Temblores que surgen de las minas bolivianas

ace poco más de un mes, Bolivia volvió a ser noticia a raíz del brutal asesinato del viceministro de gobierno Rodolfo Illanes, quien fue encontrado muerto el 26 de agosto, envuelto en una frazada. La autopsia reveló que Illanes, hombre muy cercano a Evo Morales, fue torturado durante horas, lo cual incluyó, según la fiscalía, caminar descalzo hacia un cerro y esquivar la dinamita que le lanzaron. La muerte del viceministro constituyó una represalia a la represión de la policía, que terminó con la vida de cuatro mineros cooperativistas, en el marco de una protesta social que durante semanas tuvo en vilo al país. Para muchos bolivianos el brutal episodio sólo fue una sorpresa a medias, pues no es la primera vez que la disputa extractivista se hace presente en sus territorios, sobre todo si hablamos de la minería controlada por las cooperativas.

Las cooperativas mineras cuentan con una larga historia en Bolivia, pero fue en el marco del neoliberalismo que estas se fueron multiplicando, como alternativa al desempleo. En 1985, el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro inició la reforma neoliberal con una frase dramática –“Bolivia se nos muere”– y procedió al cierre de las minas estatales y la “relocalización” de los mineros. Se trató no sólo del colapso de un modelo económico, sino también del quiebre de una narrativa identitaria, asociada a la COB (Confederación Obrera Boliviana).

Desde los 90 hasta la actualidad, las cooperativas mineras han venido funcionando en condiciones de precariedad extrema, muchas veces sin el equipamiento mínimo, con escasez de recursos y sin apoyo técnico. La inseguridad y la dureza del trabajo minero suelen cobrarse vidas regularmente: así, en 2009, solamente en Cerro Rico de Potosí, perdieron la vida 21 hombres, mientras que en 2010 había hasta tres accidentes mineros por semana, entre leves y graves, a causa del desprendimiento de rocas, contusiones letales o aspiración de gases tóxicos.

El neoliberalismo produjo así una transformación del sector cooperativista, que se distanció aún más de la narrativa clasista de los mineros estatales, y fue acentuando sus vetas más sectoriales. En la actualidad, muchas de estas asociaciones ni siquiera son cooperativas, sino empresas privadas encubiertas que subcontratan mano de obra, en condiciones de sobreexplotación, que incluyen extensas jornadas laborales (hasta 16 horas diarias), al tiempo que venden lo extraído a empresas transnacionales. Según el CEDIB (Centro de Documentación e Información de Bolivia) hay entre 100.000 y 120.000 mineros cooperativistas, pero un sector importante (entre el 40 y 50%) es subcontratado. Así, la realidad muestra la emergencia de un sector propietario enriquecido gracias a las condiciones de explotación y a los altos precios de los minerales durante el superciclo de los commodities. Luego del gas, la minería representa hoy la segunda riqueza en Bolivia con el 25% de las exportaciones, que incluyen estaño, zinc, plata, cobre y oro. Bonanza económica mediante, las cooperativas se incrementaron: pasaron de 500, en 2005, a 1600, en 2015.

Es bueno recordar que al comienzo de su gobierno Morales nombró como ministro de Minería a Walter Villarroel, proveniente del cooperativismo. Pero Villarroel debió renunciar luego de un violento enfrentamiento por el control del estaño, entre cooperativistas y mineros estatales en la localidad de Huanuni, cerca de Oruro, en octubre de 2006. A fuerza de dinamitazos que se lanzaron entre ambos bandos, aquella primera guerra extractivista por el estaño dejó un saldo de 12 muertos y más de 60 heridos.

En la actualidad, el sector cooperativista está nucleado en la Fencomin (Federación Nacional de Cooperativas Mineras), que cuenta con una enorme capacidad de presión y movilización. En una dinámica no exenta de tensiones –