Maltrato al disfrute colectivo

Tragedias como las del recital del Indio Solari en Olavarría, la de Cromañón de diciembre de 2004, en la que murieron 194 personas, la de la fiesta electrónica Time Warp en 2016 –entre otras–, seguramente motiven distintos y renovados abordajes sobre las pasiones y los ídolos nacionales. También sobre las alternativas para crear grupalidad y significar enlaces e interpelaciones musicales en las urbes contemporáneas. Sin embargo, en lo inmediato además del esclarecimiento de las muertes, se debe indagar el papel del Estado. No solo como garante de la vida sino también del derecho al ocio y el esparcimiento mediante las normativas de habilitación, los paquetes de políticas de prevención y reducción de daños y riesgos, y la regulación del sector privado en la organización de fiestas y locales. No hace falta ser un experto en el universo nocturno para darse cuenta de que las condiciones mínimas de seguridad siguen siendo una cuestión problemática en nuestro ejercicio del derecho al ocio y esparcimiento, atravesando clasificaciones por géneros/culturas musicales y sectores sociales. Como tampoco hay que ser un entendido para notar que los argumentos por los que se otorgan o deniegan permisos y habilitaciones municipales restauran distinciones en el encuentro entre sujetos, músicas, bailes y tecnologías que desconocen las circunstancias en que actualmente se producen, disfrutan y consumen muchas prácticas musicales y de baile social. Recordemos, por ejemplo, que para levantar la prohibición de la presentación de la banda alemana Kraftwerk (post Time Warp), se esgrimió un argumento que definía por la oposición: que el evento organizado “no era un evento bailable”, una suerte de fiesta electrónica no convencional. Infelizmente, los finales negros (y evitables) no le escapan al tridente música/baile, ocio y noche. Pero las fatalidades no son lo único para repudiar e inquietarse. Son lo primero y más urgente pero no lo único. En paralelo a las necesarias investigaciones judiciales, se multiplican las voces que atribuyen nuevas responsabilidades, condenas, cuestionamientos a pertenencias identitarias propias y ajenas, y querellas por códigos de comportamiento de los insiders frente a los de los recién llegados, advenedizos y zarpados.

Cada uno de estos relatos de personas consumidoras y productoras de músicas descubre y detalla series encadenadas de malos tratos, negligencias, abandonos, faltas de control y regulación, desconocimientos que no deberían naturalizarse. Implican la ausencia del Estado y naturalizar las molestias que los públicos en general soportamos en el tiempo destinado a divertirnos, compartir con otros, experimentar corporal y anímicamente.

Hay maltratos que se multiplican durante el disfrute: la incomodidad por el calor sofocante por falta de ventilación, la excesiva cantidad de público por la reventa de entradas, la ausencia de sectores para la recuperación y el descanso, los elevadísimos costos de las bebidas, la imposibilidad de acceso al agua (por falta de stock, porque es cortada o directamente no hay en los baños a pesar de lo que se haya aprendido y dispuesto luego de Time Warp), sanitarios tapados, las dificultades para los traslados hasta los predios, los vericuetos para la devolución de las entradas en caso de que se suspenda el show, la falta de atención sanitaria adecuada, las arbitrariedades y, muchas veces, golpes de los encargados de la seguridad (sean privados o no). Estas situaciones no provienen de adorar a algún pasado dorado o una juventud perdida.

En el caso de la noche dance, las iniciativas de cambio más interesantes relativas al derecho al ocio y al entretenimiento en un marco de seguridad y que cuestionan una de las últimas oleadas que demonizan a esta cultura de musical, comenzaron a gestarse hace unos meses y justamente desde dentro del ambiente. Djs, productores, gestores culturales y públicos no solo crean un espacio propio de trabajo, capacitación y desarrollo cultural (Asociación Civil de Música Electrónica) sino que también intervienen, discuten y difunden de manera activa datos sobre la reducción de daños en los consumos de sustancias psicotrópicas y luchan por defender derechos constitucionales como el derecho de reunión y al trabajo.

Finalmente, la atención del ocio y la diversión en el marco de la salud, la integridad y la seguridad de las personas reclama la consideración de las condiciones laborales en que los actores encargados de garantizar el cumplimiento de ese derecho desarrollan sus tareas. ¿Cómo y en qué condiciones trabajan los que nos cuidan mientras nos divertimos? Ante las controversias por la pertinencia, rigurosidad y utilidad de construir fenómenos socioculturales como los referidos en objetos de estudio cabe decir que las voces y análisis que circularon desde las ciencias sociales a propósito de lo sucedido en Olavarría –y no exclusivamente a partir de hechos así–, constituyen preciosos aportes para reponer la singularidad de los eventos que las políticas públicas deben reconocer para no ser ciegas y entonces ausentes en la regulación y dignificación de los espacios de ocio y diversión de la población.