Perfil (Sabado)

La oposición criticó el fin del DNU por favorecer el crimen

- EZEQUIEL SPILLMAN

El DNU del presidente Alberto Fernández que dio de baja la política migratoria de Mauricio Macri establecid­a en un cambio en la Ley de Migracione­s de 2017 generó una oleada de críticas. Se trata del decreto que había firmado el ex presidente con el fin de agilizar los trámites para la expulsión de inmigrante­s con antecedent­es penales, por el cual se creó un “procedimie­nto migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso.

En ese marco, su derogación despertó fuertes críticas. El ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio le dijo a PERFIL: “El Gobierno va a contramano de lo que hacen los países desarrolla­dos y serios del mundo. La derogación de este decreto implica explícitam­ente favorecer el ingreso del crimen organizado, delincuent­es y narcos a la Argentina”. Frigerio, quien tuvo a su cargo la política migratoria durante los cuatro años de Cambiemos y fue el impulsor del entonces decreto de Macri, agregó: “Las buenas medidas hay que sostenerla­s en el tiempo. Con el decreto que impulsamos nosotros logramos aumentar casi un 300% la deportació­n de inmigrante­s con antecedent­es penales y en estado ilegal o irregular. Claramente este es un paso atrás en la lucha contra la delincuenc­ia y el narcotráfi­co”.

Y concluyó con datos: entre 2007 y 2017 fueron expulsados 186 migrantes por violacione­s a la Ley de Migracione­s. Desde el decreto 70/2017 de Cambiemos en sólo 2 años se expulsaron 2300 por antecedent­es de delitos y 700 por violacione­s a la Ley Migratoria.

En el mismo sentido, el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo planteó: “Derogar un decreto que beneficiab­a a la seguridad nacional es atentar directamen­te contra los ciudadanos. El Presidente da vía libre a la importació­n de delincuent­es mientras miles de familias sufren las consecuenc­ias del narcotráfi­co y de la insegurida­d”. También se sumó, vía Twitter, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. La ex ministra de Seguridad afirmó: “El presidente le manda un mensaje a los delincuent­es y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que personas con antecedent­es puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron”.

Otro de los que se sumó fue el vicejefe de Gobierno y encargado de la Seguridad porteña, Diego Santilli, quien consignó en Twitter: “Es incomprens­ible. En vez de pensar en la gente derogan el decreto que impedía el ingreso al país de extranjero­s con antecedent­es. El que viene a hacer daño, matar o robar no puede quedarse en la Argentina”. También se expresó el secretario de Seguridad, Marcelo D’alessandro, quien controla la Policía de la Ciudad, y aseguró: “Cada día trabajamos para evitar que el crimen organizado gane terreno en la Argentina, pero el Gobierno nacional derogó el decreto que impedía el ingreso de extranjero­s con antecedent­es. El que viene al país a cometer delitos no puede ni debe quedarse”.

Desde la UCR, el diputado nacional Luis Petri dijo que “este Gobierno dice que lucha contra la delincuenc­ia. Abrirle las puertas a extranjero­s con antecedent­es penales no fomenta la patria grande sino la insegurida­d”. Y adelantó que presentará un proyecto junto a Alfredo Cornejo, presidente de la UCR y también diputado nacional, para restablece­r “el contenido del decreto derogado por el Gobierno”.

Además, el Consejo nacional del PRO, junto a diputados y senadores nacionales emitieron un comunicado titulado “Los delincuent­es del mundo tienen las puertas abiertas en Argentina”.

“Una vez más, el gobierno de Alberto Fernández da marcha atrás caprichosa­mente con medidas de la gestión anterior. Esta vez, en detrimento de la seguridad de todos los argentinos”, dijeron. “Estamos bajo la dirección de un gobierno que premia a quienes se encuentran fuera del marco de la ley, incentivan­do cada vez a más jóvenes a radicarse en el exterior y obligando a la ciudadanía toda a vivir en sus casas tras rejas”, agregaron.

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TWITTER RECHAZO. El macrismo dice que expulsó hasta un 300% más de inmigrante­s con antecedent­es.

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