Prohibir, una respuesta siempre inútil
Drogas. El fracaso de las políticas antidrogas busca una alternativa en la despenalización del consumo.
De México a Irlanda, de Estados Unidos a Uruguay, de Portugal a Chile, de Suiza a Costa Rica, el rígido prohibicionismo es combatido cada vez con más fuerza por múltiples organizaciones, líderes políticos e intelectuales que, con una visión que oscila entre el respeto a los derechos individuales y el pragmatismo, advierten que el fracaso de las estrategias aplicadas durante décadas obliga a buscar nuevos enfoques y a entender que en el mundo seguirá habiendo drogas, que el reto pasa por regular la producción y venta y prevenir los riesgos del consumo sin dejar de combatir al narcotráfico. Y que el cambio urgente es descriminalizar al usuario y diferenciarlo del adicto, quien debe dejar de ser tratado como un delincuente porque en realidad es un enfermo.
“Debemos considerar alternativas a la criminalización y el encarcelamiento de gente que use drogas y enfocar los esfuerzos de justicia criminal en aquellos involucrados en la oferta”, insistió en junio pasado el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anticipando el debate mundial que habrá durante la Asamblea General sobre el problema de las drogas que se celebrará en abril próximo en Nueva York.
El ex presidente mexicano Ernesto Zedillo, fundador de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia junto con los ex presidentes de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y de Colombia, César Gaviria, ya ha advertido la urgencia de “sacar el tráfico de drogas de manos de la delincuencia organizada, es la única manera de deshacerse de los mercados negros donde los delincuentes obtienen inmensas cantidades de dinero”. Cardoso, en tanto, suele subrayar la necesidad de tratar a los usuarios de drogas como pacientes, garantizando sus derechos humanos. Contundente, Gaviria ha reiterado que “América Latina está cansada de prohibiciones que no han funcionado”.
Mario Vargas Llosa es uno de los intelectuales que promueve la legalización como “única solución para acabar con la criminalidad del narcotráfico”, posición a la que Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez adhirieron desde fines del siglo pasado. En esta discusión global, la marihuana lleva la delantera y ha logrado quebrar barreras que hasta hace pocos años parecían infranqueables, pero la difícil apuesta es que en el largo plazo se regulen todas las drogas consideradas ilegales.
Parece utópico, pero no menos que las poco realistas políticas sobre drogas que Estados Unidos impuso hace más de cuatro décadas. A principios de los 70, cuando Richard Nixon lanzó la llamada guerra contra el narcotráfico, Naciones Unidas estableció plazos para construir “un mundo libre de drogas”. Jamás pudo cumplirlos. En 1998, en una sesión especial de la ONU, algunos países latinoamericanos y europeos denunciaron el fracaso de esta guerra y propusieron realizar un informe internacional independiente que planteara otras alternativas. Estados Unidos y el Reino Unido se opusieron y Naciones Unidas se limitó a fijar el 2008 como plazo para que ya no hubiera drogas ilegales en el mundo. Una nueva meta imposible.
La cita sirvió para que más de 500 personalidades enviaran una carta pública al entonces secretario general Kofi Annan. “Creemos que la guerra global contra las drogas está causando más daño que el abuso de las drogas”, concluyeron premios Nobel, periodistas, profesores universitarios, parlamentarios, empresarios, médicos, criminólogos, diplomáticos, políticos, filósofos, presidentes, jueces y sacerdotes de 38 países, incluido Estados Unidos. Una década después, la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas realizó en Viena una nueva reunión que tampoco tuvo avances, pero en 2009, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia presentó un crudo informe para plantear un cambio de paradigma. El documento llevaba la firma de Cardoso, Gaviria, Zedillo y otras 17 personalidades como el colombiano Antanas Mockus, el mexicano Enrique Krauze, Vargas Llosa y Tomás Eloy Martínez.
