos” apunta a él y a su fuerza política, especialistas dudan que estas revelaciones tengan un efecto político considerable en el país, que hoy gobierna Iván Duque, aliado del ex presidente.
“No creo que las nuevas cifras vayan a tener un impacto político importante. Hace tiempo que todo este tema es conocido, hay muchas pruebas, muchos testimonios, y se sabe qué sectores están detrás”, dice a PERFIL el politólogo Juan
Cárdenas. “Sin embargo, esos sectores siguen hoy en el poder y muchos colombianos siguen votando por ellos”, recuerda.
El informe “sí podría tener un efecto a nivel internacional y hacer que organismos como la Corte Penal Internacional (CPI) exijan al gobierno colombiano medidas que lleven a la verdad y a la justicia, y eviten que estos hechos se repitan”, agrega el profesor de la Universidad de La Sabana.
Uribe, por su parte, rechazó ayer el informe porque, aseguró, sus cifras han sido extraídas de “datos sesgados de las ONG” y de “corporaciones para la defensa de los presos políticos, cuyo rango ideológico es conocido”.
Ex el presidente rechazó en particular una de las acusaciones más duras de la JEP, que calificó de “perversa” una directriz de su gobierno de 2005 que incentivaba económicamente la delación, e incluso las bajas de guerrilleros, lo que a juicio del tribunal explicaría en parte el aumento de asesinatos bajo su gestión. Esa orden “nunca se aplicó”, sostuvo.
“Aquí lo que hay es un propósito de decir que las Fuerzas Armadas de Colombia eran unos violadores de Derechos Humanos”, enfatizó Uribe, para quien es necesario al menos una reforma de la JEP, aunque sin descartar su posible derogación tampoco.
Sin embargo, el politólogo Cárdenas recuerda que “no hay una institución que tenga hoy en día más herramientas, tanto técnicas como informativas, para adelantar este tipo de investigaciones. La JEP recolecta todos los testimonios, pruebas e historias, de la fiscalía y de los otros cuerpos de investigación encargados de todos estos temas”.
“El rigor de este informe no está en cuestionamiento, más allá de que la JEP, al comenzar a destapar todos estos temas, van dejando en entredicho el nombre de sectores políticos y económicos y por eso hay tanta resistencia a conocer la verdad”, concluye el profesor Cárdenas.
“Son datos sesgados de las ONG” , dijo el ex presidente colombiano