Los costosos errores del combate al narco
El experto Juan G. Tokatlian brinda un panorama sombrío de la lucha contra las drogas en la región. Pero asegura: “No hubo un crecimiento desmedido en la Argentina”.
La realidad fisuró la utópica idea de una sociedad libre de drogas que la comunidad internacional se propuso durante décadas sin éxito alguno: la guerra contra el narcotráfico fracasó. Así de contundente es el sociólogo Juan Gabriel Tokatlian en Qué hacer con las drogas (Siglo XXI), su flamante libro que, desde la portada, establece una declaración de principios: “Una mirada progresista sobre un tema habitualmente abordado desde el oportunismo político y los intereses creados”.
Con información, datos y análisis que van desde los cien años de prohibicionismo hasta las nuevas políticas de drogas que recorren el mundo, el experto en política internacional, seguridad y narcotráfico ayuda a desarmar un discurso predominante que suele estar envuelto en prejuicios, desinformación, ignorancia, lugares comunes y desmesura. Frente a la demagogia punitiva y los argumentos prohibicionistas, Tokatlian demuestra que la multimillonaria y sangrienta guerra narco no terminó con la producción y el consumo de drogas, ni con las organizaciones criminales, y sí dejó una estela de víctimas casi sin voz en el debate público.
–¿Por qué si la evidencia que demuestra el fracaso de la guerra contra las drogas es tan abrumadora sigue predominando un discurso cargado de prejuicios?
–Hay varias razones. La primera es que el régimen internacional de drogas es longevo, está muy enraizado. Tiene 100 años, ha ido construyendo hábitos, políticas, prácticas, lugares comunes. Se instauró en un contexto en donde la mayoría de los países firmantes de protocolos no eran democracias. Hay una impronta de origen que hace muy difícil cambiar las políticas. En los años 70 y 80 se vio que la demagogia punitiva daba dividendos político electorales. Cuanto más duro se prometía ser contra las drogas, había votos de una sociedad alarmada por altos niveles de abuso, pero ahora hay sociedades frustradas, fatigadas por gobiernos que están en el límite del combate contra las drogas. –Esa fatiga social no se ve en la Argentina. Uno de los discursos centrales del gobierno es derrotar al narcotráfico, una meta inalcanzable.
–Eso tiene que ver con un elemento que, si bien no es tan masivo aquí, sí está presente. Los países prohibicionistas han creado burocracias monumentales: fuerzas de seguridad, ministerios… son burocracias adictas a la guerra contra las drogas. Desmantelar esto es necesario pero difícil. En la Argentina, la última elección presidencial probó que, a diferencia de otros países de América Latina, hablar de drogas sí daba rédito político. La argumentación punitiva fue in crescendo. –En el libro dice que, a pesar de que las estadísticas en la Argentina son deficientes, alcanzan para hacer un análisis y diseñar políticas alternativas de drogas.
–Se pueden esbozar los contornos de lo que podría ser un buen diagnóstico. Los datos que tenemos nos dan pistas pero hay un discurso que se ha extendido en muchos sectores políticos sobre la dimensión exagerada que se le ha dado al problema aquí. Es usual decir que este país es uno de los grandes exportadores de cocaína, pero no es así; o que el consumo de drogas creció exponencialmente. Los escasos datos que tenemos no abonan la idea de un crecimiento desmedido. -¿Por qué entonces la insistencia de muchos políticos y algunos medios en darle a este país un papel central en el mercado global del narcotráfico? –Eso no se sostiene en la evidencia. No olvidemos que ha habido un uso político de la guerra contra las drogas, pero aquí no logra un apoyo masivo, decisivo, y eso tiene que ver con otras tradiciones, por ejemplo la defensa de los derechos humanos, la cohesión social que hay en la Argentina, la existencia de voces intelectuales que impugnan esta lógica, la proliferación de ONG que en materia de drogas son mucho más sensibles y no avalan políticas de cruzada.
–¿Cómo interpreta la lucha de las “madres cannábicas” (impulsoras del cultivo con fines curativos) que en 2016 introdujeron en la agenda el debate de la marihuana medicinal y lograron la legalización?
–Era impensable si lo tomamos como fenómeno aislado y sorprendente, pero cuando uno va para atrás, en el segundo mandato de Cristina Kirchner hubo varias propuestas a nivel legislativo, había antecedentes. Uruguay legalizó completamente la marihuana y no estamos viendo que ese proceso, que ahora empieza a tomar su curso, haya generado un desbordamiento. Ya no es un tema tabú, improcedente. El Poder Ejecutivo no tenía mucho qué ganar si vetaba o impugnaba avances que no son la panacea, pero que desactivan de a poco los lugares comunes de la guerra contra las drogas.
–Pareciera que debates públicos como el de la marihuana medicinal ayudan a desarmar mitos y prejuicios sobre las drogas ilegales.
