Cuarenta años rompiendo techos de cristal
Nacerá una unión, entre el hombre y la mujer, mucho más verdadera, mucho más fuerte, mucho más digna de respeto. La unión magnífica de dos seres iguales que se enriquecerán mutuamente puesto que poseen riquezas distintas”, vaticinaba Victoria Ocampo, allá por 1984, en los albores de la democracia argentina. Cuarenta años después se conmemora el retorno a las sendas del consenso, del diálogo y la inclusión. Una de las principales conquistas de la democracia se dio en el terreno de los derechos humanos, específicamente los derechos de la mujer. Así, en 1991 Argentina se convierte en el primer país latinoamericano en adoptar el cupo femenino para la representación de mujeres en la Cámara de Diputados de la Nación (Ley 24.012). Más adelante, la Reforma Constitucional de 1994 extendería este mecanismo al Senado Nacional y ratificaría la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Desde entonces, la mayor presencia de mujeres en el Congreso tuvo como implicancia la instalación en la agenda pública y política de temas que han vulnerado la libertad, igualdad y seguridad de las mujeres durante décadas. Sin embargo, en Argentina el 61% de las mujeres considera que la igualdad entre hombres y mujeres no se encuentra garantizada (Latinobarómetro 2020). Esta percepción va de la mano con los datos que obtenemos cuando estudiamos las instituciones donde se dirime el poder político, entre otros ámbitos. Aquí podemos ver que las mujeres continúan siendo excluidas de los espacios que mueven el amperímetro de la toma de decisiones.
Aunque todos los legisladores tienen la misma capacidad de representación, no todos tienen el mismo poder político. Es decir, no todos tienen el poder de determinar qué temas van a constituir la agenda de deliberación legislativa. En este sentido, la normativa interna de las Legislaturas reserva un lugar especial para los presidentes de las comisiones, quienes cuentan con el poder de veto de los proyectos que buscan ser tratados en el pleno. Por este motivo, y dado que algunas comisiones tienen en sus manos el futuro de proyectos que involucran recursos que afectan la gestión y la carrera política de individuos y partidos políticos, no todas las comisiones tienen el mismo valor para diputados y senadores. De esta manera, la literatura reconoce la existencia de comisiones que son altamente ambicionadas por los legisladores, y comisiones consideradas de “segundo rango”, las cuales involucran temas de corte simbólico que no necesariamente afectan las grandes variables de la política: recursos económicos y políticos.
A pesar de la paridad en la representación descriptiva presente en la Cámara de Diputados de la Nación, solo el 35% de las comisiones están presididas por mujeres, y entre éstas ninguna es una comisión considerada “importante”.
En el ámbito subnacional hay tres tendencias marcadas. Por un lado provincias como Tierra del Fuego o La Pampa donde las mujeres presiden solo el 17% y 18% de las comisiones, respectivamente; pasando por provincias donde destaca la paridad, como Neuquén (45%), Santa Fe (47%), CABA y Córdoba (50%), hasta provincias donde las mujeres superan a los hombres ocupando posiciones de autoridad, como Río Negro y Buenos Aires (60%).
Entre las provincias donde las comisiones presididas por mujeres superan el 50%, éstas continúan excluidas de las presidencias de las comisiones más requeridas: Asuntos Constitucionales (CABA, Córdoba, Chaco, Catamarca y Río Negro) y Presupuesto (CABA, Córdoba, Chaco, Buenos Aires). Mientras que la mayor cantidad de comisiones presididas por legisladoras sigue siendo de comisiones con menor nivel de relevancia en la agenda política: educación, deporte, cultura, medio ambiente, entre otras.
Tanto en el Congreso como en las Legislaturas provinciales sigue existiendo un sesgo a favor de los hombres en el manejo de los temas “calientes” dentro de la agenda legislativa. Las legisladoras siguen ocupando, en gran parte, el rol de “Supermadres” presidiendo comisiones consideradas de segundo rango, como educación, previsión y acción social, familia y tercera edad.
Cuarenta años de democracia han mejorado sustantivamente el acceso de las mujeres a cargos representativos. La implicancia en la garantía de derechos y medidas que protegen la integridad de las mujeres es evidente. Sin embargo, aunque allanado, aún queda camino por recorrer para lograr la unión magnífica de dos seres iguales que enriquecerán nuestra democracia.