Juicios, castigos y verdades
Barbarie. Se detallaba la matanza en un libro que vendió 40 mil copias en apenas dos días. Por la fuerza testimonial, la sociedad comprendió que sólo superaría el trauma si juzgaba y condenaba a los culpables.
A sí como el 24 de marzo del 76 fue el inicio de una larga noche y el 10 de diciembre del 83 representó un nuevo comienzo, inédito de nuestra historia, con todas sus luces y sus sombras, aquel momento del 20 de septiembre de 1984 –en el que Ernesto Sabato leyó la introducción al voluminoso informe–, se estaba dando un testimonio sobre el pasado que levantaba las esclusas para que el torrente de la Historia irrigara los territorios del porvenir democrático y encontrara nuevos cauces.
El Informe de la Conadep, entregado en solemne ceremonia al presidente Raúl Alfonsín en la Casa de Gobierno, acompañado por una multitud reunida en Plaza de Mayo, forma parte de esos hitos que demarcan etapas trascendentales, definen climas de época, trazan surcos por los que discurrirán los acontecimientos. Allí se inició el “efecto cascada” que temían los factores de poder más involucrados en el pasado dictatorial que acababa de fenecer, cuando desde la revista Somos se preguntaban, la semana siguiente a la asunción del nuevo gobierno, si habría “un Nüremberg para los militares”; como señalando lo descabellada y peligrosa que les resultaba la idea.
Alfonsín acababa de crear la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), la primera en su tipo, integrada por personalidades de la sociedad civil y representantes del Congreso, para que recibiera denuncias y pruebas, las elevara a la Justicia y emitiera un informe final. Con la ayuda de la mayoría de los organismos de derechos humanos, la Conadep recogió en nueve meses los testimonios de familiares de desaparecidos, sobrevivientes, otros testigos y, también, documentos escritos, que permitieron identificar 380 centros clandestinos de detención y los nombres de perpetradores y víctimas. Así, constituyó la primera comisión exitosa a escala internacional, en investigar y esclarecer la desaparición forzada de personas. Los términos “comisión de la verdad”, “crímenes de lesa humanidad”, “justicia retroactiva” no formaban parte del léxico aplicado al tratamiento de lo que había sucedido ayer nomás en nuestro país y cuyas dimensiones y pormenores recién empezaban a revelarse.
Por iniciativa del rabino Marshall Meyer, el Informe “Nunca Más” tomó su nombre de la consigna-mandato utilizada por los sobrevivientes del Gueto de Varsovia para repudiar las atrocidades nazis. Precisó 8.961 desapariciones, como cifra preliminar, e identificó cerca de 1.500 sospechosos de haber participado en las acciones criminales, que compiló en un anexo confidencial. Las evidencias recogidas daban cuerpo a un relato que combinaba la explicación histórica con el alegato jurídico: “Después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje”, concluía en la introducción. Al probar la existencia material del plan de exterminio, negado por sus autores, instaló una evidencia pública difícil de refutar; frente a la impunidad y el olvido, postuló a la justicia y a la democracia como garantías para que el horror no se repitiera. De allí surgieron las pruebas que fueron tomadas por la Cámara Federal para llevar adelante el Juicio a las Juntas realizado un año más tarde, que culminó en la condena de los ex comandantes. Asimismo, se constituyó en un modelo de los informes de las “comisiones de la verdad” creadas para investigar las violaciones a los derechos humanos bajo las dictaduras, guerras civiles y regímenes represivos.
Publicado por Eudeba, el Nunca más se transformó en un libro de 480 páginas y la primera edición, de 40 mil ejemplares, se agotó en 48 horas. Fue traducido a diversos idiomas y llegaron a venderse medio millón de ejemplares. Fue incorporado, además, a los planes de estudio en las currículas de escuelas y colegios y a los diversos “lugares de la memoria¨”como testimonio del pasado de violencia y dictadura.
Hubo, entonces, contra todo pronóstico y acaso superando las expectativas de los propios actores principales, un Nüremberg argentino; pero contrariamente a aquel juicio contra los principales jerarcas nazis en la Alemania liberada de 1945, el nuestro no fue realizado por un ejército vencedor en un país ocupado sino por las instituciones republicanas liberadas del sometimiento al poder militar. No fue, tampoco, el resultado de una revolución armada sino de la prevalencia del Estado de Derecho sobre el estado de excepción permanente. La Argentina se distinguió así por la amplitud y originalidad de las políticas de justicia que desplegó después de 1983. Esta innovación se proyectó a escala internacional tanto en la promoción de instancias de revisión del pasado –Comisiones de la Verdad– que se multiplicaron en países de los cinco continentes –de Chile y Perú a Sudáfrica y Camboya–, como en el desarrollo del Derecho Internacional humanitario, ampliando la jurisdicción universal en la prevención y sanción de los llamados “crímenes contra la humanidad”; delitos que no prescriben, juicios penales nacionales e internacionales, sanción de leyes reparatorias y transmisión intergeneracional de la memoria de las violaciones a los derechos humanos. Esto significó que amnistías, impunidades y el carácter “no judiciable” de las violaciones a los derechos humanos dejaron de ser una “condición necesaria” o inevitable de las transiciones post-autoritarias. Se fijó el precedente de que es posible ventilar y procesar esos pasados traumáticos, y al mismo tiempo juzgar y condenar a los principales responsables de los crímenes perpetrados, sin mediar la imposición de una fuerza externa a la de las propias sociedades a través de sus leyes y poderes legítimos y arriesgar la estabilidad de las instituciones democráticas. Otros debates vendrán, sobre la lucha armada y el terrorismo, los usos y manipulaciones de las políticas de derechos humanos, los alcances de la Justicia global y la relación entre justicia, perdón y reconciliación acerca del pasado traumático. Pero nada borrará el carácter de lo que politólogos y juristas denominarán “la cascada de Justicia” que se puso en marcha entonces.