Violencia es violencia
El intento de provocación al nuevo gobierno de Brasil para incitar una intervención militar no puede disociarse de la ola de violencia y desestabilización de las instituciones que afecta a América Latina desde hace varios años. El 11 de septiembre de 2001 se aprobó la Carta Democrática Interamericana en una sesión especial de la OEA celebrada en Lima. Existía en esos momentos un auge democrático que atravesaba todo el continente con la excepción de Cuba, que por su sistema de partido único no integraba el organismo.
La Carta Democrática fue invocada por Venezuela en 2002 en ocasión del intento de golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. En la segunda oportunidad, la Asamblea Nacional solicitó la intervención del secretario general de la OEA ante el desconocimiento del Ejecutivo de las competencias del Legislativo. Las crisis en Brasil con la destitución de Dilma Rousseff en septiembre de 2016, el Lava Jato, la cadena de corrupción de Odebrecht, la represión en Nicaragua y el conflicto de poderes en Bolivia con la modificación de la Constitución para permitir la reelección de Evo Morales en noviembre 2019 contribuyeron a minar la confianza en las instituciones del sistema democrático. La Carta Democrática es hoy un papel que muchos quieren arrojar al basurero.
El cuestionamiento mediante la violencia callejera se convirtió en poco tiempo en la herramienta para eludir los canales democráticos y desconocer los resultados de las elecciones. El presidente Guillermo Lasso, elegido con el 52,5% en abril de 2021, tuvo que afrontar varias asonadas contra su mandato organizadas por la oposición, que había obtenido 47,5%. Las demostraciones violentas en Chile organizadas por el Frente Amplio y el Partido Comunista en 2019 forzaron la convocatoria a una asamblea constituyente por fuera de la Constitución y en Colombia, el senador Gustavo Petro lideró las protestas calificadas como “incendio social” para degastar al gobierno de Iván Luque. Una situación similar se vivió en la Argentina en el período 2016/2019, cuando los resultados de las elecciones fueron 51,3% contra 48,6%; en diciembre de 2017 bandas organizadas, alentadas por legisladores, intentaron tomar el Congreso de la Nación en un ensayo de lo que sería el 6 de junio en Washington con el ingreso al Capitolio.
Los últimos dos acontecimientos tuvieron lugar en Perú y Brasil. El primero fue el reemplazo de Pedro Castillo por la vicepresidenta Dina Boluarte después del fallido intento de golpe del jefe de Estado que generó una violenta reacción por parte de sus seguidores, apoyados por el Partido Perú Libre de Vladimir Cerrón, vinculado a Sendero Luminoso, y el segundo en Brasilia, donde seguidores de Jair Bolsonaro ocuparon el Palacio del Planalto, el Congreso y la Corte de Justicia reclamando la anulación de las elecciones del 30 de octubre, donde Lula da Silva obtuvo el 50,9% contra el 49,1% de su contrincante.
La reseña sobre las protestas políticas y los intentos de desestabilizar los gobiernos ungidos en elecciones libres muestra un clima de crispación y el escaso o nulo respeto por las reglas del sistema democrático para canalizar las demandas. Políticos que no aceptan los límites de reelección y buscan perpetuarse en el poder hasta la utilización de grupos de choque para forzar cambios de gobierno o desconocer resultados electorales y entorpecer la labor gubernamental han devenido opciones corrientes. Las acciones en Brasilia, como anteriormente lo fueron en Chile, Ecuador, Colombia, Perú y la Argentina, revelan la falta de conciencia sobre el significado de las instituciones y los mecanismos democráticos para generar un clima de estabilidad donde se puedan abordar soluciones para resolver los problemas de la ciudadanía.
América Latina es la región que quedó postergada con relación a Asia y Europa oriental por la incapacidad de definir su inserción en la economía internacional. Estos acontecimientos, en momentos en que se está diseñando una redistribución de las cadenas de valor y los países acentúan sus políticas para captar inversiones, todavía existen sectores extremistas fascinados por la violencia, tanto de izquierda como de derecha. La ausencia de estabilidad y compromiso con el sistema democrático solo acentuará la polarización y el aumento de la pobreza.