Tan lejos de Dios, tan cerca de EE.UU.
Vivir al sur de la mayor potencia del planeta, debería implicar la conciencia de las asimetrías que hay de por medio entre EE.UU. y México, un país estragado por la pobreza, la desigualdad y un Estado en crisis profunda.
En 2005, junto con Canadá, los tres países firmaron un Acuerdo para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte, cuyo seguimiento ha terminado por trastornar el estatuto de nación soberana de México, ya que consiste en una serie de políticas, homologaciones de estándares y regulaciones para cumplir con el objetivo principal de la seguridad de la región en términos del concepto estadounidense de “seguridad nacional”.
Dichas políticas se han impuesto por encima de la norma superior del país: los principios constitucionales, y obedecen a las directivas del Comando de América de Norte ( NORTHCOM), que para usos diplomáticos desde 2006 se llama Cumbre de Líderes de América del Norte: 1) fortalecer el Estado mexicano para garantizar la seguridad nacional de EE.UU. frente a la amenaza potencial del crimen organizado y el terrorismo en la región de Centro América y el Caribe; 2) fortalecer y profesionalizar las fuerzas armadas de México para que cumplan los programas y planes de seguridad nacional de EE.UU. frente al futuro.
Bajo la ideología de la integración y la cooperación binacionales entre EE.UU. y México, ha prosperado el desmantelamiento del concepto de soberanía, un fundamento constitucional en México. En los hechos, EE. UU. busca la absorción de recursos naturales, energéticos y humanos de México para el fortalecimiento de sus intereses geopolíticos a cambio del financiamiento, la asesoría y la vigilancia que sirven para realizar el proceso absorbente.
Las consecuencias inmediatas en México de tal absorción han sido la reforma de su sistema de justicia (de lo inquisitivo a lo adversarial, 20092016) y la guerra contra el narcotráfico (2007-2012), con la consecuente implantación de una sociedad policialmilitarizada y paramilitarizada en algunos territorios, como es el caso de Michoacán y el surgimiento de “autodefensas comunitarias”.
En la situación actual de Michoacán se concentran elementos de alto riesgo como la etnicidad, la violencia, la polarización y la fragmentación en torno de asuntos públicos donde interactúan la política y la economía. Allí, la posibilidad de instrumentar los intereses y beneficios de por medio se vuelve determinante para todos los agentes insertos en el contexto inmediato. El gobierno federal y el Estado mexicano en su conjunto se hallan frente a un desafío mayor. Después de reconocer el problema, la Federación decidió enfrentar tal amenaza al orden constituido mediante una estrategia de dos fases iniciales: 1) asumir el control integral en la zona del conflicto; 2) crear las condiciones para institucionalizar a las autodefensas.
El 14 de enero de 2014, el gobierno federal conminó a las autodefensas a deponer las armas y volver a sus pueblos, además de anunciar un plan de rescate para Michoacán y nombrar un comisionado especial.
En cuanto a la presencia de la autodefensas, las acciones de la Federación se mostraron pragmáticas: por una parte, se emiten discursos acerca de la tolerancia nula a cualquier quebranto a la ley, en especial, el fortalecimiento de grupos armados en las comunidades; y, por otra parte, el gobierno federal manipula y se apoya en ellos para lograr su plan de rescate en Michoacán. El 27 de enero de 2013, el gobierno federal anunciaría un acuerdo con grupos de autodefensa para ser integrados al Ejército como Cuerpos de Defensa Rurales. En la historia y la legislación mexicanas este tipo de corporación policial tiene existencia desde el siglo XIX hacia el XX.
El escenario terminó de configurarse con las declaraciones del secretario de Estado John Kerry acerca de la preocupación del gobierno de EE.UU. ante los sucesos en Michoacán: “Estamos listos para tratar de ser tan útiles como podamos”, declaró. El gobierno mexicano rechazó la intervención.
Michoacán ha tenido problemas históricos entre familias y caciques por la explotación de recursos naturales y control político. Su geografía agreste dificulta la sociabilidad y facilita el surgimiento de focos criminales o de insurrectos, donde impera una subcultura de las armas. Tanto la Federación como los gobiernos estatal y municipal han fallado en proveer servicios básicos, así como se ha atestiguado la corrupción gubernamental y la indiferencia o rechazo comunitario ante la posibilidad de participar en su propia mejoría.
El acuerdo con las autodefensas en Michoacán presenta a su vez varias dificultades, entre otras, la limitación de su alcance ( hay autodefensas que han rechazado o rechazarán adherirse a la Federación y unirse al ejército mexicano como Cuerpos de Defensa Rurales); el registro y pertenencia de armas de alto calibre que son de uso exclusivo del ejército y deberán (o no) ser permisibles para los miembros de dichos cuerpos; o la rendición de cuentas en relación a los recursos materiales o financieros que les sean otorgados, etcétera.
El problema de fondo se halla en el establecimiento de recursos de “emergencia” o de “excepción” que carecen de plazos explícitos y pasan por alto los poderes constituidos en Michoacán. Recientemente, el gobierno federal decidió hacerse cargo de la seguridad pública en el estado de México ante el acoso cada vez mayor del crimen organizado y la delincuencia común. ¿ Cuántas veces podrán emplearse tales recursos sin incurrir en la ineficacia y la ineficiencia? Lo demás es propaganda y simulación.
La nación mexicana persiste en medio de la adversidad a pesar del discurso triunfalista de sus gobernantes.