Bolivia: pedirán acusar de genocidio a ex presidenta Áñez
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia aceptó el planteo de la fiscalía general y remitió al parlamento una acusación de “genocidio” contra la ex presidenta Jeanine Áñez, cuya defensa pidió a la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) una medida cautelar para pedirle al Estado boliviano “que proteja a una persona en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable”.
El jueves por la noche, el TSJ remitió al parlamento la acusación elaborada por la Fiscalía contra Áñez, a la que responsabiliza por la muerte de manifestantes opositores en 2019, tras la renuncia de Evo Morales.
“Se ha dispuesto la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional del requerimiento acusatorio con los fines de que pueda autorizar o no el juicio de responsabilidades a la ciudadana Jeanine Áñez”, informó el presidente del TSJ, Ricardo Torres.
Áñez, de 54 años y en prisión preventiva desde marzo, intentó suicidarse a principios de semana, en pleno deterioro de su estado de salud, según denuncia su familia. Está acusada de sedición, terrorismo, conspiración y genocidio, entre otros delitos, por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019.
Uno de sus abogados, Luis Guillén, sostuvo que ya han agotado todas las instancias judiciales para restituir los derechos de la ex presidenta. “Esta solicitud a la CIDH se debe a las amenazas, hostigamientos y agresiones en contra de la vida e integridad personal de la ex mandataria. Y ante la falta de un acceso a un tratamiento médico adecuado que hasta el día de hoy no ha podido recibir para restablecer su estado de salud”, afirmó Guillén.
Genocidio. La acusación había sido presentada el 20 de agosto por la Fiscalía General de Bolivia ante el máximo órgano judicial para su remisión al Legislativo. De acuerdo con Torres, esta es la cuarta proposición acusatoria enviada al parlamento contra Áñez, que está en prisión preventiva desde marzo.
Las anteriores se deben, entre otros motivos, a la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aval del Legislativo y la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión. Ahora, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá decidir si se realizará un juicio de responsabilidades contra la ex mandataria.
La aprobación del juicio solo es posible con el voto de dos tercios de los miembros del Congreso presentes durante la votación y, aunque el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales controla el parlamento, no tiene una mayoría suficiente.
La acusación contra Áñez surge de la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, en las que murieron 22 personas.