La urgencia por la crisis en Rosario choca con los tiempos de la política
En Diputados comenzó el tratamiento de un proyecto para reforzar la Justicia en Santa Fe, pero contempla procesos largos que no permitirán un resultado en el mediano plazo. Tampoco se constituyó la Bicameral para poner en marcha el Código Procesal Penal. Para contener presiones, Aníbal Fernández respondió preguntas.
La Cámara de Diputados puso en foco esta semana la crisis en materia de seguridad que aqueja a la ciudad de Rosario, y si bien hubo gestos positivos desde ambos lados de la grieta, lo cierto es que los efectos del trabajo parlamentario recién se podrían ver en un plazo no menor a los dos años, de acuerdo con los tiempos políticos y judiciales.
El pasado miércoles obtuvo dictamen de comisión el proyecto de fortalecimiento de la justicia federal de Santa Fe. Se trata de una iniciativa que los 19 diputados de la provincia presentaron en conjunto para avanzar en la creación de múltiples cargos judiciales incluyendo nuevas fiscalías federales en Rosario, tres en Santa Fe y una en Rafaela. El proyecto cuenta, además, con el respaldo del gobernador Omar Perotti y de los senadores santafesinos. “Para la persecución criminal de esta situación necesitamos una Justicia Federal fortalecida, que resuelva con rapidez, investigue y condene”, aseguró el diputado del FDT Roberto Mirabella, cercano a Perotti. Luego del paso por las comisiones de Justicia y Legislación Penal, el tema deberá ser tratado por la Comisión de Presupuesto para recién después ingresar en la larga lista de asuntos que pugnan por su tratamiento en el recinto.
El año electoral más el antecedente de leyes aprobadas en el Congreso durante los últimos tres meses no son factores muy auspiciosos para una normativa que tiene carácter de urgente y que también debe realizar su recorrido en el Senado. Una vez que se encuentre reglamentada por el Ejecutivo, la ley deberá comenzar a transitar los caminos judiciales con el procedimiento que arranca en el Consejo de la Magistratura con la selección de las ternas, el paso por el Poder Ejecutivo para la elección de un candidato y nuevamente el paso por el Congreso para cubrir las vacantes, lo que permite concluir que todo ese camino no sucederá antes de que Alberto Fernández termine su mandato.
En simultáneo desde Santa Fe avanza la presión para la constitución de la Comisión Bicameral para la Implementación del Código Procesal Penal, un recorrido que se encuentra interrumpido en buena parte por decisión de Cristina Kirchner.