RITE y compliance, a medida para pymes
Las empresas chicas y medianas no están exentas de ser acusadas por la Oficina Anticorrupción, pero en proporción con los riesgos y capacidad económica de cada entidad. Una iniciativa que cuenta con el con apoyo de la ONU y el BID profundiza esta perspectiva.
La ley 27.401 de 2018 establece el régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas por delitos relacionados con la corrupción. También incorpora los denominados “Programas de Integridad” (PI), uno de los requisitos para acceder a los beneficios que ofrece la norma como incentivo para que las empresas cooperen con la Justicia.
Según la norma, deberá aplicarse al modelo de prevención de las pymes un principio de proporcionalidad: la estructura y recursos empleados en el mismo se corresponderán con los riesgos, la dimensión y capacidad económica de la entidad.
La Oficina Anticorrupción Argentina abordó este criterio cuando publicó en 2019 los lineamientos para programas de anticorrupción en PyMEs. Y ahora lo ha profundizado con el lanzamiento del Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE, cuyo sitio es www. rite.gob.ar), una plataforma impulsada con el apoyo del BID y PNUD.
En el marco de la Estrategia Nacional de Integridad, los oficiales de enlace de numerosos organismos y Empresas con Participación Estatal (ECPEs) también están trabajando para desarrollar las políticas y programas necesarios.
De esa manera, RITE promueve un modelo que distingue entre el tamaño de la empresa desde el primer momento en que la entidad se clasifica en alguna de las tres categorías, siguiendo los parámetros definidos por la SEPyME.
Esto implica una simplificación en proporción al tamaño y sencillez de la organización. Para ponerlo en datos concretos, de acuerdo a los formularios de los Programas de Integridad del RITE, sobre un total de 107 preguntas que impactan en el nivel de avance –aquellas consideradas críticas para el desarrollo del PI– la mitad (52) se asignan a un primer nivel en el caso de las empresas grandes. En el caso de las medianas y pequeñas, la cantidad de preguntas que impactan en el primer nivel de avance cae a 22 y 12, respectivamente. No obstante, las entidades que cuentan con menos recursos podrán lograr, si así lo desean, un desarrollo avanzado a través de los recursos de la caja de herramientas de RITE.
Algunas de las preguntas RITE asociadas al primer nivel del Programa de Identidad de empresas pequeñas, son las siguientes: ¿Tiene la organización un Código de Ética/ Conducta aprobado? ¿Es obligatorio para todas las personas que integran la organización sin excepciones? Otras preguntas:
¿Existen reglas y procedimientos aprobadas específicamente dirigidas a guiar las interacciones entre quienes integran la organización y quienes ejercen la función pública? ¿Fueron revisadas y aprobadas por la Alta Dirección? ¿Algunas de estas reglas y procedimientos están dirigidos a evitar irregularidades en los procesos de licitación y en la ejecución de contratos administrativos? ¿Fueron comunicadas a las personas específicas?
Por último:
¿Realiza la organización de algún tipo de capacitación general relativa al Programa de Integridad? ¿La Alta Dirección participó en capacitaciones sobre el Programa de Integridad en los últimos 12 meses? ¿Brindan capacitaciones relativas a los contenidos del Programa de Integridad a las nuevas incorporaciones en oportunidad de su ingreso? ¿Llevan registro de las personas entrenadas? ¿Existe la obligación para todos los miembros de la organización de reportar violaciones éticas?
Desarrollar una estrategia de cumplimiento en organismos y ECPEs juega un papel esencial porque la economía depende en gran medida del sector público. Establecer programas de cumplimiento adecuados y eficaces en organizaciones públicas y las grandes empresas con participación estatal, debe ser una política pública para desarrollar con independencia del signo político de turno. En la medida en que estas organizaciones también lo exijan a su cadena de valor, donde participan buena parte de las pymes argentinas, esto contribuirá a la mejora de los PI, el intercambio de buenas prácticas y la promoción de ambientes transparentes en negocios y mercados. Así, el compliance pyme estará más cerca de la realidad que de la utopía.