Prioridades que nos impone la tragedia
Se ha cumplido un nuevo aniversario de la tragedia del ARA San Juan ocurrida hace cinco años, en la madrugada del 15 de noviembre de 2017. Se trata de una conmemoración en la que cada año se hace presente, con creciente intensidad, el dolor y la frustración por aquel hecho infausto, trayéndonos a la memoria a los 43 hombres y a la mujer que integraban la tripulación, a quienes honramos como compatriotas que dieron su vida cumpliendo con su deber. Es una ocasión especial para destacar la lucha de las familias de los tripulantes y de quienes los han acompañado y para valorar que esa lucha marcó el fracaso de los intentos de quienes, por todos los medios, intentaron que esa tragedia pasara al olvido.
Fue una tragedia que se pudo evitar. Así lo determinó la Comisión Bicameral Investigadora del Congreso de la Nación en su Informe Final, al analizar las múltiples circunstancias y la sucesión de hechos que derivaron en el hundimiento del submarino y en la muerte de la dotación. Es por ello que, junto con el homenaje a los tripulantes y el reconocimiento a sus familias, se impone la necesidad de que como sociedad y, especialmente, desde el Estado se reflexione sobre la importancia estratégica de afianzar nuestra conciencia de soberanía y valorar el papel de la defensa nacional.
El ARA San Juan y su tripulación cumplían un papel irremplazable como única unidad submarina operativa en el país. Con su pérdida se ha visto dañada la capacidad de control del espacio marítimo argentino y nuestro país ha quedado privado de un arma estratégica, fundamental para la defensa nacional. Frente a esta situación se imponen en mi opinión tres prioridades en la acción del Estado argentino, para lo que se requiere el máximo compromiso de los decisores públicos que determinan y expresan la voluntad de los distintos poderes del Estado.
La primera es cerrar el ciclo de determinación de las responsabilidades de quiénes se encuentran bajo proceso judicial. La impunidad resulta intolerable frente a la más grave tragedia militar ocurrida desde la recuperación de la democracia. Así como el Congreso de la Nación y el Ministerio de Defensa cumplieron con sus deberes de investigar y, en el marco estricto de sus atribuciones, identificaron responsabilidades, el Poder Judicial debe cumplir con su deber constitucional de hacer justicia. Lamentablemente, en las causas por la determinación de responsabilidades penales por la desaparición y hundimiento del submarino y por las actividades ilegales de espionaje contra los familiares de los tripulantes, la independencia del Poder Judicial se encuentra cuestionada como consecuencia de los reiterados escándalos jurídicos que los querellantes han denunciado. Contrasta claramente con ello la tarea esmerada, concreta y rigurosa que llevó adelante la Comisión Bicameral Investigadora del Congreso y la acción reparadora que la gestión del actual gobierno realizó desde el Ministerio de Defensa, regularizando un proceso disciplinario que venía plagado de ilegalidades y dando lugar a la actuación y decisión sancionatoria del Consejo de Guerra.
La segunda prioridad debe ser hacer de la tragedia una oportunidad de aprendizaje y de modificación de todos los dispositivos que resulte necesaria para que las tragedias militares evitables no se repitan. Las lecciones que deja aquella tragedia deben ser aprendidas. El sentido de la defensa nacional, la crónica desinversión en la Defensa Nacional, el carácter vetusto de gran parte de la normativa que rige la actividad militar y la necesidad de incrementar la capacitación y profesionalización del personal militar fueron algunos de los tópicos que la Comisión Investigadora del Congreso señaló como de imprescindible revisión y cambio a partir de las conclusiones que derivaron de la investigación. La creación del Fondef y la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional impulsadas por el actual gobierno son respuestas oportunas para afrontar los desafíos de las lecciones que ya hemos podido capitalizar tras el hecho trágico.
Por último, como tercera prioridad, considero que Argentina debe recuperar su capacidad submarina. Nuestra creciente conciencia marítima nos permite visualizar el valor estratégico de nuestro mar, el carácter fundamental que tiene para nuestro presente y futuro el espacio marítimo argentino en un área cada vez más relevante en el contexto internacional como resulta ser el Atlántico Sur. Las gestiones del Ministerio de Defensa y de la Armada Argentina para la adquisición de submarinos deben ser valoradas como prioritarias y estratégicas ya que la Argentina no tendrá capacidad plena de control de su espacio marítimo hasta que no incorpore submarinos y submarinistas que puedan cumplir la misión que tenía el San Juan y su tripulación, la de ser custodios de la soberanía nacional en nuestro mar.