–Así es. Lo estamos viendo mundialmente. La voluntad social, e incluso gubernamental, de experimentar políticas siempre ha empezado por la marihuana, nunca
por otras sustancias. Hay un eco de los grandes debates que se están dando en la región. Se entiende que hoy hay una sociedad más madura para discutir, debatir y consensuar políticas, al menos en el caso de la marihuana.
–¿Por qué entonces el gobierno mantiene un enfoque punitivo, un lenguaje bélico?
–El gobierno ha sido maximalista en términos de su propuesta. El plan Argentina sin Narcotráfico (2016) no era novedoso respecto de lo que se hacía en los 90. Tenía planteamientos muy genéricos, con lo cual no sólo hay un cierto voluntarismo sino un problema muy grave. Hay promesas, expectativas, políticas genéricas, pero no se pueden ver resultados efectivos, con lo cual tendremos más de lo mismo. –Durante décadas se aplicó una receta única para combatir el narcotráfico y ahora muchos países diseñan sus propias políticas alternativas. ¿Sirven las estrategias diferenciadas?
–El recetario de la guerra contra las drogas ha sido identificado, desde México hasta la Argentina, con el desmantelamiento de grandes bandas, la erradicación forzosa de cultivos, la criminalización de diferentes fases del negocio y la incorporación de las fuerzas armadas, pero si un país cuenta con cultivos ilícitos, obviamente su política debe ser específica en ese tema. Si en otro caso, como el argentino, no hay cultivos pero históricamente se dice que hay cuentas por 300 millones de dólares en el exterior, el control financiero debiera ser el referente de una política sólida para evitar el lavado de dinero. Hay países en donde el control de precursores químicos debería ser más importante. El recetario único no funcionó.
–La mayoría de los países siguen gastando mucho más en el combate a la producción, a la oferta de drogas. ¿Por qué nunca se ha priorizado la prevención del consumo?
–Europa reconoció hace mucho tiempo, y Estados Unidos de manera tardía, la importancia de incrementar recursos públicos para la prevención, para reducir la demanda. Todos los estudios que se conocen demuestran que es más efectivo en términos de costos y de resultados. América Latina podría tener una política compartida de reducción de la demanda, pero los países son muy disímiles. Siempre gana la lucha contra la oferta. La Argentina podría hacer un aporte alternativo y colocar en la agenda regional una mayor atención a reducir la demanda, buscar socios en la región, cambiar su propia estructura presupuestaria en la lucha contra las drogas. Podría volverse un caso testigo, interesante, pero no lo hace.
–¿Por qué se habla tan poco de las víctimas de la guerra contra el narco? –Deberían ser el foco de mayor atención. Son el eslabón más débil, pero no tienen voz social. Son las mujeres que sirven de “mulas”, los pobres urbanos, los campesinos productores con sus campos fumigados. No son actores con un peso que fije agenda. Los actores más relevantes tienden a ser los poderosos, las clases medias urbanas. La guerra está planteada como una cruzada para salvaguardar a las personas, pero en el fondo las vulnera más, las maltrata más, las pone más en riesgo. La alternativa al prohibicionismo debe mostrarse éticamente sólida y una manera es ser sensible frente a los daños
que se causan en la sociedad.
–El ejemplo más grave ahora de esa indiferencia es México, en donde la guerra al narco ya dejó más de 100 mil muertos y 30 mil desaparecidos. ¿Cómo se explica la falta de solidaridad de la región en torno a esta tragedia? –Hay una perversidad tácita en la guerra contra las drogas basada en la idea de que “es un problema del otro, no mi problema, no quiero estar en el foco de la atención internacional y menos de Washington”. Otra perversidad es que si se estudian los efectos de la guerra se tienen que analizar las violaciones a los derechos humanos, por lo tanto siempre es más fácil cuestionar a Venezuela que preocuparse por la situación de mexicanos que han sido afectados seriamente. El tercer tipo de perversidad es que los países especulan con lo que van a obtener a cambio si se muestran más sensibles a determinados casos. ¿Mayor asistencia internacional, mayor ayuda de EE.UU.? Para casos periféricos como la Argentina nunca va a haber un grado de recursos como los que se colocaron en el Plan Colombia o el Plan Mérida, que tampoco ayudaron a nada. La guerra contra las drogas hace que los casos con más alarma no aparezcan referenciados. Es interesante cómo, durante la visita del presidente Enrique Peña Nieto a la Argentina, casi ni se habló del tema, como si México fuera un oasis de paz.
–En el debate tampoco se citan las experiencias positivas como el caso de Portugal (hace 15 años descriminalizó la posesión de drogas ilícitas).
–Los buenos ejemplos internacionales escasamente son citados pero, en el caso argentino, la cercanía y el conocimiento que hay sobre Uruguay va a ser muy importante. Si la legalización de la marihuana avanza positivamente, ese ejemplo va a ser mucho más significativo que ningún otro, no importa lo que pase en Colorado o Washington. Eso todavía se ve lejos.