Draghi avanza con las reformas acordadas con la UE
El jefe del gobierno italiano Mario Draghi, se comprometió esta semana a imponer las reformas estructurales exigidas por la Unión Europea, aunque eso signifique irritar a un sector de su heterogénea coalición en el poder. “Debemos respetar el calendario de reformas negociado con la Comisión Europea para el plan de recuperación”, advirtió.
El ex presidente del Banco Central Europeo fue llamado en febrero a liderar Italia para sacar al país de la crisis política y económica en que se encontraba y adoptar las reformas que han sido por años postergadas. “El gobierno está avanzando, y su accionar no puede seguir el calendario electoral”, explicó Draghi al líder de la ultraderechista Liga Matteo Salvini.
A raíz del fracaso de su partido en las elecciones municipales italianas, el líder de la Liga quiso boicotear el consejo de ministros para marcar su disconformidad con la reforma del catastro, por temor a un aumento de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. Pese a la amenaza, la crisis duró poco: una reunión de una hora el jueves entre Mario Draghi y Salvini calmó el clima.
La reforma, aprobada sin los votos de la Liga, tiene como objetivo regularizar los inmuebles que no han sido declarados en el catastro, conocidos como “casas fantasma”, cuyo número se estima en más de un millón.
La reforma fue exigida por la Comisión Europea, que dictaminó en 2019 que “los valores catastrales, que sirven de base para calcular el impuesto predial, están en gran parte desactualizados”. No verá la luz antes de 2026, y la fiscalidad de los inmuebles no cambiará: “nadie pagará más, nadie pagará menos”, prometió Mario Draghi.
El objetivo declarado es reforzar la lucha contra la evasión fiscal, que cuesta a Italia alrededor de 100.000 millones de euros al año.
Italia, primer beneficiario del plan de recuperación europeo, recibirá en total 191.500 millones de euros en seis años (221.600 millones de dólares), a condición de que respete determinados objetivos. A la reforma fiscal se suma la reforma de la justicia, una de las menos eficaces de Europa, aprobada en septiembre para agilizar los interminables trámites y desatascar los tribunales.
Otra reforma, la de la competencia, deberá simplificar las normas vigentes para las licitaciones públicas.
El gobierno tendrá que encarar igualmente la reforma de las pensiones porque la última, denominada “Cuota 100” e introducida en 2019 de forma experimental, expira a finales del año. Hasta ahora las personas se pueden jubilar a partir de los 62 años después de haber contribuido durante 38 años, en comparación a los 67 años de antes.