“Son 10 mil dólares”: el escandaloso caso de la Brigada de narcotráfico acusada de armar causas
Cuatro de los nueve policías de la Bonaerense que integran las tres cuadrillas de narcotráfico de los partidos de San Fernando, San Isidro y Vicente López fueron detenidos por los delitos de “falsedad ideológica, allanamiento ilegal y privación ilegal de la libertad agravada”. Los acusan de amenazar, extorsionar y arrestar ilegalmente a un asesor de seguros que tenía droga para consumo personal. Un video de una cámara de seguridad descubrió cómo falsearon los datos del acta de procedimiento. Peligran otras causas en las que tomaron intervención estos cuatro efectivos.
La detención de cuatro policías pertenecientes a una Brigada Antidrogas de la Policía de Buenos Aires despertó una fuerte preocupación en los tribunales de San Isidro, donde se tramitan infinidad de causas por narcotráfico y narcomenudeo que fueron iniciadas por estos hombres.
El oficial principal Leandro S. (35), el oficial subayudante Nazareno V. (27), y los tenientes Carlos O. (40) y Daniel Victoriano R.I. (35) permanecen detenidos por los delitos de “falsedad ideológica, allanamiento ilegal y privación ilegal de la libertad agravada”. Son cuatro de los nueve agentes que conforman la División de Tráfico de Drogas de San Isidro, que abarca además a los partidos de Vicente López y San Fernando.
La investigación surgió a partir de la detención ilegal de un asesor de seguros en un taller mecánico de San Isidro. El sospechoso había sido apresado el 13 de diciembre del año pasado a las 18.30 y permaneció detenido hasta el 4 de enero pasado, fecha en la que la jueza de Garantías Nº 3, Andrea Rodríguez Mentasty, declaró la nulidad del acta de procedimiento a raíz de una serie de irregularidades detectadas en el accionar policial y, en consecuencia, dispuso su inmediata libertad.
Según la acusación de la fiscal Carolina Paola Asprella, los cuatro policías realizaron un allanamiento ilegítimo, porque “las circunstancias del caso no se ajustaban a la realidad de casos determinados por la ley”.
Para Asprella, los policías “insertaron declaraciones falsas en el acta de procedimiento sobre la circunstancias que rodearon la detención del supuesto sospechoso y, a partir del engaño pergeñado por los imputados (del que también fue víctima el magistrado interviniente), se avaló el ilegítimo accionar policial”.
Lo alarmente es que los efectivos involucrados tienen varios años de experiencia en el área de narcóticos de la zona norte del conurbano bonaerense. Leandro S. es el jefe de operaciones de la DDI de San Isidro y lleva 16 años en Narcóticos; Carlos O. 12, Victoriano R. I. 13 y Nazareno V. 8.
La víctima de esta causa –cuya identidad se preserva– declaró que antes de ser detenido uno de los policías le dijo: “Vos tenés plata, tenés droga”. “Cuando me pararon me pidieron diez mil dólares. El mismo de gorrita gris me dijo: ‘Si querés que esto quede acá son 10 mil dólares’. Yo le dije que no tenía nada que ver, que no tenía esa plata y ahí me llevaron a mi casa”.
Sobre el momento de la detención recordó: “No llegué al auto, cuando me interceptan dos personas de sexo masculino que se bajaron de una camioneta tipo Hilux de color blanca sin patente colocada. Me dicen ‘alto policía’. Estaban vestidos de civil y no me mostraron identificación alsoy guna. En ese momento aparecieron más personas, pero no puedo decir de dónde salieron. Yo vi dos autos más que pararon en la puerta de mi casa cuando estábamos yendo para allí”.
Los acusados, por su parte, negaron los cargos ante la fiscal. “Quiero dejar constancia que me encuentro ajeno a los delitos que se me imputan”, aseguró el teniente de policía Carlos O.
Leandro S., jefe del grupo, manifestó: “Hace 16 años que policía de la provincia de Buenos Aires y todos ellos en Narcotráfico. Hace casi seis años que estoy en la delegación de San Isidro y me encontraba como jefe de operaciones de tres grupos operativos de los cuales dos de ellos son de tres efectivos y uno era de dos efectivos sin jefe de grupo, y todo ello para los partidos de San Fernando, San Isidro y Vicente López. En líneas generales somos nueves personas para tres partidos, es decir, muy pocos efectivos para abarcar tanto territorio”.
Acerca del resultado del operativo, aseveró: “Fue el secuestro de droga, dinero en efectivo, celulares y creo que algún elemento de interés para la causa, digamos elementos para los que estamos facultados”.
Sobre la base de las pruebas reunidas, la fiscal pidió la prisión preventiva de los cuatro policías por la gravedad de los delitos. “Se advierte a las claras que su modo de proceder, dado la posición que ocupan en la fuerza, importa gravedad institucional, pues con su accionar han comprometido la credibilidad y minado la confianza depositada en la policía desprestigiando frente a la sociedad toda, pues teniendo encomendado por parte del Estado la prevención y represión de ilícitos, aparecen –ellos– cometiendo”.
Para la fiscalía, la evidencia “es variada y categórica”. Entre las principales pruebas figura una filmación de parte del operativo que fue aportada por el abogado Deluchi Levene, defensor del supuesto narco. En el video se ve parte del procedimiento, y las imágenes contradicen la versión de los efectivos sobre el intento de fuga del acusado.
“En la filmación, y a diferencia de lo expuesto por el personal policial interviniente,
se observa con claridad que el sospechoso y su amigo, junto con los efectivos policiales, ingresaron al lugar caminando y ya reducidos, y no a la carrera, como viene afirmado en el acta”, aclara la fiscalía en el pedido de prisión preventiva.
Juan Manuel Casolati, abogado penalista con varias causas en el fuero de San Isidro, asegura a PERFIL que este caso podría derivar en una serie de nulidades en otras investigaciones que fueron iniciadas sobre la base de pruebas que presentó esta misma brigada.
“Más de diez detenidos están actualmente a la espera de ser juzgados por el delito de narcotráfico y describieron este mismo mecanismo de armado de causa que investiga la fiscal Asprella. Tres de ellos cuya
defensa ejerzo fueron detenidos por estos mismos policías, y en sus causas se advierten circunstancias llamativas que demuestran la actividad ilegal de la policía”, dice el letrado.
Un dato llamativo del caso es que quienes ejercen la defensa de los efectivos son familiares directos de otro policía de la Bonaerense, de quien depende la investigación de delitos vinculados al narcotráfico de Ezeiza, quien además participó como investigador en causas de narcotráfico que no son de su jurisdicción.
Por si fuera poco, otro familiar directo de este funcionario policial ejerció la defensa de un capo narco de la villa 9 de Julio de San Martín: Max Ali Alegre, alias Alicho.