Los papeles de la memoria reciente
A principios de 2017 una alarma se encendió en el mundo de los historiadores y los archivistas; se expandió por las ciencias sociales y se trasladó a la sociedad toda. Ocurría que una resolución administrativa del Ministerio de Modernización de la Nación (44/16) y un edicto del Archivo General del Poder Judicial nacional ponía en marcha un proceso de digitalización de expedientes y documentos y en consecuencia autorizaba la “despapelización” (destrucción) de materiales producidos por los organismos del Poder Ejecutivo y la Justicia. Una vez que se vencieran los plazos de archivo en cada repartición, la autorización para “depurar” los archivos en papel quedaría a cargo de funcionarios con rango de director general o nacional.
Esta situación provocó el armado de un petitorio de diez mil firmas para exigir el “resguardo del patrimonio histórico nacional”. Ese listado incluía nombres clave de la historia y las ciencias sociales como Hilda Sabato, José Carlos Chiaramonte, Lila Caimari, José Emilio Burucúa, Horacio Tarcus, Susana Bandieri, Norberto Galasso, Noemí Girbal, Juan Suriano, Gabriel Di Meglio, Federico Lorenz, instituciones como el Consejo Directivo del Instituto de Historia “Dr. Emilio Ravignani” y la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe.
El proceso de destrucción que habilitaba la resolución 44/16 no se puso en marcha en este ámbito pero sí lo hizo en el ámbito judicial, donde se comenzaron a destruir expe- dientes judiciales correspondientes a juzgados nacionales de primera instancia de instrucción que corresponde al período 1942-1982. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas también pidió que se conservaran expedientes. La información que pudieran contener los legajos abiertos entre 1972 y 1983 puede resultar relevante para la investigación de crímenes del terrorismo de Estado.
El Archivo General de la Nación resguarda unos 16 kilómetros de expedientes, documentos y papeles administrativos. Se calcula que en el Poder Ejecutivo podrían existir más de 80 kilómetros. Todo este material debería ir al AGN que no puede recibirlo, por falta de capacidad de almacenamiento y de catalogación.
Fuentes del Ministerio de Modernización le dijeron a Clarín en marzo que, junto con el AGN, se estaba estudiando una corrección de la resolución 44/16. Del mismo modo se planteó la necesidad de conformar un grupo de trabajo para definir cómo manejar ese pasado documental. Subrayaron que no existe “intención de destruir nada, sino de agilizar la gestión pública”.
En el debate también se puso en evidencia la vetustez de los soportes informáticos en los que se archivan los materiales. El decreto 1131/16 del presidente Mauricio Macri preveía que, cualquiera fuera el soporte de archivo, los documentos digitalizados deben tener un resguardo y ser accesibles para su consulta pública.