Las organizaciones sociales exigen la continuidad de la emergencia alimentaria
Las organizaciones sociales que tienen sintonía con el Gobierno como aquellas que le muestran los dientes tienen por delante un debate, para nada menor: qué posición tomar ante el fin de la Emergencia Alimentaria Nacional, que se producirá el 31 de diciembre de este año.
Las primeras señales, desde los distintos representantes sociales, son favorables a la continuidad de la Emergencia Alimentaria, sobre todo ante un contexto dominado por la inflación, en especial en alimentos, con consultoras privadas que estiman que en septiembre subieron un 7% y se encuentran en línea recta al 100% anual si continúan con esta tendencia. Lo que significa un impacto directo en sectores de menores recursos.
Según Mónica Sulle, la líder del MST Teresa Vive, una de las agrupaciones que forma parte de la Unidad Piquetera, el colectivo de organizaciones más crítico del oficialismo, es fundamental la continuidad por los sectores “populares y vulnerables, que necesitan bancar la canasta básica”.
La dirigente, a su vez, en su contacto con PERFIL, resalta que los movimientos sociales siempre siguieron el tema de cerca, de hecho marca que fue una conquista de ellos, y pide que comience la discusión por “una soberanía alimentaria”.
“Permitiría decidir entre todos qué cosas se producen para el extranjero y para que no sigan estallando los precios, con el objetivo de que se puedan sostener los productos con los salarios de los grupos de mayor vulnerabilidad”, justificó la representante.
Desde el Frente de Organizaciones en Lucha coinciden con el planteo del MST, sobre todo considerando los últimos índices de pobreza e indigencia y el incremento que se vio en la canasta básica alimentaria. “Hay personas que cobran salarios de apenas 25 mil pesos, que ni siquiera alcanzan para comer según los números del Indec, lamenta Hebert Lima, delegado nacional de Jujuy del mencionado colectivo.
Pero marca una contradicción de la normativa de la Emergencia Alimentaria, que está consagrada en el marco de la Ley N° 27.519 y que estableció un régimen especial de compensación para quienes efectúen ventas de bienes de primera necesidad, como los lácteos por ejemplo, para generar un efecto favorable en los valores destinados a la población.
“Vivimos en un país que produce alimentos para diez veces su población y las empresas productoras registran cifras récord de ganancias, es decir un puñado de firmas controlan desde hace décadas los platos de comida de todos los argentinos”, argumentó el dirigente, cuyas palabras según pudo conocer este medio coinciden con el análisis de representantes de organizaciones con sintonía oficial aunque todavía evitan dar postura públicamente.
“Hay personas que cobran salarios de apenas 25 mil pesos”, argumentan