Un intento para evadir las obligaciones
El pasado 10 de marzo se cumplieron diez años del plebiscito británico organizado en las islas Malvinas donde ciudadanos británicos votaron casi unánimemente en seguir siendo un “territorio británico de ultramar”, un eufemismo para referirse a la situación colonial por las que discurren las islas.
La propaganda británica desde hace una década viene haciendo denodados esfuerzos para intentar demostrar que con dicho referendo la situación jurídica de las islas cambió. Lamentablemente para Londres, la situación real dista mucho de eso.
En cuestiones territoriales, la práctica de los Estados entiende a los referendos o plebiscitos como el voto directo de los individuos de un territorio para pronunciarse sobre el destino de este. Hay, al menos, dos tipos: aquellos en que existen pretensiones soberanas por parte de dos o más Estados sobre un territorio y es la población de este quien decide (por ejemplo, los referendos en Niza, Bélgica y la región renana alemana tras la Primera Guerra Mundial), y, por otro lado, aquellos en los que existe un “pueblo”, en el sentido jurídico, que ejerce su derecho de libre determinación y decide sobre su estatus jurídico internacional del territorio sobre el que se encuentra.
Por ejemplo, los referendos llevados a cabo por parte de Rusia en la región del Donbass (como lo fue en Crimea en 2014) carecen de todo efecto jurídico. Ahora bien, la correcta condena de este tipo de acciones por parte de la comunidad internacional hubiera tenido mucha más fuerza si el accionar pasado de las potencias occidentales, en especial aquellos Estados parte de la OTAN, no fuera flagrantemente contradictorio.
Respecto al intento propagandístico británico en Malvinas, en primer lugar, hay que destacar que el referéndum no contó con el apoyo, el aval ni la fiscalización de las Naciones Unidas. En aquellas situaciones donde un referéndum de libre determinación fue la manera de poner fin a una situación colonial, ha sido la ONU quien adoptó la decisión (por ejemplo: Timor Oriental, Tokelau, Nueva Caledonia y el pendiente en el Sahara Occidental). Al ser las islas Malvinas, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, un territorio no autónomo sujeto a descolonización, corresponde a la ONU, y no a la potencia administradora, decidir cuándo dichos territorios han sido descolonizados.
La ONU ha establecido con claridad meridiana que la cuestión Malvinas es un caso especial de colonialismo y que no se reconoce presente a un “pueblo” con derecho a la libre determinación.
La respuesta negativa y de indiferencia por parte de la comunidad internacional al ejercicio propagandístico y de autosatisfacción británico es loable. En parte por la inconsistencia británica en su política respecto a la libre determinación (Chagos, Hong Kong). En parte, por el hecho de que el plebiscito fue alarmantemente parcial, sin debate alguno y con una versión tergiversada de la historia y del derecho aplicable a la disputa. Tampoco hubo una verdadera campaña por ambas opciones.
Aún más grave, Londres apela a la fuerza para el mantenimiento de situaciones coloniales y se niega sistemáticamente a cumplir con su obligación internacional de solucionar las controversias por medios pacíficos y de poner fin al colonialismo en todas sus formas.
La comunidad internacional, de forma correcta, no ha prestado su apoyo a la autosatisfacción plebiscitaria británica. Si el Reino Unido desea que sus ciudadanos en Malvinas decidan el destino del territorio en el que habitan, ese territorio primero debería ser británico. Por el contrario, para las Naciones Unidas, el territorio continúa sujeto a descolonización y el modo de poner fin a la situación colonial imperante es por medio de la solución pacífica de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.
La ONU ha establecido que la cuestión Malvinas es un caso especial de colonialismo