Las críticas fueron previsibles. Se cuestionó que Zedillo, Cardoso y Gaviria presentaran un documento de tal magnitud cuando ya no tenían que asumir las consecuencias políticas porque eran ex presidentes. El año pasado, este grupo aumentó la apuesta y recomendó en un nuevo informe la despenalización del consumo y posesión de drogas a partir de una regulación responsable para terminar con la criminalización, la marginalización y la estigmatización de las personas que usan drogas pero que no hacen ningún daño a otros; asegurar diversos tratamientos, incluso los que utilizan heroína y que han sido exitosos en muchos países europeos y en Canadá; y respetar los derechos humanos de consumidores y de las personas que participan en las escalas más bajas de la cadena narco.
Hoy, la diferencia es que los promotores de la regulación son presidentes en activo, como José Mujica, quien a fines de 2013, cuando todavía le faltaban casi dos años para dejar el poder, logró que Uruguay se convirtiera en el primer país del mundo en legalizar la producción, consumo y venta de marihuana. “La marihuana es una plaga como el tabaco, y ninguna adicción, salvo la del amor, es recomendable, pero están ahí y hay que enfrentarlas”, asumió Mujica con espíritu práctico.
El camino no es fácil. Implica un cambio cultural inmenso, pero ya hay avances. Y algunos sorprenden. A principios de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de México abrió la puerta a la legalización del cultivo y consumo personal de marihuana. Fue un fallo trascendental porque México es productor a gran escala de la planta, y es uno de los países más afectados por la violencia que gene- ró la guerra contra el narcotráfico. En Colombia, el otro país emblemático de la región en materia de narco y drogas, el presidente Juan Manuel Santos firmó el 22 de diciembre el decreto que legaliza el cultivo y venta de marihuana con fines médicos y científicos, camino que sigue Chile. En Costa Rica, además de debatir la legalización, se puso en marcha un programa de reducción de daños con un radical cambio de enfoque que enmarca el consumo de drogas como un problema de salud, no criminal. Aunque no avanza hacia la legalización, Bolivia sí modificó la estrategia global de drogas al reducir la siembra ilegal de hoja de coca mediante acuerdos con los cocaleros que antes sólo veían cómo sus campos eran arrasados y ellos, empobrecidos. En Ecuador, a partir de un enfoque de derechos humanos inexistente a nivel internacional, se reformó la Constitución para descriminalizar a los consumidores. En Jamaica se aprobaron las leyes para el uso tradicional y medicinal de la marihuana y se eliminaron los antecedentes penales por delitos previos vinculados con esta droga. El nuevo gobierno de Canadá ya prometió la legalización. Y en Estados Unidos, el país que más drogas consume, la regulación de la marihuana ya rige en la capital y en 23 estados, en algunos de ellos incluso para uso recreativo. En plena campaña, Hillary Clinton, precandidata demócrata a la presidencia, propuso reducir la categoría de “peligrosidad” del cannabis.
Del otro lado del Atlántico, funcionarios de Irlanda anunciaron que se despenalizará la posesión de pequeñas dosis de marihuana, cocaína y heroína, y se abrirán salas de consumo bajo supervisión médica como las que ya operan desde hace años en Suecia, Holanda, España, Alemania, Noruega y Luxemburgo, aunque no en todos los casos a nivel nacional.
En otras regiones, el escenario no es nada alentador. La violación a los derechos de los consumidores se torna en situaciones extremas en Malasia, China, Egipto, Emiratos Arabes, Indonesia, Laos, Libia, Tailandia y Yemen, en donde los delitos relacionados con las drogas se castigan, directamente, con la pena de muerte. En Gambia basta poseer 250 gramos de heroína o cocaína para ser condenados a morir, y en Irán la posesión de metanfetaminas se sanciona con la pena capital, incluso para menores de edad.
La intensidad del debate aumentará en los próximos meses. En abril, Naciones Unidas realizará una Sesión Especial sobre drogas en Nueva York en la que, con la presencia de los jefes de Estado de los países miembros, se demostrará que el dique prohibicionista se ha resquebrajado.