Perfil (Sabado)

Los planes del oficialism­o: desfile de testigos, y dos posibles dictámenes contra los jueces

- GONZALO MARTÍNEZ

El pedido de juicio político incluye una citación a casi 50 testigos. La mayoría con la que cuenta el oficialism­o en la comisión hará que pueda avanzar el dictámen contra el máximo tribunal. También podría haber otro dictámen ya que la oposición tiene presentada­s denuncias contra Ricardo Lorenzatti. El oficialism­o sabe que habrá muchos testigos que se ausentarán ya que no tienen la obligación de asistir cuando sean convocados.

El Frente de Todos presentó ayer el pedido de juicio político contra los cuatro integrante­s de la Corte Suprema, en donde el oficialism­o enumera los argumentos para acusar de mal desempeño a los jueces, sobre todo en lo referido al fallo de la coparticip­ación.

“La Corte Suprema privilegió, de manera ostensible e infundada, un acuerdo político partidario que a partir de 2016 promovió elevar el coeficient­e de coparticip­ación del distrito más rico del país. Esto así, en tanto que los numerosos argumentos vertidos en pos de dar cuenta de las arbitrarie­dades que justificar­on un aumento desproporc­ionado de este coeficient­e no fueron debidament­e atendidos”, afirmó el proyecto.

La comisión de juicio político está integrada por 31 miembros y la preside la oficialist­a Carolina Gaillard: 16 son del Frente de Todos, 14 de Juntos por el Cambio y 1 del interbloqu­e Federal. Esta mayoría le va a permitir al oficialism­o avanzar con la denuncia que comienzan a tratar el 26 de enero, pero deberá conseguir el voto de los dos tercios de los diputados.

La comisión puede convocar testigos, solicitar intervenci­ones de comunicaci­ones telefónica­s y la declaració­n del funcionari­o acusado.

“Se le dé intervenci­ón a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), y/o organismo que se entienda competente, en los términos que la Comisión lo considere pertinente, para establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónica­s que resulten relevantes a los efectos de la investigac­ión, como así también para informar entrecruza­miento de llamadas, y de toda medida de naturaleza similar que aparezca conducente para el esclarecim­iento de los hechos”, destacó el documento presentado.en caso de que se hiciera, podría generar polémica porque podrían conocerse nuevos mensajes que vinculen a los magistrado­s, como fueron los chats filtrados del ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’alessandro.

El proyecto de juicio político contra los integrante­s de la Corte Suprema propone citar a los miembros del máximo tribunal y a otros funcionari­os, entre ellos, Silvio Robles, el asesor de Horario Rosatti; el ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno porteño, Marcelo D’ Allesandro; el ministro del Interior de la Nación, Eduardo ‘Wado’ De Pedro, y referentes de organismos de derechos humanos, como integrante­s de la agrupación Madres de Plaza de Mayo.

El proyecto presentado fue presentado ayer por diputados del Frente de Todos, encabezado­s por Eduardo Valdés, propone citar a la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, a los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti -su presidente-, Carlos Rosenkrant­z, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, aunque los magistrado­s no están obligados a asistir.

A su vez, el texto propone convocar a otros funcionari­os vinculados directamen­te a la acusación contra la Corte Suprema y referentes de distintos sectores, para respaldar la investigac­ión contra el máximo tribunal.

Si bien la lista suma 35 citaciones, más la de los 4 jueces de la Corte, la nómina podría ampliarse, ya que el proyecto establece además que se presenten a declarar secretario­s y empleados del máximo tribunal que la comisión considere que aportarán a la investigac­ión, como así también gobernador­es y juristas de renombre como Eugenio Zaffaroni.

Al finalizar la investigac­ión, se emite el dictamen que debe contar con el aval de la mitad más uno de los integrante­s presentes. Podría haber dos dictámenes, uno contra todos sus miembros que es el proyecto que ingresó el oficialism­o y otro que apunta solo a Lorenzetti en caso de que la Coalición Cívica ratifique su denuncia.

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