Menstruaciones y derechos: ¿una realidad?
Actualmente hay alrededor de 1.800 millones de personas menstruando en el mundo, de las cuales al menos un 28% no cuenta con acceso a productos menstruales o la infraestructura adecuada para gestionar su período menstrual como lo es el agua corriente, baños sanitizados, papel higiénico, entre otros; sumado a la extrema desinformación que se maneja alrededor del tema debido al estigma en la sociedad. El problema trae consigo, también, una inasistencia de niñas y mujeres a la escuela/trabajos, así como complicaciones graves de salud. Gracias a las estadísticas que apoyan esta problemática, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido que los gobiernos reconozcan a la menstruación como un “problema de salud y de derechos humanos” y “no de higiene”.
Sin embargo, solamente 9 de 31 países en América Latina consideran los productos de gestión menstrual como productos de primera necesidad, cayendo en el famoso término de “tasa rosa” ya que usualmente los productos de gestión menstrual suelen ser considerados productos de “lujo” o estética, aduciendo que es más un accesorio para la mujer, que meramente una necesidad la cual debe ser atendida mes a mes. La tasa rosa o impuesto rosa es el precio extra que se les agrega a productos femeninos, usualmente de color rosa, comparado con el precio al mismo producto para un público masculino. Un ejemplo claro y que ha sido discutido es la diferencia entre el precio de una cuchilla de afeitar masculina a la cuchilla de afeitar femenina.
Actualmente, Uruguay y Chile cuentan con los impuestos sobre el valor agregado (IVA) más altos de la región para dichos productos, el primero con un 22% y el segundo con un 19%. Para la población chilena, en 2021 se presentó un proyecto de ley Dignidad Menstrual en la Cámara de Diputados en el que proponía una responsabilidad por parte del Estado el de asegurar el acceso a insumos de “higiene personal”. Lastimosamente, no se ha registrado ningún avance en cuanto a su discusión desde entonces.
De la misma manera, Brasil está pasando por un contexto similar: en 2021 el presidente Jair Bolsonaro vetó una ley que impulsaba la entrega gratuita de productos “sanitarios” a un aproximado de cuatro millones de mujeres en situación de vulnerabilidad por medio del Programa de Promoción y Protección de la Salud Menstrual. Se mantuvieron solamente los artículos relacionados con la obligación por parte del gobierno a impulsar una campaña informativa sobre la salud menstrual, en cuanto a los incisos vetados, contenían algunos de los siguientes temas:
A. Distribución gratuita de toallas sanitarias femeninas (artículo 1);
B. Lista de beneficiarios de la ley, tales como estudiantes de bajos ingresos de escuelas públicas, mujeres sin hogar o en situación de extrema vulnerabilidad social, mujeres privadas de libertad y mujeres hospitalizadas en unidades para cumplir con una medida socioeducativa (artículo 3);
C. Inclusión de toallas “sanitarias” en las canastas básicas distribuidas por el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
El presidente Bolsonaro se excusó con que la ley no mencionaba el mecanismo para el financiamiento de dicho programa y aunque en marzo de 2022 se levantó el veto a través del Congreso, los recursos para el programa no fueron otorgados hasta finales de noviembre y autorizados solamente para los dos meses restantes del año 2022; se desconoce el desarrollo del presupuesto para este año, por el momento.
En el caso de Centroamérica, solamente Nicaragua y El Salvador no contienen registros de anteproyectos/proyectos de ley abordando el tema. El Salvador, sin embargo, recibe ayuda por medio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para garantizar un diálogo de derechos humanos en cuanto al tema menstrual y en 2022 se decretó el 14 de marzo como el Día Nacional de la Endometriosis. Panamá, Honduras, Costa Rica y Guatemala actualmente tienen proyectos de ley en pausa, ya propuestos pero aún no han logrado pasar por un dictamen favorable y así volverse ley. En su mayoría corren sobre una línea similar de disminución del valor de impuesto sobre la venta del producto menstrual, la inclusión de ellos en la canasta básica y campañas de información integral en cuanto al tema menstrual, los productos y el abordaje de salud y derechos humanos.
Bajo la premisa de “Menstruación libre de impuestos”, en el año 2018 Colombia se convirtió en el primer país de América Latina en eliminar el IVA sobre los productos de gestión menstrual. México, por su parte, en abril de 2021 aprobó la Ley de Menstruación Digna en la Cámara de Diputados, proponiendo la distribución gratuita de productos (toallas desechables, tampones y copas menstruales) de gestión menstrual en el país, enfatizando en las escuelas de educación básica y media superior.
La lucha por los derechos menstruales en América Latina tiene aún un largo recorrido, sin duda, pero el avance de colocar el tema bajo una lupa de concientización política, social y cultural es sumamente significativo. En el marco del 8 de marzo, es una buena oportunidad para reflexionar los aportes en nuestro espacio para acelerar la lucha por los derechos menstruales y promover un diálogo abierto sobre los tabúes que rodean el tema. Fuera de la región, hay legislaciones que impulsan a seguir avanzando como la obtención de licencias menstruales en Japón, Corea del Sur, Taiwán, Indonesia, Zambia y ahora España; distribución gratuita de productos menstruales en Escocia y Estados Unidos que cuenta con 103 leyes vigentes relacionadas a derechos menstruales.