PROHIBICIÓN DE DESPIDOS EN LAS PYMES INDUSTRIALES
La normativa que establece la doble indemnización y la imposibilidad de cesantear personal ha impactado negativamente en 72% de las pequeñas y medianas empresas manufactureras.
Desde la Fundación Observatorio PyME (FOP) viene siendo monitoreada la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas en tiempos de pandemia de COVID-19 bajo el “Programa de investigación Coronavirus: Impacto sobre las PyME, producción y empleo”, que ha abordado tanto cuestiones de operatividad y producción, como de empleo y tasa de actividad del personal, estrategias empresariales para sobrellevar la crisis, instrumentos de asistencia gubernamental y muchos otros temas de relevancia.
Hoy están en debate distintas propuestas acerca de la normativa sobre despidos e indemnizaciones, frente al régimen indemnizatorio existente. Adicionalmente, se halla vigente la disposición excepcional (de emergencia) que prohíbe despidos y establece doble indemnización.
Por una parte, el debate manifiesta una genuina inquietud por la situación (actual y futura) de desempleo, despidos y rotación del personal.
Por otra parte, también manifiesta la preocupación por el “entorno de negocios”, uno de los factores que condiciona la creación y supervivencia de las empresas y, por tanto, la generación de empleo.
¿Cuál es el peso del régimen de despidos e indemnizaciones sobre las pymes? ¿Son la prohibición de despidos y la doble indemnización
limitantes a la reestructuración o a la contratación? Continuando con su programa de investigación sobre el impacto del COVID-19 en las pymes, y atenta a la necesidad de generar un debate público basado en datos para pensar colectivamente los mejores instrumentos disponibles para la pospandemia, FOP investigó la evaluación que hacen las empresas de las regulaciones actualmente existentes en el mercado laboral en materia de despidos.
¿REESTRUCTURAR?
La normativa que establece la prohibición de despidos y la doble indemnización (la primera dispuesta bajo pandemia, la segunda ya vigente desde la Ley de Emergencia de diciembre de 2019 y sucesivamente prorrogada) afecta negativamente al 72% de las pymes, prácticamente en proporciones similares a aquellas empresas que se ven afectadas por la dificultad de reestructurar el propio personal (38%) y las que se ven afectadas por la dificultad de contratación de nuevo personal (34%). Tal como se exhibe en el Gráfico 1.
Como era de esperar, la gran mayoría de las empresas (67%) que encuentran dificultades para la reestructuración tienen parte o todo su personal inactivo (debida al cumplimiento de los protocolos y restricciones impuestas bajo la pandemia).
La inactividad del personal genera mayores costos de producción que no todas las empresas pueden compensar con aumentos de productividad de la mano de obra, sin implementar importantes cambios en su esquema tecno-organizativo. De allí surge la demanda de un necesario proceso de reestructuración.
Para agregar mayor información, es importante recordar que las investigaciones de FOP mostraron que la existencia de personal inactivo (en promedio 15% del total de la planta) es más frecuente entre las pymes de mayor tamaño, porque es más estricto el respeto de los protocolos sanitarios y los costos asociados a los mismos (un análisis detallado puede verse en el trabajo del FOP “Coronavirus VII: Limites de oferta para la reactivación e inflación”).
Esta es la razón por la cual la dificultad de reestructuración tiene mayor difusión en este segmento empresarial (54% en las empresas medianas-grandes vs. 28% en las microempresas, Gráfico 3).
La investigación muestra además una relación entre capacidad productiva ociosa y necesidad de reestructuración del personal (Gráfico 4). En efecto, la dificultad para la reestructuración del propio personal es más citada por aquellas firmas que están en una situación de parcial operatividad (44%), es decir por debajo de su capacidad de producción. Entre las firmas totalmente operativas, en cambio, las dificultades para reestructurar y para contratar están difundidas prácticamente por igual (36% y 35%, respectivamente).
Desde el punto de vista sectorial (Gráfico 5), se puede observar que el efecto negativo sobre la posibilidad
de reestructurar el propio personal tiene mayor difusión en el sector manufacturero (43%), mientras que el efecto negativo sobre la posibilidad de contratar nuevo personal está más difundido en el sector del agro y los recursos naturales (41%).
Por último, se observa que las relativamente menos afectadas por la normativa son las microempresas, compuestas básicamente por empresas unipersonales y monotributistas, empleadores sin prácticamente personal inactivo. Aun así, como puede verse en el Gráfico 3, el 60% de ellas se vio afectada negativamente por la dificultad para reestructurar (28%) o para contratar (32%).
CONCLUSIONES
El tema de las regulaciones sobre despidos e indemnizaciones es relevante para las empresas y para el clima de negocios del país, como lo demuestra el intenso debate en curso: ¿Un fondo de garantía de indemnización es la opción? ¿Un fondo o seguro de desempleo? ¿El esquema ya existente? ¿Son la prohibición de despidos y la doble indemnización un real instrumento para la protección del trabajo?
Las investigaciones de FOP muestran claramente que la crisis de la pandemia ha provocado fuertes y bien diferenciados efectos productivos entre las firmas de los distintos sectores, tamaños y regiones.
Algunas empresas han visto fortalecidas sus capacidades, mientras que
otras han visto comprometidas su capacidad de resistencia y/o de supervivencia.
Este proceso está aún en curso, pero ya surge claramente que algunas de las históricas brechas de productividad entre tamaños y sectores se han ampliado durante esta crisis.
Es claro que a la salida de la pandemia encontraremos, ya consolidadas, nuevas situaciones productivas que será necesario atender.
Una política pública bien diseñada para enfrentar los problemas emergentes es bienvenida, pero es necesario definir con urgencia los instrumentos necesarios para dar sostenibilidad de largo plazo a la incipiente reactivación productiva en curso.
La prohibición de despidos y la doble indemnización fueron un intento de sostener el empleo. Sin embargo, de acuerdo con la encuesta de FOP, estas regulaciones constituyeron un incentivo negativo para las empresas.
“¿Un fondo de garantía de indemnización es la opción? ¿Un fondo o seguro de desempleo? ¿O bien la continuación del esquema ya existente?”
No hay todavía una respuesta definitiva para este tema. No existe aún evidencia empírica rigurosa sobre su impacto en el desempleo, ni aún en aquellos países de mayor desarrollo.
No obstante, ni en Argentina, ni en Italia y España (sólo para mencionar dos casos cercanos para nuestra cultura), la existencia de esta disposición parece haber impedido el crecimiento de la desocupación en 2020. Esto a pesar de la masiva y positiva ayuda implementada oportunamente tanto por el Gobierno argentino a través del ATP y los créditos subsidiados, como por el Gobierno italiano a través de la “Cassa Integrazione” especial para el pago de los salarios caídos, como así también medidas similares en España.
El contra fáctico no está todavía demostrado: ¿La desocupación hubiera aumentado aún más en 2020 si la normativa sobre la prohibición de despidos y doble indemnización no hubiera existido? ¿O la inexistencia de la norma hubiera incentivado la ocupación en aquellas empresas de sectores, tamaños y regiones más dinámicas?
Para dirimir esta cuestión hace falta más investigación, pero lo que sabemos con seguridad es que la mejor protección para el trabajador es la generación de empleo. Permitir la reestructuración del personal para favorecer la necesaria reconfiguración de la economía argentina pospandemia, acompañada ésta por una política activa para el trabajo a través de la formación profesional, la disminución de la carga tributaria para las empresas más pequeñas y una incisiva política pública de financiamiento para capital de trabajo y equipamiento, parecen constituir la única alternativa
posible.•