Consensos políticos y demandas sociales
Argentina es un país que crece, en donde la desocupación disminuye, pero la plata no alcanza. Las exposiciones en el Council of Américas fueron un interesante muestreo de cómo un sector de la política nacional piensa en cómo se podrían resolver los problemas del país.
Las palabras acuerdos, consensos, orden, equilibrio fiscal, desarrollo e inclusión social estuvieron de un modo u otro presentes en la mayoría de los protagonistas. En el fondo se trata de saber si Argentina para salir de la crisis en la que se encuentra necesita llegar a diálogos, acuerdos y consensos que le permita definir políticas de Estado. O como plantean sectores de ambos bandos del espectro político, hablar con el otro carecería de sentido, porque piensan distinto y nunca podrán ponerse de acuerdo, porque el país está en problemas por culpa de las acciones del otro.
El anuncio que vienen haciendo tanto el Presidente como Sergio Massa de que prontamente se llamará a un acuerdo económico-social es una muestra de que el Gobierno parece entender no solo la necesidad de poner las cuentas en orden, primer paso para evitar que la inflación se convierta en un problema ingobernable, sino también que sin diálogo con los sectores productivos y sociales, no hay salida.
En relación al diálogo con la oposición la cuestión parece más retrasada, parece preferirse acuerdos en el Congreso más que de cúpulas. En fin, el tiempo dirá. Rodríguez Larreta también está hablando de la necesidad de acuerdos y consensos, poniendo como ejemplo lo sucedido en Israel.
El embajador de Estados Unidos fue más allá y dijo no esperen a las eleccion: es, hagan ya, la coalición. Buena como idea, difícil ponerla en práctica. Y en el marco del diálogo, bien o mal, el agro comenzó a liquidar dólares –seguramente no todos los que el Gobierno espera–, y en el marco de ordenar las cuentas se anunció el cambio en los subsidios de los servicios públicos.
La necesidad de que las cuentas estén en orden es algo claro, tanto para el Gobierno nacional como para los gobernadores, de todo signo político. Si no tienen guardada una nómina para pagar los sueldos de la administración pública, siempre estarán en problemas.
En las periódicas reuniones de los gobernadores oficialistas en las que suele participar Manzur, la necesidad de que haya fondos y obras para la gestión son moneda corriente de discusión. Claro que una cosa es poner la casa en orden, y otra, poder resolver los reclamos sociales lógicos en un momento en que hay trabajo, pero los ingresos no alcanzan. Y que a su vez, hay más trabajo informal que formal.
Por eso llegó el día en que la CGT oficial decidió movilizarse. Luego de muchas vueltas, al comienzo sin saberse un para qué, pero sí el por qué, la organización sindical comenzó a definirse. Y el para qué quedó más claro. Por un lado compitió con el Polo Obrero y sus organizaciones afines que le vienen ganando la calle, por el otro, definió el tema a resolver: la inflación, puso el gran culpable en las corporaciones, y de paso, le mandó un mensaje a Alberto Fernández; algo así como: “resolvé esto que no da para más”.
Una caricia y una amenaza. Caricia porque estarían aceptando un bono para los más desprotegidos, como parece insinuar el Gobierno, amenaza porque de la paritaria no se bajan y necesitan ver que los precios disminuyan, para no tener que volver a movilizarse. El tema del bono es interesante como símbolo de la encrucijada en la que está nuestra economía. El bono hoy puede ser el modo en que el Gobierno resuelva la brecha de ingresos de los más perjudicados económicamente, pero tiene el riesgo que se le vuelva un bumerán porque no resuelve el problema de base y da aire a quienes piensan que el déficit del Estado puede agigantarse sin límite.
Por suerte el bono para un importante sector de la sociedad incluyendo a votantes del oficialismo y de la oposición, es percibido como un símbolo de “planerismo”. Un parche que no resuelve las cosas. El decreto que anuncia la posibilidad de que quienes reciban planes puedan integrarse al trabajo formal, sin perder el subsidio, es un primer paso y habrá que ver sus resultados. Pareciera ahora que la dirigencia toda comience a pensar cómo reconstruir la idea de que una sociedad que se desarrolle y sea inclusiva, no puede solo ser dependiente de la voluntad del Estado ni de la pasividad de los privados.
Finalmente estatistas y privatistas debieran pensar que sin integración social y cultura del trabajo no hay futuro.