Espejo de la inestabilidad latinoamericana
Lo que sucedió en Ecuador está semana puede sorprender a muchos, pero a otros no tanto. Quienes siguen la crónica del proceso de juicio político a Guillermo Lasso conocen el contexto político que se vive en el país, pero para los que no podríamos relatar que este martes 16 de mayo se continuó en el pleno de la Asamblea Nacional el proceso de juicio político con el fin de destituir al actual presidente. Recordemos que el mandatario está acusado de malversación de fondos al suscribir un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker Pool, una empresa que presta el servicio de transporte de crudo a pesar de que en la previa del proceso legislativo se comprobó que este acuerdo se realizó antes de su presidencia. Este último es el argumento más importante que Lasso usó para defenderse y acusar de ilegítimo el proceso de impeachment.
Podría parecer que el juicio solamente busca poner fin tanto al gobierno de Guillermo Lasso como a la derecha, pero esto, además, incluso podría forzar la vuelta de la izquierda con su principal referente, Rafael Correa, quien está condenado por corrupción a ocho años de prisión, pero que nunca cumplió por estar viviendo en Europa. Pero, y debido a que la oposición a Lasso parecía lograr los 92 escaños necesarios para destituirlo, el presidente sacó un “as bajo la manga”: decretó la “muerte cruzada’’, la herramienta constitucional que permite disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas tanto legislativas como ejecutivas para completar el mandato hasta el 2025. O sea, en líneas generales, hacer un golpe de efecto sobre el Congreso, pero que también arrastra su propia gestión.
Sin embargo, la medida anunciada el pasado miércoles, esto es, ni 24 horas después de iniciado el proceso de impeachment, es mucho más profunda de lo que parece. En un anuncio a la Nación, Lasso declaró que, de acuerdo a las facultades constitucionales que le permite la muerte cruzada, gobernará seis meses por decreto “para dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado al Ecuador”. Además, el presidente también ha dado a conocer que ha remitido a la Corte Constitucional el primer decreto de urgencia económica para reducir impuestos y fortalecer la economía de 460 mil familias ecuatorianas.
Algunos casos de la región podrían demostrarnos que generalmente es la derecha la que tiene intenciones de destituir a los gobiernos “populares’’. Sin embargo, el caso de Ecuador es justamente lo contrario, quien gobierna es de derecha y quienes salen beneficiados por su salida fueron los correistas, ya que su líder, Rafael Correa, desde el exterior maneja a la oposición y se refirió al procedimiento ejecutado por Lasso como ilegal y aseguró que es un gran momento para recuperar la patria. Este desenlace solo genera una nueva salida anticipada de un presidente de la región en lo que es una larga lista de salidas presidenciales y abre una nueva campaña para ocupar el Palacio de Carondelet.
Pero además, la inestabilidad que atraviesa Ecuador, cuyo problema no se limita meramente a lo político sino que se extiende a lo social, lo económico y lo institucional, puede ser un reflejo de lo que vive la región. Si bien la democracia latinoamericana viene sobreviviendo desde hace cuatro décadas y su vigencia no corre peligro, las crisis sucesivas parecen generar más caos que lo recomendable.
En el contexto general, vivimos un nuevo período de salidas presidenciales anticipadas ya que la de Lasso se suma a Castillo, entre otros, en Perú o a Dilma Rousseff en Brasil, para citar casos recientes. El fundamento en común es la acusación de los mandatarios por diversos hechos de corrupción con una resultante crisis de gobierno. Es cierto, los cambios de gobierno y las interrupciones presidenciales que antes se hacían a través de militares hoy se generan desde los Congresos y por la vía legal. Pero más allá de lo genuino o no de las acusaciones, en definitiva el presidente democráticamente electo no termina su mandato y, anticipadamente, quienes son oposición tienen una nueva chance para gobernar. En líneas generales, que estos mecanismos de salida surjan del mismo seno de la democracia no necesariamente la fortalecen.
