La socióloga analiza el clima que sacude al gobierno de Morales luego del asesinato del viceministro Rodolfo Illanes. Violencia minera y extractivismo sin límites presionan al sistema político .
incluso hubo fuertes amenazas de la Fencomin hacia el gobierno, en 2014–, Evo Morales fue forjando una alianza estratégica con el sector, que implicó intercambio de beneficios económicos por apoyo político. No por casualidad los cooperativistas fueron el motor de la campaña por el referéndum realizado en febrero de 2016 que buscaba habilitar al binomio gobernante (MoralesGarcía Linera) para una cuarta elección y que culminó con el triunfo del “no” a la reforma constitucional (51,3%). Otra evidencia de esta alianza es que la Fencomin cuenta con siete legisladores nacionales, entre diputados y senadores, elegidos con la sigla del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS).
La nueva ley minera sancionada en 2014 terminó por empoderar aún más a los cooperativistas, consolidando lo que Marcos Gandarillas, director ejecutivo del CEDIB, llamó “un régimen de excepción en beneficio de este sector, que entre otros incluye una política laboral especial que niega los derechos laborales a los trabajadores de este sector”. Sin embargo, hace un par de meses el gobierno puso en jaque esta alianza cuando decidió modificar la ley del sector, y exigió la sindicalización y reconocimiento de derechos laborales en el marco de las cooperativas.
La respuesta de los cooperativistas fue una virtual declaración de guerra contra el gobierno, a través de un paro indefinido, el bloqueo a La Paz y un pliego con 24 demandas. Todo terminó el día 26 de agosto, con una feroz represión policial a los cooperativistas, en el momento en que el viceministro Illanes iba a negociar, y su posterior asesinato. En el medio de la consternación, Morales habló de “conspiración” y respondió no solo con el encarcelamiento de numerosos dirigentes, sino también con la firma de cinco decretos extraordinarios que incluyen la reversión de las áreas al Estado sobre las que se había suscripto contratos a riesgo compartido entre mineras cooperativistas y empresas privadas. Así, las nuevas medidas también apuntan a impedir la “desnacionalización” del sector, producto de los acuerdos entre cooperativistas y empresas transnacionales. Por último, prohibió la utilización de explosivos en las movilizaciones, y de paso, introdujo un problemático artículo que avanza, subrepticiamente, en la criminalización de la protesta social.
En suma, estamos ante una disputa extractivista: lo que está en juego, en un contexto de fuerte caída de precios internacionales de los minerales, es el control del excedente. De este modo, la confrontación entre cooperativistas y gobierno puede adquirir momentos de alta intensidad, en la lucha por la apropiación de minerales, por una mayor rentabilidad. Sin embargo, la disputa no es nada fácil, pues, cual aprendiz de brujo, el gobierno de Evo Morales se encuentra enfrentado a un modelo de corporativismo desmesurado, de tipo empresarial, que él mismo reforzó mediante privilegios económicos a cambio de apoyo político. Finalizado el período de rentabilidad extraordinaria, la conjunción de clientelismo político y violencia extractivista abre así a un nuevo panorama de conflictos en ese país.