Anarco-capitalismo versus anarco-progresismo
La anarquía se define como “Ausencia de poder público”, el que en las sociedades modernas se ejerce desde el Estado. Fenómeno que en nuestro país supo hacer algún pie en el sindicalismo, pero sin configurar una fuerza política competitiva. Sin embargo, nuestras reiteradas crisis han creado las condiciones para que aparezca una propuesta política en esa dirección, la que enfrenta a otra forma particular de anarquía que cohabita con un Estado grande en personal y recursos.
La propuesta política viene de un candidato con buen apoyo ciudadano que se declara “anarco-capitalista”, prometiendo que de llegar al Poder “terminará con el Estado”, lo que en los hechos, seguramente signifique que disminuiría drásticamente sus funciones para quedarse con un Estado al servicio de su proyecto de sociedad. Algo así como lo ocurrido al inicio de la Revolución Industrial, con un liberalismo económico que postulaba la no intervención del Estado en la economía, el que, sin embargo, estaba muy presente en la represión de cualquier acción que pusiera en riesgo esa forma de producción.
Paralela a esta propuesta existe una experiencia anárquica concreta, escondida detrás de un relato “progresista”, que captura un Estado formal grande y dispendioso para hacer uso privado del mismo y convertirlo en un aparato “ausente” en cuanto a sus funciones. Un “anarco-progresismo” que el kirchnerismo ha perfeccionado y puesto a su servicio.
Un anarquismo que destruye el Estado al hacer que abandone funciones básicas como la de garantizar educación gratuita y de calidad al conjunto de sus ciudadanos, delegando esa función en un sindicalismo que la sustituye por un adoctrinamiento arcaico y destructivo, con los resultados que muestran las evaluaciones nacionales e internacionales que ubican a nuestro país en los últimos lugares. Lo mismo ocurre con la salud, entregada en parte a las obras sociales de los sindicatos y en parte a “la voluntad de Dios”, dada la necesidad de milagros para hacer frente a semejante tarea con magros salarios al personal y falta de los insumos más elementales. La protección a la vida, los bienes y la seguridad de las personas ha dejado de existir, paralelo al crecimiento del narcotráfico o de los motochorros que se han hecho dueños de la calle y de esos bienes. “Promover” el bienestar material de los argentinos es otra de las funciones de las que el Estado se ha ausentado. En lugar de incentivar las inversiones productivas para la creación de riquezas y de empleo genuino, se lo usa para poner trabas a todo el que quiera invertir, fomentando una dependencia que se atiende con una forma de asistencialismo que le permite perpetuarse en el Poder. Un asistencialismo que al no contar con recursos genuinos genera déficit fiscal, emisión e inflación, que llevan a una pobreza e indigencia en constante crecimiento. Y hasta deja de cumplir con una obligación elemental como es la de garantizar la integridad del territorio nacional al dejar parte del mismo, en manos de comunidades que se declaran no argentinas.
Un aparato público que sin embargo, ha tomado dimensiones elefantiásicas para servir a los gobernantes, quienes se apoderan de él para ubicar a parientes, amigos y correligionarios (los que consiguen empleo estable y bien remunerado pese a no cumplir funciones reales, dada la falta de calificación de ellos, así como la inacción del propio Estado). Para no hablar del uso que se hace del Estado como fuente ilegal de negociados, de los cuales los “cuadernos de Centeno” son apenas una muestra. El uso privado de las diferentes “cajas” del Estado ha llevado al extremo de “lotearlo” para satisfacer las apetencias partidarias y personales de las diferentes facciones que integran el grupo gobernante.
Anarco-progresismo: una práctica política que captura el Estado y lo privatiza para pagar favores, comprar voluntades y enriquecerse, dejándonos sin Estado.
La anarquía es la ausencia de poder público que se ejerce desde el Estado