Sin dudas, lo que sucede en Ecuador nos remite a un antiguo texto de la Ciencia Política en donde el autor español Juan Linz, un acérrimo crítico al presidencialismo, denunciaba que entre los problemas de este tipo de régimen estaban la rigidez del mandato presidencial que generaba que, en caso de renuncia, la situación fuese traumática en términos institucionales, tal como ocurre actualmente en el país. Incluso, la atomización de los partidos como sucede en el país andino, obliga a los presidentes a armar coaliciones de gobierno inestables que no necesariamente permiten sortear los obstáculos institucionales del presidencialismo sino que, por el contrario, cuando la coalición se fragmenta el gobierno pierde mayoría legislativa y su continuidad queda puesta en duda.
Frente a esto cabe preguntarnos, ¿por qué finalmente se rompen las alianzas y los presidentes se tienen que ir antes? ¿Cuánto tiene que ver la atomización partidaria en la crisis que vive el país? ¿Será que estamos viviendo un período de parlamentarización de las repúblicas latinoamericanas?
La atomización de la política obliga a los presidentes a armar coaliciones de gobierno inestables
La Corte Constitucional de Ecuador rechazó por unanimidad las demandas presentadas contra la decisión del presidente Guillermo Lasso de disolver el Congreso mientras debatía su destitución por un supuesto caso de corrupción.
El máximo tribunal ecuatoriano emitió seis fallos en los que resolvió “rechazar las demandas de inconstitucionalidad”, así como “los pedidos de que la Corte adopte medidas cautelares con el fin de suspender provisionalmente los efectos del Decreto impugnado”, señaló un comunicado del organismo.
Con ello, queda en firme la decisión de Lasso anunciada el miércoles y que abre la puerta a la celebración anticipada de elecciones generales para completar el periodo de cuatro años.
El mandatario, quien asumió el cargo en mayo de 2021, celebró a través de su cuenta de Twitter. “Este Tribunal ratifica mi decisión apegada a la Constitución de la República”, escribió.
Virgilio Saquicela, ahora expresidente del Congreso, y otros exparlamentarios presentaron demandas de inconstitucionalidad contra la decisión de Lasso de disolver la Asamblea Nacional.
La Corte agregó que “no tiene competencia para pronunciarse respecto de la verificación y motivación de la causal de grave crisis política y conmoción interna” y que “tampoco la tiene ninguna otra autoridad judicial en el país”.
Saquicela había advertido que respetaría cualquier decisión de la Corte, que en adelante será la encargada de dar luz verde o rechazar los decretos-ley en materia económica que emita el Ejecutivo hasta que se realicen elecciones. “No nos aferramos a un puesto”, había expresado el miércoles el jefe del Legislativo.
Elecciones. Al declarar la llamada “muerte cruzada”, Lasso esquivó un juicio político que impulsaba la oposición en su contra por un supuesto delito de peculado en contratos de transporte de petróleo.
Tras la disolución del Congreso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe celebrar nuevas elecciones en un plazo máximo de tres meses. Lasso puede presentarse nuevamente como candidato.
Tras los comicios de 2021, cuando la Presidencia quedó en manos del conservador Lasso y la Asamblea bajo control de una oposición de izquierda, vinculada al expresidente Rafael Correa, ahora vendrán unos comicios extraordinarios cuyas autoridades serán electas para completar el período 20212025. Ese año, los ecuatorianos volverán a las urnas.
Desde que entró en vigor la Constitución de 2008, promovida por Correa (20072017), nunca se había recurrido a la figura de la “muerte cruzada”.
Las autoridades del CNE dieron a entender que la fecha probable para la primera vuelta de las elecciones sería el 20 de agosto, por lo que los partidos ya han comenzado a moverse para desplegar sus estrategias electorales. Analistas no descartan agitación en las calles provocada por sectores de izquierda muy críticos con el gobierno de Lasso y por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la Conaie, que el año pasado protagonizó una serie de violentas manifestaciones que paralizaron gran parte del país.