Cómo salir de la inflación
Es muy probable que terminemos el año con una inflación anual del 80/90%. Su origen es el gasto público imposible de atender con los ya muy elevados niveles de presión impositiva y previsional. Y como el Tesoro ha llegado al máximo de lo tolerable en materia de endeudamiento, se lo financia con la emisión monetaria que ceba el aumento de demanda y da por resultado un desequilibrio con la oferta que se traduce en inflación. Durante el último año, el déficit primario (es decir, gasto contra ingresos sin contar los financieros) creció sobre el año anterior, en términos reales (o sea, descontando la inflación) un 76,5%; y el déficit financiero, un 32,3%. En el gasto corriente, el rubro de mayor incidencia fueron las prestaciones de la seguridad social (38,8% del gasto total), seguido por las transferencias al sector privado (básicamente, los subsidios por atraso tarifario) que representaron el 26,9% de ese gasto; las remuneraciones y los gastos de funcionamiento del sector público, que sumaron otro 15,4%; mientras los intereses de la deuda pública demandaron un 7,3% del total y van en aumento de mes en mes. El déficit operativo de las empresas públicas (4,8%), las transferencias a las provincias (3,7%) y a las universidades (2,9%) completan el cuadro de los principales rubros del gasto.
Teniendo en cuenta esta situación, nos preguntamos si sería posible, manteniendo las mismas políticas y sin reformas de fondo, pero con mayor disciplina en la administración del gasto, llegar al equilibrio fiscal. Para ello simulamos un “ajuste” a los egresos corrientes del último mes disponible (julio 2022) que planteamos en el cuadro siguiente.
Así se alcanzaría un superávit operativo que permitiría cubrir casi la totalidad del déficit financiero. Las condiciones para lograrlo no parecen, a primera vista, tan difíciles de alcanzar. La reducción en materia de seguridad social puede lograrse con los 12.500 millones de pesos de disminución mensuales previstos por la actual administración en el Plan Procrear (50.000 millones en lo que resta del año) y el resto con una reducción de solo el 2,6% mensual del gasto a través de una mejor administración de los fondos y la eliminación de una parte del elevado grado de intermediación en el sector, algo que ya está a estudio de la actual conducción del Gobierno.
En materia de salarios, estamos ante el colmo del despilfarro. Hoy contamos con 20 ministerios más la Jefatura de Gabinete, 111 secretarías, 182 subsecretarías, 927 direcciones y 52 subdirecciones. Y hemos identificado 3.743 cargos designados por decreto o resolución ministerial para cubrir posiciones de alta dirección, gerencias, coordinadores y otros cargos de responsabilidad. La sola Jefatura de Gabinete cuenta con 114 direcciones y 27 subdirecciones, muchas de las cuales posiblemente duplican responsabilidades que también existen a nivel ministerial. En total, la administración central (es decir, sin contar las empresas públicas ni otros entes autónomos) cuenta hoy con 481 mil funcionarios, de los cuales el 28% son contratos temporarios, que absorben el 18% de los egresos en salarios. Para alcanzar la meta que proponemos bastaría con cumplir estrictamente el reciente anuncio ministerial de no tomar nuevos empleados públicos y con no incorporar empleados transitorios a planta. De este modo, la reducción “natural” por jubilaciones, retiros y defunciones, facilitaría un ahorro de la magnitud prevista. La reducción del gasto de bienes y servicios, la mitad estaría asociada a la reducción de personal y la otra a un control más severo del gasto, comenzando por viajes y viáticos, un tema sobre el que aparentemente también se están tomando algunas medidas en este momento.
La reducción de las transferencias al sector privado sería consecuencia de la quita de los subsidios a las tarifas de energía, gas y agua. Las reducciones de las transferencias a las provincias bien pueden hacerse por la reducción parcial de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la acumulación para futuros ejercicios de la recaudación prevista por ley para tal fin. Esto resultará largamente compensado por los aumentos de ingresos locales que obtendrán las provincias a partir de la lamentable anulación del Consenso Fiscal de 2017, que apuntaba a la paulatina reducción de los impuestos y tasas provinciales más distorsivos. El caso de estos aportes, merece un pequeño análisis. Si bien fueron concebidos por ley para “atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de las provincias”, su manejo por parte del Ministerio del Interior siempre ha sido más o menos arbitrario. En el curso del primer semestre de este año no es fácil de explicar su distribución: el 16,5% fue a la provincia de Buenos Aires y el 12,8% a La Rioja, mientras que Chaco recibió el 5,5%, más que Santa Fe o Córdoba, mientras la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no recibió nada. Por esta razón, el Ministro de Economía acaba de decidir una disminución de 49.000 millones de pesos para estas transferencias en los últimos cuatro meses del año. Respecto de la disminución del gasto en las Universidades, no resulta fácil determinar cuánto puede lograrse por la terminación por vencimiento y no renovación o cancelación de contratos de personal transitorio de la Administración Central realizados a través de las universidades, pero es posible que sea una suma importante. Por otra parte, la ligereza con que se han creado últimamente muchos de estos establecimientos en el Gran Buenos Aires y en el interior del país, nos deja la convicción de que hay margen para un ahorro significativo sin afectar sus funciones específicas.
De las empresas públicas, la mayor fuente de pérdidas es Aerolíneas Argentinas, seguida de los Ferrocarriles, AYSA y la Casa de la Moneda. En las tres primeras, costos y tarifas corren por cuentas separadas, con el agravante de que Aerolíneas arrastra un importante pasivo operativo fruto de la equivocada política seguida en materia de adquisición y leasing de aeronaves. En el caso de los ferrocarriles de pasajeros, las tarifas son mínimas, pero cuentan con el mayor plantel de empleados de todas las empresas públicas (23.785 empleados) y en el último año registró un aumento del 9,35% de su planta, solo superado por el Correo Argentino, que ya tiene 18.500 empleados y vio crecer su planta en el último año en un 10%. El actual equipo del Ministerio de Economía ya dejó claro que también aplicará a estas empresas el congelamiento de vacantes. El resto de la reducción de su gasto estaría vinculado a una mejor administración de los recursos y, en algunos casos, como el del transporte ferroviario, a pequeños aumentos tarifarios que permitirían alcanzar ese objetivo.
De este modo, contando mensualmente con un superávit operativo de unos 129.000 millones de pesos el Tesoro no tendría más necesidad de aumentar la presión impositiva, de obtener adelantos para el pago de impuestos ni de recurrir a la colocación de bonos ni mucho menos a la emisión lisa y llana del BCRA. Al contrario, contaría con capacidad para ir cancelando la parte más costosa de su deuda –aquella que está indexada– y bajaría la presión sobre el sistema bancario. El resultado serían tasas de interés más bajas y mayor disponibilidad de financiación para el sector privado. Es decir, saldríamos del círculo vicioso de la inflación para entrar en el círculo virtuoso de la estabilidad y, por ende, del crecimiento.