El fin de la convertibilidad y la cruel necesidad del ajuste infinito
FEDERICO I. POLI.*
El inicio de la depresión pudo atribuirse a la devaluación de Brasil en enero de 1998, dada la inflexibilidad de la paridad cambiaria. Así, entre el segundo trimestre de 1998, cuando el PIB alcanzó su máximo valor, y el último trimestre de 2001, antes de la devaluación, la declinación del producto agregado fue del 15,6% (2/3 de esa caída ocurrieron en el segundo semestre de 2001). Además, se verificó una declinación abrupta del empleo a tiempo total y el incremento en la tasa de desempleo que, en los meses previos a la salida de la convertibilidad, superó el 18% de la PEA (Población Económicamente Activa). Estos dos fenómenos en el mercado de trabajo fueron los que explicaron el empeoramiento en la distribución del ingreso y el incremento de la pobreza durante el régimen de convertibilidad. En el año 2000, el decil de las familias más ricas equivalía a 38 veces el de las familias más pobres, mientras en 1991 era de solo 23,6 veces. (Frenkel, Damill, Maurizio). La contracción económica también determinó un incremento del déficit fiscal consolidado hasta 6% del PIB, a pesar de los ajustes contractivos, y generó la insostenibilidad de la deuda pública externa, que hizo saltar el riesgo país a niveles récord.
El sistema financiero estaba deteriorado, había perdido 22% de los depósitos, la tasa de interés era altísima en términos nominales y, más aún, en términos reales, dada la deflación en curso… peor aún, era exorbitante en términos de dólares. Las provincias estaban endeudadas con garantía de coparticipación al 16% en dólares. Las empresas se endeudaban a tasas aún más altas, lo cual incrementaba, artificialmente, por un período largo de tiempo su deuda en argendólares. Este fue el comienzo de la insolvencia generalizada del sistema financiero, que cobraba esas tasas astronómicas a empresas, familias y provincias y retribuía en altas tasas, en argendólares, a los depositantes. Adicionalmente a este problema, ante la asfixiante iliquidez que generaba la fase contractiva de la convertibilidad, con la salida de capitales, que implicó la pérdida de la mitad de las reservas internacionales del BC, durante el año 2001 el gobierno nacional comenzó a emitir unas letras de cancelación de obligaciones provinciales, Lecop, para cancelar deudas de la Nación con las provincias y, simultáneamente, estas, también, empezaron a emitir monedas locales con las que pagaban a los empleados públicos y proveedores, otorgándoles poder cancelatorio para los impuestos provinciales. De este modo, el Estado nacional perdía uno de sus atributos esenciales, que aseguraban la integridad territorial: el monopolio de la emisión de moneda.
“La crisis de 2001 fue tan profunda y tan dramática que no es comparable con ninguna de las anteriores”, sentenció Miguel Kiguel.
En síntesis, la economía no estaba en una simple recesión sino en una profunda depresión económica de la que nadie veía la salida. Una situación asimilable a la Gran Depresión norteamericana de los años 30. Al igual que durante aquella, la sociedad, la dirigencia política y los economistas se encontraban atemorizados y confundidos y, peor aún, sin propuestas que permitieran vislumbrar la luz al final del túnel y poner fin al drama argentino.
Recuerdo que, en esos meses, visitó la Argentina, el economista jefe para América Latina del Banco Mundial, Guillermo Perry, para tomar contacto con los think tanks de economía del país y conocer sus propuestas. Enterado de que la UIA había planteado un plan alternativo, solicitó una reunión para conocer los detalles. La reunión, que iba a durar cuarenta minutos, se alargó a dos horas. Siendo economista jefe de la UIA, acompañé al presidente, Héctor Massuh, en el encuentro con Perry. Al terminar lo acompañé hasta el ascensor. Fue entonces cuando me comentó, ante mi sorpresa, que el que le habíamos expuesto era uno de los pocos planteos consistentes que había escuchado en su viaje.
La Unión Industrial Argentina y una posible salida ni liberal ni populista. En ese contexto, algunos actores económicos y sectores políticos empezaron a plantear que, frente al evidente agotamiento del sistema, la salida era la dolarización de la economía. Otros empezamos a diseñar una solución que permitiera dejar atrás la depresión económica, evitara la pérdida de la moneda y posibilitara un proceso de recuperación. El plan de la UIA fue producto de la elaboración de un grupo reducido de miembros del comité ejecutivo y los economistas de la entidad. En el transcurso del tiempo, Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde coincidieron con estas propuestas.
El documento incluido en este capítulo, “Sincerar significa asumir la realidad”, que elaboramos en la UIA, se presentó públicamente, en una conferencia de prensa, el 21 de diciembre de 2001. Este régimen de política económica alternativo a la convertibilidad nunca fue pensado como una salida populista ni como un mecanismo de injusta transferencia de ingresos. Todo lo contrario. Tampoco se pretendió negar los activos de los años 90: de hecho, para la salida proyectada, se aprovechaba la estabilidad de precios, algunas de las reformas estructurales que se llevaron adelante y la inversión en infraestructura.
A la luz de la historia, esos planteos sirvieron de base a un proceso que se mostró virtuoso y generó el crecimiento de la economía y del empleo, permitiendo dejar atrás la depresión.
Los antecedentes de la pesificación. El mecanismo propuesto no era novedoso para enfrentar una crisis de esa magnitud. Conceptualmente, era similar a lo que hizo Roosevelt cuando, en 1933, para salir de la Gran Depresión, dejó de sostener el precio del oro y el dólar se devaluó 69% respecto de aquel. Entonces, el gobierno envió un proyecto al Congreso, que la Corte convalidó, para declarar inválidas las claúsulas de garantía en oro de los contratos de deuda en dólares. Es decir, dolarizó todas las deudas para hacerlas pagaderas al tipo de cambio anterior. Esto significaba desororizar y dolarizar, todo a una misma tasa (Kroszner).
A nivel nacional, existía el antecedente del mecanismo de seguros de cambio que Domingo Cavallo había diseñado y puesto en marcha, en 1982, siendo presidente del BCRA. Se puso en práctica, luego de la devaluación y en una economía en recesión, frente a un sector privado muy endeudado, en pesos y dólares. El objetivo era evitar quiebras masivas de las empresas, por el incremento abrupto de su endeudamiento externo, que, además, hubiera conducido a un estado de insolvencia al sector financiero. Dicho mecanismo consistió en transformar la deuda en dólares de las empresas a pesos, al tipo de cambio previo a la devaluación, e indexarlo por el índice de precios mayoristas.